02 de Octubre del 2014 - Lima PE
Junio 13, 2011

Fujimoristas también se beneficiarían con ‘Ley Souza’

Fujimoristas también se beneficiarían con ‘Ley Souza’

No solo funcionarios y congresistas del actual gobierno, sino hasta ex ministros de Estado del régimen fujimorista se beneficiarían con la reciente norma promulgada por el presidente Alan García, y que solo sanciona penalmente el delito de colusión cuando implique un daño económico contra el Estado.

 

Así lo advirtieron el ex procurador para casos de corrupción Ronald Gamarra y el ex fiscal y ex jefe de Control Interno del Ministerio Público, Avelino Guillén. Ambos coincidieron en que no solamente podrían acogerse a la cuestionada Ley 29703, los ex funcionarios o ministros de Estado del fujimorismo que hayan incurrido en delito de colusión que estén siendo procesados, sino los sentenciados.

 

Explicaron que ello es posible debido al principio legal que establece que cuando un delito, en este caso colusión, deja de ser tipificado como tal, entonces se aplica la excepción de la pena y un procesado o condenado puede acogerse y pedir su absolución o excarcelación, respectivamente.

 

“Si hay algún fujimorista condenado por colusión por un acuerdo ilegal y no se le demostró lo de daño patrimonial en contra del Estado, tendría que ser excarcelado”, agregó Gamarra, al alertar que el daño ya está hecho por más que la norma sea derogada hoy mismo.

 

Gamarra, en este sentido, recordó que esta norma es producto de la modificación que realizó la Comisión de Justicia dirigida por el legislador fujimorista Rolando Souza al proyecto enviado por el Poder Judicial para endurecer las penas contra funcionarios públicos corruptos, contempladas en el Código Penal para los delitos contra la administración pública.

 

El ex procurador detalló que antes el Código Penal establecía una sanción penal contra un funcionario que haya realizado un acuerdo ilegal con alguna empresa o empresario para favorecerlos, a cambio de un beneficio económico.

 

“Pero ahora, con la modificación, la justicia tiene que demostrar que dicho acto, además, significó un perjuicio patrimonial para el Estado”, denunció. Reiteró que si bien es posible la derogatoria de la norma en sus artículos incorrectos, como el 384 sobre colusión, lo cierto es que al estar en vigencia y según los principios del derecho penal, esa modificación va a funcionar en todos los actos cometidos con anterioridad.

 

Explicó que en caso de que de aquí a un año el próximo Congreso investigue y encuentre vinculación de un ex congresista o de un ex funcionario público del Apra con actos de corrupción, la justicia tendrá que probarle que hubo perjuicio económico.

 

Lamentó que la Comisión de Justicia presidida por Rolando Souza haya cocinado una propuesta que ata de manos al Estado y propicia impunidad en los actos de corrupción que conciernen a los acuerdos ilegales durante los contratos u operaciones del Estado.

 

Debido a ello, el ex procurador cuestionó severamente que los legisladores de oposición de la Comisión de Justicia permitieran -por “desconocimiento o negligencia- la modificación de Souza, y que luego fuera aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso.

 

“En el tema de los fujimoristas y el Apra no me queda duda de que hay un interés absoluto y directo por la impunidad de sus funcionarios públicos”, añadió.

 

VILMA ESCALANTE     [email protected]

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