Los derechos humanos son indispensables para la convivencia en democracia. De allí que resulte importante conocer las posturas de partidos y candidatos sobre el respeto de las libertades fundamentales en el país.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos planteó una agenda prioritaria de 11 puntos sobre la materia, con especial incidencia en el procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos ocurridas en las décadas de 1980 y 1990, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, las reparaciones a las víctimas de la violencia y el reimpulso del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), principal instrumento de política pública en estos temas.
Al revisar los planes de gobierno, tanto Perú Posible, Gana Perú y Fuerza Social – antes de la renuncia de su plancha presidencial – son los grupos que se acercan más a esta agenda, incidiendo en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los derechos indígenas. El PNDH no ha sido mencionado en los planes de Toledo y Humala.
Estas tres agrupaciones fueron las mismas que suscribieron, hace algunas semanas, el Acta por la Justicia y la Vida, documento impulsado por dos organizaciones de víctimas civiles, policiales y militares del conflicto armado interno, con la colaboración del IDEHPUCP. Esta acta compromete a los partidos suscritos a continuar con la implementación del Plan Integral de Reparaciones, la construcción del Lugar de la Memoria y los procesos por violaciones de derechos humanos.
Sorprende que Alianza por el Gran Cambio no haya hecho propuestas sobre el particular en su plan ni haya suscrito el acta antes mencionada. Esto resulta llamativo por algunas de las personas que participan en esta confluencia: Humberto Lay(ex miembro de la CVR) Yehude Simon(indultado en 2001) y Marisol Pérez Tello(docente del curso de Derechos Humanos en una conocida universidad).
En relación con el fujimorismo, algunos gestos han dejado en claro su posición. Los candidatos al Congreso Martha Chávez y Víctor Robles Sosa se han manifestado a favor de una amnistía, y el actual parlamentario Rolando Souza ha puesto el grito en el cielo ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reafirmó la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1097 –la amnistía encubierta impulsada por Rafael Rey, miembro de la plancha– y que ratificó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
¿Y Castañeda? Como en otras materias, el silencio es su respuesta.
José
Godoy