En tres días todo el Perú recordará un año más del devastador terremoto que dejó en la ruina a miles de pobladores de Pisco, Chincha e Ica, pero también condenará, por cuarto año consecutivo, el olvido y el desprecio del que fueron objeto de parte de las autoridades del gobierno de Alan García y de las autoridades locales que se enriquecieron a costa de su sufrimiento y su dolor.
Carolina López es una de las víctimas de esa corrupción cometida de parte de funcionarios de “FORSUR, COFOPRI, del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, y hasta del mismo Sistema Integral de Salud”. Casos que “duermen el sueño de los justos” en el Congreso o en el Poder Judicial debido a la presión política durante el gobierno anterior y el olvido del actual.
“El gobierno nunca nos ayudó”, dice esta hija de pescadores a quien, incluso, la despojaron de un terreno familiar de 400 metros cuadrados, argumentando que estaba en una zona húmeda. Lo peor es que por esa “falta de voluntad política” tampoco la quisieron empadronar porque era “informal” y por lo tanto, nunca recibió ninguno de los 14 mil 700 llamados Bono-6,000, ampliamente publicitados por los ministros de Vivienda, Enrique Cornejo o Hernán Garrido Lecca. De nada le sirvió demostrar que había nacido y vivido en la conocida zona de pescadores de Tambo de Mora.
Sin embargo, ese “desprecio” de parte del sector estatal fue motivo para que organizaciones no gubernamentales como la Asociación Solidaridad Países Emergentes (Aspem) la ayude a salir adelante. “No fue un regalo, sino una ayuda para que superemos emocionalmente la tragedia y, a la vez, emprendamos una nueva y mejor calidad de vida”, dice la ex damnificada Carolina López.
Efectivamente, el italiano Daniel Fabricio, señala que esta ayuda la recibieron cinco distritos de la provincia de Chincha: Alto Larán, Tambo de Mora, Grocio Prado, Sunampe y Chincha Baja. “Se beneficiaron con cursos de capacitación, entrega de materiales y asesoría técnica para la habilitación de sus viviendas”, precisó. Estas capacitaciones no solo abordaron contenidos técnicos, sino todo lo relacionado con el desarrollo personal, social y prevención de desastres.
La misma situación pasó otra damnificada del desastre del 15 de agosto del 2007: Lucero Ascencio, madre soltera con tres hijos. “El gobierno de García nunca me ayudó. Jamás pude acceder a Techo Propio y los terrenos que compró COFOPRI para los ‘damnificados’ lo aprovecharon los familiares de sus funcionarios que llegaron desde Chincha, Supe, Huarmey…”, relata esta vecina del nuevo Tambo de Mora.
Es más, denuncia que los regidores y sus familiares, directos e indirectos, sí recibieron los bonos para la reconstrucción y que si no hubiera sido por Aspem, jamás hubiera tenido un terreno, y menos uno de los 200 bonos de materiales para la implementación de sus viviendas para levantar sus hogares “con sus propias manos”.
EXPERTAS EN LADRILLOS
Nada es imposible en las manos de estas mujeres, y menos la albañilería. “¿Ayuda del gobierno? ¿Qué es eso? Todo lo hicimos con nuestras manos”, asegura Teresa Valdivia, lideresa del Centro Poblado Guayabo Cholo, del distrito de Sunampe, quien ahora edifica su baño.
Su superación fue más allá de la “caña reforzada” que utilizaron las familias para cercar sus terrenos con la asesoría técnica de un ingeniero. Ella misma está levantando su casa con ladrillos, fierro y cemento. Es más, se ha capacitado en la colocación de sanitarios y tuberías para acceder a una ayuda comprendida en una “bolsa” de 280 mil soles.
“En el curso aprendí a valorarme. Ahora trabajo con mi esposo y ya hemos hecho la zanja para el baño”, manifestó Cynthia Santos, de 27 años, otra de las ex damnificadas de Sunampe, que participó en el proyecto “Chincha segura y habitable” ejecutado por Aspem, financiado por el Fondo Ítalo Peruano.
LOS ‘GANADEROS’ DEL INC
En una actitud inhumana, el Instituto Nacional de Cultura (INC) impidió que 28 familias levantaran nuevamente sus humildes viviendas en una huaca abandonada por esta institución de la zona de Litardo Bajo, Chincha Baja. “Es más, bloquearon toda ayuda del Estado para impedir que regresemos”, denunció la dirigenta Mariella Castillón.
Sin embargo, este bloqueo sirvió para que busquen la forma de comprar un terreno con el Presupuesto Participativo de su municipio y con el préstamo que un comprador de su producto les otorgó para salir adelante. “Lo mejor vino cuando aprendimos a cercar nuestras casas con la quincha mejorada y ahora vivimos dignamente”, expresó.
LINA GODOY: lgodoy@diario16.com.pe
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