Soy católico e intento vivir de acuerdo con mi fe. Y cada octubre acudo a la procesión del Señor de los Milagros, tanto por tradición como por la devoción a dicha representación de Dios. Es una opción estrictamente personal, en la que el Estado no debe tener interferencia alguna.
Pero esta semana, el gobierno se quiso subir al anda como un vehículo para subir su popularidad. En plena procesión, el Presidente de la República promulgó la Ley N° 29602, que consagra al Señor de los Milagros como “Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica de la República del Perú”.
La Ley es discutible desde el punto de vista jurídico. La Constitución garantiza la libertad de culto y, si bien reconoce el papel de la Iglesia Católica en la formación histórica del Perú, también prohíbe los tratos desiguales. Por tanto, no se ha respetado a los creyentes en otras religiones como a quienes no profesan fe alguna.
Los apristas -promotores de la norma- también olvidaron que su líder se opuso a una maniobra similar de Leguía en 1923, confirmando que han mandado a Haya al museo.
Como era de esperarse, la promulgación de la norma ha desatado las protestas de un sector de las iglesias evangélicas, con quienes el APRA tradicionalmente ha mantenido una buena relación. El Presidente había acudido en estos años a las ceremonias organizadas por estas confesiones para Fiestas Patrias.
Esta Ley es también debatible en sus fundamentos. Según se ve en las respectivas exposiciones de motivos de las iniciativas que la formaron, los argumentos centrales son el reconocimiento de una tradición religiosa y la promoción del turismo. Para lo último solo bastaba una política de mayor promoción internacional por parte de Prom Perú. Lo primero solo corresponde a quienes profesamos la fe católica.
Todo ello se produce en un contexto en el que las relaciones del Presidente con el sector más conservador de la Iglesia Católica han sido bastante fluidas, cuestión contraria a la ocurrida con sacerdotes opuestos a las posiciones presidenciales sobre derechos humanos y el manejo de la relación con las comunidades indígenas. Lo mejor para la Presidencia como para la Iglesia es mantener una relación respetuosa pero distante.
Aprovechar una legítima manifestación religiosa para subir puntos en las encuestas no solo es inútil, sino que termina siendo insultante, tanto para creyentes como para quienes no lo son.
José
Godoy