20 de Abril del 2014 - Lima PE
Junio 6, 2012

Dictan condena arbitraria contra director de diario16

Dictan condena arbitraria contra director de diario16

Aunque no hubo cárcel efectiva en la sentencia contra el director de este diario, Juan Carlos Tafur, y el periodista Roberto More, esta decisión se convierte en un caso emblemático de cómo la justicia puede representar una amenaza a la libertad de prensa. Al término de la lectura de sentencia, Tafur calificó la misma de “cantinflesca” y su abogado, Carlos Rivera, la consideró “arbitraria e injusta” porque no ofrece ningún argumento real.

 

El juez del 12º Juzgado Penal de Lima, José Rolando Chávez Hernández, condenó a Tafur y a More a dos años de prisión suspendida y al pago de S/.60 mil soles cada uno, por la presunta comisión del delito de “difamación agravada” en perjuicio del general PNP en retiro Antonio Ketín Vidal.

 

El presunto agravio se habría producido con la publicación de la nota titulada “Policía vincula a Ketín Vidal con los Sánchez Paredes”, en enero del 2011. “No tengo duda de que el juzgado actuó como un instrumento de Vidal. No hay fundamento fáctico ni jurídico que sostenga la condena. Es un fallo abusivo, y un pésimo mensaje a la libertad de prensa. La intención inicial del juez era enviarlos a prisión”, indicó Rivera, quien ya apeló el fallo.

 

…GRAVES RIESGOS

El también abogado del IDL señaló que uno de los puntos más graves de la sentencia es cuando se sostiene que el daño al honor de Vidal se produce porque la información se publicó en época electoral, sin explicar a qué se refiere con eso.

 

“Se insinúa que quizá Vidal, debido a la publicación, perdió alguna posibilidad de integrar una plancha presidencial o un puesto al Congreso. ¿Entonces nadie podrá publicar nada sobre algún personaje público en elecciones? Eso es descabellado”, expresó. Otro punto riesgoso para la libertad de prensa, añade Rivera, es cuando se indica que los periodistas no corroboraron fehacientemente la información publicada, la cual se basó en una información de la Unidad de Inteligencia de la Policía.

 

La sentencia especifica que el documento en el cual se basó la publicación debió tener el sello y firma de quien lo redactó, con lo cual –añade- la información publicada sí sería verídica y tendría el amparo constitucional. Es decir, el juez quería que los periodistas revelaran el nombre del efectivo policial que elaboró el “informe de inteligencia” y quién era la fuente periodística.

 

“El objetivo principal de todo este caso es el interés de Vidal por saber quién entregó esa información. El periodista no solo está protegido para no revelar su fuente, sino que todos saben que las informaciones de inteligencia no siempre se basan en documentos obtenidos como de un despacho ministerial”, indicó. More contó, en la sede judicial, que en su declaración durante el proceso se le preguntó insistentemente por su fuente. “Querían saber quién me había dado el documento”, remarcó. …

 

JUICIO IRREGULAR

A todo esto se suma la serie de irregularidades ocurridas durante el proceso, la principal de las cuales es el hecho de que el juez Chávez Hernández no permitió el alegato de la defensa de los periodistas.

 

Esta tremenda irregularidad obligó al abogado de Tafur y More llevar el caso a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), donde ya en primera instancia de un proceso administrativo disciplinario se consideró que se afectaron sus derechos constitucionales y, por ello, se recomendó sancionar al juez Chávez Hernández con el descuento del 10% de su sueldo por “inconducta funcional”.

 

Según Rivera, si se confirma esta primera decisión del órgano anticorrupción del Poder Judicial (en dos semanas como máximo), podría ser determinante para el caso, cuando llegue a segunda instancia, pues “quedaría acreditado que la sentencia fue fruto de un proceso irregular”.

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