Hace tres años estalló el escándalo de los Petroaudios, con consecuencias políticas para los apristas y cárcel para los chuponeadores, mientras un implicado en el caso de corrupción viola su arresto domiciliario.
Sin embargo, un punto en el que no se ha incidido lo suficiente es en la otra revelación significativa de este caso. Quedó al desnudo la forma como algunos empresarios – remarco, algunos – hacen sus negocios en nuestro país: uso de gestores de intereses no inscritos, empleo de periodistas con intereses en consultoras de imagen, reuniones de funcionarios estatales fuera de oficina y sin agenda conocida, así como el espionaje industrial al competidor de turno.
En las últimas semanas, algunos actos nos indican que no hemos comprendido bien todas las dimensiones de esta forma de hacer negocios y cómo algunos funcionarios públicos confunden los intereses privados de determinadas personas y empresas con políticas de Estado.
La mayoría de los congresistas denunciados en estas semanas ante la Comisión de Ética comparten un destino común: se trata de personajes con éxito económico en su región y/o defensores de prácticas ilegales con impacto en su zona de origen. Como señaló Mirko Lauer en una reciente columna, estos personajes buscan llegar al Congreso por tres motivos: inmunidad parlamentaria, mejores oportunidades de negocio y alcanzar un status respetable. Todo ello con la anuencia de un sistema electoral complaciente y partidos políticos que otorgan puestos en la lista a cambio de aportes económicos.
Lo ocurrido con Omar Chehade va en camino similar. Las versiones brindadas por él sobre la célebre cena en el Brujas de Cachiche terminan confundiendo intereses privados con asuntos públicos dado que, según el vicepresidente, el ágape se produjo como agradecimiento a un alto mando policial que lo apoyó en su seguridad personal vía un telefonazo, así como para tratar un caso en el que la víctima era conocido suyo. Y si se termina comprobando la versión de IDL-Reporteros, la cosa puede ser peor: posible incidencia en un caso judicial sobre una empresa azucarera codiciada. Mientras tanto, el grupo Wong hace mutis y pierde en prestigio.
Es cierto que los actos de corrupción o de faltas a la ética pública pueden suscitarse en cualquier gobierno. Sin embargo, la diferencia está en la forma como se enfrentan. Y Humala, luego de evaluar toda la situación, pero más temprano que tarde, deberá decir algo que vaya más allá de un tuit.
José
Godoy