Hace 10 años, el Poder Judicial y el Ministerio Público dieron un paso importante al crear el subsistema judicial anticorrupción, pensado para el procesamiento de los crímenes cometidos por la organización Fujimori – Montesinos. Tiempo suficiente para hacer un balance de sus aportes y problemas.
El subsistema ha sido capaz de establecer sanciones altas – dentro de lo que el Código Penal permite – a quienes cometieron graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos durante la década de 1990. Recordemos que las personas procesadas y sentenciadas – comenzando por los jefes de la organización criminal – concentraron una gran cantidad de poder durante una década.
A la voluntad del Poder Judicial y del Ministerio Público por llevar adelante estos procesos, se sumó el impulso que la Procuraduría Ad Hoc brindó durante varios años a estos casos, hasta que, durante este gobierno, fuera fuertemente debilitada.
Asimismo, los procesos se desarrollaron con respeto a las garantías del debido proceso. Sin embargo, en los últimos tiempos, debido a diversos factores, varios procesos se dilataron más de lo debido, lo que es un defecto a corregir no solo en el subsistema anticorrupción, sino en todo el Poder Judicial.
Sin embargo, hay dos grupos de conductas que no fueron adecuadamente procesadas por el subsistema. El primero de ellos tiene que ver con los denominados “delitos económicos y financieros” denunciados desde el Congreso de la República, vinculados a privatizaciones y concesiones, pero cuyo destino final ha sido la lentitud en los procesos, la falta de información sobre los mismos, o su simple olvido.
El segundo de ellos tiene que ver con el narcotráfico. Ayer el diario La República denunció que Vladimiro Montesinos no había podido ser condenado por este delito debido a actuaciones bastante cuestionables de los miembros del subsistema, tanto en lo que se refiere a la valoración de las pruebas como a la investigación en sí misma.
El subsistema tendrá que enfrentar, además de los procesos aún pendientes, los actos de corrupción producidos durante esta década, en particular los referidos a este gobierno. Ya se anunció que el caso de los Petroaudios será visto por una de las salas anticorrupción, lo que requerirá un adecuado manejo de pruebas, tiempo y publicidad que otrora exhibió esta sección del Poder Judicial.
Sirva este balance para que las nuevas autoridades del Poder Judicial refuercen este mecanismo, vital para luchar contra el problema más importante para los peruanos.
José
Godoy