PUTIS

Columnistas | 08-12-2011 | José Godoy

Si el coche bomba en la calle Tarata (1992) y la masacre de Lucanamarca (1983) se encuentran entre los peores actos criminales cometidos por los miembros de Sendero Luminoso (y ordenados, no lo olvidemos, por Abimael Guzmán), la matanza de Putis (provincia de Huanta, región Ayacucho), ocurrida exactamente hace 27 años, es uno de los sucesos más crueles cometidos por agentes del Estado durante las dos últimas décadas del siglo XX.

¿Qué ocurrió exactamente? En diciembre de 1984, miembros de la base militar instalada en la zona ordenaron a los miembros de la comunidad de Putis que cavaran una fosa para la instalación de una piscigranja y la construcción de algunas viviendas. Posteriormente los mataron y les dieron sepultura en la fosa que ellos mismos cavaron. Las cifras más conservadoras hablan de 123 víctimas, entre hombres, mujeres y niños. En agosto de 2009, 92 cuerpos fueron entregados a sus familiares para darles sepultura definitiva.

Esta semana se conoció que el Ministerio Público ha denunciado a cuatro oficiales del Ejército Peruano como autores mediatos de la matanza. En este caso, dado a conocer originalmente por el periodista Edmundo Cruz en 2001 y recogido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la investigación fiscal no ha podido establecer a quiénes corresponden los sobrenombres de los presuntos autores directos. En parte ello se debe a que el Ministerio de Defensa niega sistemáticamente la información que permita identificar a estas personas. Situación que continúa con el ministro Mora.

Incluso periodistas que no han sido precisamente proclives a defender casos de derechos humanos, como Aldo Mariátegui, han señalado en años anteriores que lo ocurrido en Putis llega a niveles de atrocidad que ameritan una investigación y sanción en serio.

Lo que ocurre con el caso Putis es lo que pasa con cientos de procesos judiciales en nuestro país sobre derechos humanos. Las investigaciones son lentas, los magistrados en primera instancia no valoran adecuadamente las pruebas y las sentencias absolutorias son finalmente anuladas por la Corte Suprema porque no se trabajó adecuadamente el tema probatorio.

Esta situación no permite que las Fuerzas Armadas puedan diferenciar entre sus héroes y quienes merecen sanción y que las víctimas no puedan cerrar aún su tiempo de duelo ni alcanzar justicia. Un drama que, por lo general, solo se recuerda en los aniversarios de la entrega del Informe Final de la CVR o en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos.