A dos años de los "petroaudios"

Columnistas | 07-10-2010 | José Godoy

A dos años de los "petroaudios"

Hace dos años se dieron a conocer los primeros "Petroaudios", conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente en las que se dieron a conocer presuntos actos de corrupción y conflictos de intereses, vinculados inicialmente a la licitación de lotes petroleros y, posteriormente, a varios negocios de un grupo de empresarios con el Estado peruano.

Asimismo, la difusión de los audios y la posterior captura de los responsables de la interceptación telefónica, permitió conocer la forma en como algunas empresas privadas de seguridad han venido prestando servicios ilegales. Hasta el momento, no se ha querido investigar a las personas o compañías que encargaron realizar estas actividades, tanto durante este gobierno, como en la campaña electoral de 2006 o en periodos anteriores.

Sin embargo, y a pesar de su impacto político - traducido en la caída de un gabinete y la reducción de posibilidades políticas a futuro de varios de los implicados-, en términos judiciales, las investigaciones se han encontrado entrampadas, tanto por la poca vocación por encontrar la verdad en este caso, así como por la sustracción de pruebas. Esto afecta tanto a la sociedad que desea justicia, como a procesados que quieren aclarar su situación legal.

De otro lado, diversos medios de comunicación intentaron minimizar este caso, al pretender convertirlo en un tema de "conversaciones entre dos sinvergüenzas". Peor aún, algunos periodistas se prestaron a campañas abiertas de difamación y mentiras en contra de los colegas que indagaron más en las pistas dejadas por los audios y otros documentos encontrados. Ello fue parte de una operación de encubrimiento del caso.

Finalmente, el problema de fondo que revelaron estas conversaciones no ha sido resuelto. Los "Petroaudios" permitieron conocer la forma como se vienen realizando algunos negocios en el Perú. Pudimos conocer a plenitud el uso de lobista que no se encuentran inscritos en el registro existente, la utilización de medios de comunicación para hacer pasar como comentario aquello que termina en una factura por "comunicación institucional", las reuniones de funcionarios estatales con empresarios fuera de oficina y sin agenda conocida, así como el espionaje industrial al competidor de turno.

Quedará en manos de funcionarios estatales competentes y honestos, así como de empresarios con una visión transparente de los negocios, la abolición de estas prácticas. La justicia, sin embargo, parece que esperará hasta el 28 de julio de 2011.