02 de Septiembre del 2014 - Lima PE
Mayo 15, 2012

DIEZ MEDIDAS para combatir la corrupción

DIEZ MEDIDAS para combatir la corrupción

El irresuelto y complejo problema de la corrupción judicial ha saltado de nuevo a la luz a raíz del proyecto de Ley de facultades extraordinarias (Nº 424/2011-PJ) presentado por el Poder Judicial ante el Congreso. Iniciativa que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y está listo para ser debatido en el pleno del Congreso.

 

Si bien la propuesta legislativa cuenta con el apoyo de casi la totalidad de magistrados de la Corte Suprema, desde la judicatura se han levantado algunas voces criticando el fundamento de este proyecto que sostiene la existencia de redes de corrupción dentro del Poder Judicial, argumentando que esta situación no es tal, y que si bien existen casos de acciones ilícitas o “errores”, estos son aislados.

 

Consideramos esta actitud poco saludable, habida cuenta que en diversos diagnósticos, varios realizados a iniciativas del propio Poder Judicial, se ha resaltado la grave problemática de la corrupción en la judicatura.

 

IDL-Justicia Viva, desde el inicio de sus actividades ha considerado la lucha contra la corrupción como un tema trascendental y colabora, vigila y observa el desarrollo de las políticas públicas en torno al mismo con especial interés. Dentro de este rubro el problema de falta de independencia e imparcialidad de la judicatura por el avance de la corrupción es un eje al que hemos tomado especial atención, en tanto el trabajo independiente e imparcial del sistema judicial, sus resoluciones y sentencias, guardan especial relevancia para la concretización y consolidación de los derechos fundamentales en cualquier estado.

 

En la actualidad el nivel de confianza de la ciudadanía en la judicatura es bastante reducido, un 71% de la población desaprueba la labor del sistema de justicia peruanos, y si bien esta es una cifra que ha disminuido en los últimos años, la sensación de falta de independencia e imparcialidad en los órganos de justicia, producto de mala legislación y, principalmente, por los escándalos de corrupción, es el sentimiento predominante en el imaginario de la población peruana.

 

Debido a ello es que si bien consideramos que el proyecto de facultades extraordinarias es una iniciativa positiva, la misma debe enmarcarse dentro de un conjunto de medidas que sirvan para mejorar la lucha contra la corrupción, pues una única modificación no servirá si no viene acompañada de otras reformas orgánicas que signifiquen un esfuerzo serio y exhaustivo de luchar contra la corrupción judicial. Por ello, desde Justicia Viva ponemos en agenda un conjunto de propuestas de carácter preventivo, que en diversos momentos fueron expuestas, y que ahora, con esta nueva actitud de las autoridades judiciales, creemos que pueden llegar a buen puerto, dado que para su implementación no se necesita la intervención de otros poderes del Estado como el Poder Legislativo o el Ejecutivo.

 

PROPUESTA: DIEZ MEDIDAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

1) En primer lugar creemos que se deben actualizar los diagnósticos sobre el estado de la corrupción dentro de la judicatura a fin de conocer específicamente cuáles son los problemas más graves que en materia de corrupción atraviesa el Poder Judicial. Por ello este órgano debe contar con una Unidad especializada y multidisciplinaria de análisis de la corrupción. Esta propuesta identificada por diversos especialistas necesita componentes especiales que la misma debiera promover. Por ejemplo, el encuentro de al menos cuatro especialidades: estadistas (base de datos y cruces de datos: patrimoniales, funcionales, etc.), conocimientos en derecho penal y administrativo sancionador (para promover, por ejemplo, reformas de la normatividad que pueda hacerle frente a las redes y su sanción), conocimientos en el estudio sociológico de identificación de patrones de redes (enfoque científico) y actividad de inteligencia (para seguimiento de relaciones extraprocesales que incidan en los procesos judiciales, fiscales, administrativos). La elección de sus integrantes debe ser excepcional (respecto de los méritos, trayectoria, efectividad reconocida en el ámbito público o privado, etc.).

 

2) Se debe crear una Comisión Especial de lucha contra la corrupción, integrada por las diversas instancias judiciales: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, los Colegios de Abogados, a fin que establezcan políticas coordinadas de lucha contra la corrupción, pues de lo esgrimido en los diversos diagnósticos es evidente que existen redes de corrupción que sobrepasan a la judicatura y llegan a otras instituciones.

 

3) Ante la multiplicidad de órganos se debe tender a la concentración de las responsabilidades de control disciplinario. Actualmente, en la lucha contra la corrupción, mediante el control interno de magistrados, participan una multiplicidad de órganos: Consejo Nacional de la Magistratura, OCMA, ODECMAs, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Sala Plena de la Corte Suprema, Presidente del Poder Judicial y Consejo Nacional de la Magistratura. Esta multiplicidad es nociva, por lo que coincidimos con el Informe 109 de la Defensoría del Pueblo cuando recomienda que mientras no se realice el tránsito hacia un control externo, el Poder Judicial debe concentrar el control disciplinario en menos órganos de control para evitar un procedimiento engorroso y que los diversos órganos entorpezcan la efectividad de la lucha contra la corrupción judicial.

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