El programa social Pensión 65, que se inició el pasado 5 de enero, fue creado por este gobierno para apoyar económicamente a los adultos mayores que viven en situación de extrema pobreza en distintas regiones del país, con la entrega de 250 soles mensuales. No obstante, en la provincia de Huanta, Ayacucho, se han detectado irregularidades en los pagos, ya que algunas personas que no califican como pobres extremos están recibiendo la pensión.
La supervisión desarrollada por la Oficina Defensorial en Huanta, en la Unidad Local de Focalización (ULF) de la Municipalidad Provincial, permitió constatar que algunas personas registradas para obtener la Pensión 65 poseen recursos económicos por dedicarse al rubro del comercio o reciben una pensión de jubilación que les permite afrontar sus necesidades. Por ende, al no tratarse de pobres extremos, no deberían calificar en el programa.
“Hemos recomendado a la Coordinación Nacional (del programa) que tome en cuenta esta situación que se ha dado en Huanta, para que fiscalice de forma mucho más rigurosa el padrón de beneficiarios que ya existe”, señaló Eugenia Fernán-Zegarra, la Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.
No obstante, La funcionaria considera que no basta únicamente con la fiscalización para evitar estos inconvenientes. Recomendó a la Coordinadora del Programa Nacional de Asistencia Pensión 65, Norma Vidal Añaños, que se establezcan canales de denuncia para que las personas de la sociedad civil puedan presentar denuncias en casos de irregularidades.
“Le sugerimos a la señora Vidal Añaños que publique el padrón de beneficiarios y lo difunda, porque es importante que la sociedad civil pueda formar parte de la vigilancia”, indicó Fernán-Zegarra.
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