Actualidad | Marzo 6, 2013
Por: Mario Zúñiga
Director de Contenido de Contribuyentes Por RESPETO
La semana pasada se publicó en el suplemento La Revista Agraria, de La República, un artículo solicitando que se ponga en vigencia el “impuesto a las tierras” de la Ley de Tierras, a fin de que los propietarios de extensiones mayores a tres mil hectáreas paguen un impuesto sobre la propiedad.
En Contribuyentes por RESPETO defendemos el Estado de Derecho, por lo que, incluso estando en desacuerdo, no podríamos defender que el Poder Ejecutivo deje de aplicar una ley promulgada por el Congreso. No obstante ello, es necesario cuestionarnos, ¿por qué sería necesario un impuesto para desincentivar las grandes extensiones agrícolas?
Para empezar, es antitécnico crear un impuesto sobre el patrimonio y no sobre las ganancias. Los impuestos sobre el patrimonio pueden resultar confiscatorios, además de desincentivar que los negocios crezcan.
Asimismo, es discutible que en el Perú existan “monopolios” de tierras. Si bien existen empresas que tienen bajo su titularidad grandes extensiones de terreno, existen todavía muchas tierras en la costa, sierra y selva que pueden trabajarse para convertirse en zonas cultivables. Eso quiere decir que la oferta de tierras puede todavía expandirse en gran medida, lo cual evitaría que cualquier agente en el mercado pueda ejercer un real “poder monopólico” en perjuicio del consumidor.
En tercer lugar, el artículo parte de que la concentración de tierras es negativa para el país. ¿Por qué? Lo cierto es que generalmente, y especialmente en cultivos de tipo intensivo (palma, azúcar para biocombustibles), una mayor extensión permite generar economías de escala y una mayor eficiencia. Esta mayor eficiencia beneficia tanto a agricultores como a consumidores y el Estado no debería bloquearla.
En ese contexto, establecer un impuesto para desincentivar la concentración de la propiedad agrícola no tiene sentido, y podría ser perjudicial para el mercado porque restringiría la posibilidad de incrementar la inversión agrícola. A este impuesto, más bien, habría que “echarle tierra” (vía la derogación de la norma que lo contempla).
La brecha de inversión en terrenos agrícolas es altísima. Tenemos muchas tierras desperdiciadas y el Censo Agrícola muestra mucha atomización de terrenos. El remedio no viene por controlar el crecimiento de terrenos vía prohibiciones o impuestos (medidas como estas solo “igualan hacia abajo”). Lo que hay que hacer es reducir las barreras de acceso al mercado para incentivar más inversión y competencia. Es necesario cuestionarnos, ¿por qué sería necesario un impuesto para desincentivar las grandes extensiones agrícolas?