Al final del día, las discusiones en las altas esferas del régimen iban y venían respecto de si esta vez era posible superar la crisis esperando tan solo que la opinión pública voltee a mirar otro escándalo o algún destape. Solo la primera dama se animó a soltar un feble argumento: que las renuncias de los ministros del Interior y de Defensa le hacían el juego a los terroristas. Cuando la verdad es que si algo pueden celebrar los Quispe Palomino en estos momentos es que los señores Daniel Lozada y Alberto Otárola continúen siendo los responsables de combatirlos.

Durante las últimas semanas ha habido un sinfín de críticas desde el lado militar y policial a la tristemente célebre operación ‘Libertad’. No voy a abundar en ellas, porque es más que evidente el papelón cometido. Lo que preocupa es la respuesta política del gobierno a esta y anteriores crisis. Lejos de sentarse alrededor de una mesa a evaluar cómo se resuelven las mismas, lo único que importa es cómo hacer para que estas no dañen la imagen del gobierno ante la opinión pública.

La vida del suboficial Vilca les importa menos a algunos asesores del gobierno que los resultados de las siguientes encuestas. No se prepara un operativo de rescate del hombre de uniforme caído y abandonado. Se prioriza, más bien, el diseño de artilugios para pasar la ola de indignación y mantener incólumes los niveles de aprobación.

Ello es, francamente, patético. Primero porque pone de manifiesto una escala de prioridades distorsionada de lo que debería ser gobernar un país. Y segundo porque este juego de la montaña rusa (esperar a que la crisis y su correspondiente sube y baja se diluyan por sí solos) no es, pues, signo de mucha inteligencia.

Favre y compañía creen haber descubierto el Arca de la Alianza, el Santo Grial o algún Codex secreto de la gobernabilidad con esa estrategia. Se sabe que en el Perú, y en casi cualquier país políticamente agitado como el nuestro, efectivamente, las crisis no suelen durar mucho, a menos que la torpeza de los propios gobiernos lo ocasionen (el caso de Toledo es paradigmático en ese sentido).

El problema real es que ello no pasa de ser un juego artificial que a la postre pasa factura. Hoy por hoy, ya no está en cuestión tan solo la permanencia de los ministros del Interior y Defensa. El propio premierato ya tiene a varios ‘head hunters’ en el empeño de encontrar un reemplazo. A Salomón Lerner se le despachó, dicho sea de paso, habiendo cometido la décima parte de los errores que Valdés ha derrochado.

Como telón de fondo de esta estrategia –publicitaria antes que política– del gobierno, ya nos acercamos al primer año de mandato y el principal logro que el mismo puede exhibir son las mediciones de la opinión pública.

Obsesionados por los porcentajes de aprobación, los consejeros de Ollanta Humala parecen haber olvidado para qué se llegó al poder. Seguridad sigue igual o peor. ¿En Educación y Salud alguien serio puede afirmar que hay una estrategia cabal en marcha? ¿La inclusión social se agota acaso en programas asistenciales como Pensión 65 o Beca 18?

Parafraseando el tuit de Nadine Heredia, deberían saber que es difícil gobernar por la derecha. Sobre todo si se quería hacer un gobierno respetuoso de la sensatez macroeconómica y al mismo tiempo darle al Estado una necesaria participación en la búsqueda de un país más integrado y moderno.

Gobernar como lo hizo Alan García era lo más fácil. Puso a Carranza en el MEF y se dedicó a parrandear. ¿Humala estará feliz con haber hecho lo propio con Castilla? ¿Le basta con los coqueteos de la Confiep? ¿Habrá confundido la inclusión social con la inclusión de Nadine en las páginas de sociales?

Ya empieza a mortificar la falta de norte del gobierno en muchos sectores o la simple indolencia respecto de las tareas por hacer. Ojalá se recapacite y se entienda que aún le restan cuatro años y pico por delante y se reasuma el espíritu de reforma por el cual votaron millones de peruanos.

Posdata: Agradezco la columna de Aldo Mariátegui de ayer. Hay en estos momentos una insana ojeriza de parte de algunos jueces fiscales contra la prensa y eso debe ser denunciado más allá de las diferencias de cualquier índole.

Como periodista que soy, voy directo al titular: a mi juicio, el origen de esa equívoca superposición entre uno y otro radica en el convencimiento de que fue en la década de los 90, durante el fujimorato, que empezó la revolución liberal peruana y que los gobiernos sucesivos de Toledo, García y Humala han tenido por único o principal mérito el de continuar con el modelo económico allí aplicado.

Muchos se han encargado, inclusive, de tratar de vendernos la especie de que los doce años de democracia posteriores a la implosión del régimen de Fujimori no han sido sino una suerte de versión amanerada del liberalismo “puro” de los 90.

El drama del liberalismo en el Perú, en particular, radica en su confusión con las propuestas de quienes, infundadamente, son considerados vecinos ideológicos. Entre la derecha liberal y la derecha dictatorial y mercantilista habría –según esta idea– pequeños grados de separación, capaces de ser soslayados a la hora de enfrentar al gran enemigo común: la izquierda en cualquiera de sus versiones.

Un profundo error conceptual ubica a esa derecha conservadora al costado de la derecha liberal. Las aparentes semejanzas discursivas en algunos aspectos del análisis económico o político no son más que un espejismo que oculta el enorme abismo que las separa.

De paso sirve para esconder un hecho que posee un significado político monumental, como es que en la izquierda hay sectores cada vez más importantes que entienden no solo que el mercado es el mejor asignador de recursos y ya no el Estado, sino, además, que la democracia es un valor fundamental y no una simple institución epidérmica, supraestructural, para emplear el lenguaje marxista. Es más, para muchos es tan reaccionaria la derecha peruana que la aspiración a que una propuesta liberal encarne políticamente solo podría venir de la izquierda.

Entre la derecha y la izquierda liberales hay más puntos de contacto que entre la derecha liberal y esta derecha bautizada, por sus maneras y estilos, como “bruta y achorada”. Un liberal auténtico debería sentirse más afín con un izquierdista moderno que con un fujimorista autoritario, por ejemplo. Ello, lamentablemente, no sucede en nuestro país, donde supuestos liberales andan de la mano con convictos autoritarios o mercantilistas conservadores sin rubor alguno, pero comparten el mismo odio infantil hacia los progresistas liberales provenientes de la izquierda.

¿Es secundaria la democracia para un liberal? Friedrich Hayek nos ha advertido sobre los riesgos totalitarios del abuso de la democracia, pero no recuerdo texto alguno de él señalando que, por ende, la dictadura sea el camino a seguir. Por el contrario, está en la esencia del pensamiento liberal la defensa de las instituciones que permitan justamente el control del poder absoluto.

¿Es irrelevante la defensa de los derechos humanos para el liberalismo? Algunos talibanes liberales señalan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra filosofal del intervencionismo económico. Comparto que, vista con amplitud ingenua, en ella nos asomamos a una expresión de deseos que deriva en visiones estatistas, pero un liberal no podría ni debería poner en segundo plano que finalmente los derechos humanos nos conducen a la puesta en valor del individuo sobre el Estado, del ciudadano sobre el poder merced al imperio de la ley y el Estado de derecho.

¿Carece de significado la lucha contra la corrupción en un liberal? ¿No es la corrupción, acaso, una de las formas más claras de vulneración de los derechos de propiedad y del juego del libre mercado? ¿Por qué se le tolera entonces como un daño colateral?

¿Cómo puede entonces –y así nos respondemos la inquietud inicial– siquiera pensarse que en la década de los 90 se iniciaron las reformas liberales en el Perú? Solo una grosera manipulación de los hechos o un profundo error conceptual puede llegar a sostener eso. Llámenlo como quieran, pero de liberal poco o nada hubo en dicha década. Fue un régimen liberalizador a lo sumo y solo en algunos sectores y por un tiempo limitado (el segundo fujimorismo fue, más bien, una cabal expresión de un desembozado populismo de derechas).

Es digno de un análisis histórico de las ideas cómo ha sido posible que ocurra un fenómeno de travestismo tan grande respecto de lo que defienden la derecha y la izquierda. Cuando ingresé a la universidad en el año 79, en plena guerra fría en el planeta y en los estertores de la dictadura militar en el Perú, ¿qué defendía la derecha en términos políticos? La libertad, la democracia, los derechos humanos. ¿Qué defendía la izquierda? La dictadura, la supresión de los derechos civiles, etc. ¿Qué pasó para que en 30 años sea exactamente al revés?

La derecha dejó de ser liberal, permitió que la izquierda le arrebate las banderas democráticas y se recluyó exclusivamente en la defensa de las libertades económicas. Lo peor es que ni siquiera a ello sino a la defensa de un modelo proempresarial antes que uno promercado, mercantilista antes que liberal.

Una inmensa tarea pedagógica tiene frente a sí el liberalismo peruano. En el campo de las ideas la batalla es larga y ardua. Ya no me refiero tan solo a la DBA, que creo no tiene remedio. Son las élites mejor preparadas del país las que también sufren de un error parecido. A ellas hay que dirigirse y mostrarles que el liberalismo es una apuesta no solo no jugada, sino mucho menos, fracasada (como ahora se señala en muchas partes del planeta a propósito de la crisis económica).

Nuestra historia es ejemplar en ese sentido. Los lapsos liberales son escasos, casi inexistentes. En la región, y especialmente en el Perú, el liberalismo es una tarea por llevar a cabo. Y para realizarla los liberales no pueden convivir con inquilinos a los cuales deberían combatir.

Un partido se forja a partir de liderazgos ideológicos o personales y ello no se logra de la noche a la mañana. La historia de los partidos en nuestro país está asociada directamente a las universidades. Allí se formaron sus cuadros, que luego cuajaron como agrupaciones partidarias.

Eso, sin duda, ha cambiado. Hoy en día, un buen trabajo en las redes sociales genera mayor repercusión que un trabajo sostenido en las aulas universitarias. Quizás, en parte, la crisis de los partidos se origine en que no han sabido adecuarse a los nuevos tiempos y entender qué es “el pueblo” en el siglo XXI.

Pero ni siquiera en ese nivel se aprecia algo que pueda siquiera definirse como estrategia de “posicionamiento”. Y hay que tener en cuenta que cuatro años y pico es poquísimo tiempo para organizar un partido que pretenda tener posibilidades de incorporarse al proscenio existente. No basta con sumar figuras estelares a último momento para suplir un trabajo de años que, además, está obligado a realizarse a nivel nacional.

“Es que es un trabajo leninista clandestino el que hemos diseñado”, nos comenta uno de los partícipes del proyecto. La verdad es que más parece una estrategia propia de una secta ocultista. Y sobra decir cuál es nuestro pronóstico respecto del resultado al que va a conducir el modus operandi elegido.

Pero existe, además, en su seno una distorsión de origen. El liberalismo en el Perú no puede reducirse a criticar casi exclusivamente los despropósitos populistas. Ya suena a discurso viejo y facilista. ¿Por qué no se les escucha criticar con la intensidad que amerita los desmadres del capitalismo corporativo, el que ha generado la crisis de Europa, y previamente la de Estados Unidos? ¿Por qué no se lee que cuestionen con la misma acidez que utilizan para poner en entredicho normas estatistas, aquellas que brindan favores mercantilistas a diario a los grupos de poder?

Y peor aún, ¿es que solo tiene algo que decir el liberalismo en temas económicos? ¿Las críticas al desatinado manejo del problema del VRAE, por ejemplo, son patrimonio del fujimorismo o del periodismo independiente? Si los liberales peruanos quieren formar en serio un partido que sea visto como alternativo y moderno, tienen que despojarse del saco y la corbata, y ensuciarse los zapatos en el día a día de la política. Si no que formen su ONG o su club de amigos.

Sería bueno entonces que empiece a pensar en diseñar un gobierno con metas claras, cumplibles y con la transparencia prometida. Y a entender que eso pasa porque organice un sistema de operadores políticos capaces, inteligentes, con experiencia. Basta ver cómo se han manejado todas las crisis habidas –no hay una sola excepción- para darse cuenta que eso no existe en el entorno palaciego.

No bastan Nadine Heredia, el general Adrián Villafuerte, Luis Favre o ninguno de sus ministros más cercanos. Para manejar un gobierno, aquí y en cualquier democracia del mundo, se deben establecer cadenas de mando paralelas –no clandestinas- que resuelvan problemas y ayuden a que las políticas diseñadas u ordenadas terminen siendo ejecutadas.

Lamentablemente, el problema citado al inicio lo arrastramos varios años. Toledo tuvo que demostrar que no era un desaforado y que no iba a gobernar con la vincha puesta. Justamente, para evitar esa imagen convocó a Pedro Pablo Kuczynski. En su caso, pudo hacerlo rápidamente, y a pesar de flotar en niveles de aprobación paupérrimos y vivir jaqueado por escándalos, sobrellevó diversas acciones gubernativas trascendentes (por citar una, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos).

Con Alan García pasó lo mismo. Ganó las elecciones por el pavor que despertó la candidatura de entonces de Ollanta Humala y tuvo que demostrar que ya no era el mismo del 85. Para desgracia del país, lo único que le importó fue su agenda personal. Se amistó con Washington y Wall Street, pero en materia de las reformas que el país requería no llevó a cabo ninguna. Mientras menos se agitaran las aguas, para él era suficiente (aunque hay algunos indicios de megacorrupción sobre los cuales aún deberá responder).

¿Con Humala va a ocurrir lo mismo? Sería una pésima noticia para el país. Si se deja abrumar por los inmensos problemas que el Perú sufre y abandona el afán reformista, la atmósfera política del país se empezará a encrespar, como ya está ocurriendo, y llegaremos al 2016, no con la tranquilidad de que por fin se dejó en el pasado cualquier opción antisistema, sino que nuevamente estaremos aquejados por la zozobra.

La retahíla de declaraciones hechas por voceros del gobierno luego de la liberación de los rehenes capturados por los terroristas en el VRAE constituye una lección de lo que no se debe decir o hacer. Se habló primero de un rescate y los hechos pronto desmintieron la versión. Luego de un cerco –materialmente imposible- y se supo que tal no existía. Finalmente, de la inaccesibilidad de las columnas terroristas, y al poco tiempo tres medios de comunicación toman contacto con el propio ‘camarada Gabriel’ dejando en mal pie al régimen.

El gobierno debe entender que lo primero que debe transmitirle a la ciudadanía es la real situación. Y ella, aunque nos pese, es que los terroristas del VRAE son amos y señores de la zona y que las estrategias diseñadas hasta el momento, desde hace veinte años, no han funcionado. En otras palabras, que se debe partir de cero.

Es claro que los terroristas quieren humillar al Estado y obligarlo a actuar con desesperación. Sería el peor escenario posible. Mandar tropas sin ton ni son, sin inteligencia previa, y sin un plan claramente establecido, va a conducir al fracaso. Y sería un fracaso con un alto costo de vidas, conocida la naturaleza desalmada de los enemigos a los que el Perú se enfrenta (ver al mencionado ‘Gabriel’ ufanándose de haber “aniquilado” a dos policías, sin duda subleva el alma).

Que el gobierno hable claro. El problema es grave y va a requerir muchos años para poder ser resuelto. La ciudadanía lo va a entender. Sabemos que hay grupos políticos que festejan esta situación para capitalizarse, pero Ollanta Humala –quien ha enfrentado directamente a los terroristas- tiene autoridad moral para imponer la verdad de sus afirmaciones. Por lo pronto, debería empezar por afinar su estrategia de comunicaciones, que lo único que ha generado hasta el momento es la percepción de que no se está diciendo la verdad completa.

Sin lugar a dudas, aunque nunca lo admitirá, la empresa accedió a algunos de los términos solicitados. Algunos cuestionan que lo haya hecho porque sienta un precedente funesto y que de ahora en adelante las empresas que trabajan cerca de la zona del VRAE deberán tener contingencias al respecto. Y, bueno, ¿qué hubiesen preferido? ¿Que se negaran a soltar dos o cinco millones de dólares y que se asesinase a los trabajadores?

Un Estado no puede claudicar, salvo situaciones extremas en las que ya no hay otra salida (y aún así es dudoso que ese sea el desenlace correcto), pero una empresa que trabaja en zona de alto riesgo debe sopesar qué importa más. Y no creemos que alguien pueda sostener que la vida de los trabajadores podía ponerse en segundo término. Por lo demás, ¿alguien cree que en la zona ya no existe el pago de cupos?

Lo que preocupa es el falso mensaje del gobierno porque va a poner en entredicho lo que haga en el futuro. Si bastaron pocos días para cercar al grupo terrorista, hacerlo huir y liberar a todos los rehenes indemnes, cabe preguntarse entonces por qué no exterminan a ‘Alipio’ y sus seguidores con algo de esfuerzo o un poco de decisión. ¡Con dos arengas presidenciales más y listo, se acabó el terrorismo en el VRAE!

En lugar de triunfalismos poco creíbles, haría bien el gobierno en explicarle al país la magnitud real del problema. Lo ampara, además, un hecho político que no le genera costos: la situación no ha sido creada por él, es algo que se arrastra desde hace veinte años.

Y parte de esa explicación creemos que pasa por dejar de lado la tesis de que estamos tan solo ante un grupo dedicado al sicariato de los capos de la droga. Hay nexos indudables, por cierto, pero siempre los hubo. Tanto el MRTA como Sendero Luminoso siempre trabajaron con los campesinos cocaleros y con los narcos. Calificarlos de narcoterroristas minimiza su peligro. Siguen siendo un grupo ideologizado, con aspiraciones políticas más absurdas que antes, pero compararlos con los guardaespaldas del narcotráfico es un engaño a nosotros mismos que nos puede costar muy caro.

Ello es materialmente imposible. No solo porque medio millar de terroristas no es poca cosa sino porque dominan una zona liberada, donde no hay presencia alguna del Estado, están fuertemente armados, y vienen realizando una labor de reclutamiento ideológico y actividad política en la última década sin que se haya hecho algo serio para contrarrestarla.

Mandar miles de militares y policías a capturarlos sin un trabajo previo y paciente de inteligencia sería enviarlos a una muerte segura. Fácil es decir que basta con establecer un cerco y poco a poco arrinconarlos. Eso lo puede decir solo quien no tiene conocimiento alguno de la zona y mucho menos de estrategias antisubversivas.

Se va a requerir años para derrotar a ‘Alipio’ y sus huestes. Y se tendrá que recurrir a todo lo que la ley vigente o nuevas normas permitan: infiltración lenta en el grupo terrorista, trabajo con la población, inclusive eventuales alianzas con algunos de los narcotraficantes que les proporcionan municiones y armas (como se hace en otros países sin que nadie se llame a escándalo), corte radical de las rutas de suministro, incursiones muy bien pensadas (el reciente sobrevuelo fatal de un helicóptero ha sido, dicho sea con crudeza, una terrible torpeza con víctimas que lamentar).

Y, por supuesto, es prioridad número uno incrementar sustantivamente el presupuesto asignado a la lucha antisubversiva. Desde ranchos y puestos de vigilancia o bases militares, hasta armamento adecuado. Ya no estamos ante un remanente terrorista, sino ante un nuevo grupo, en la medida que está aplicando una estrategia distinta. Lo preocupante es que si bien aún no comporta una amenaza a la seguridad nacional, podría hacerlo si se persiste en la punible indolencia con la que se ha manejado el problema en los últimos años. Hay que recordar que Abimael Guzmán empezó la subversión con menos hombres. O pensemos en qué sucedería si este grupo envía doscientos hombres a la zona abandonada por ‘Artemio’. Estamos ante un nuevo fenómeno, que aparentemente busca parecerse más a las FARC que al SL original. Y, por lo dicho, creemos que la amenaza se debe tomar con la gravedad que amerita.

Sin embargo, sí hay algunos bocetos que podrían hacerse a propósito del 5 de abril de 1992, fecha que, más allá del juicio de valor que se tenga al respecto, marcó el país en un antes y un después. Analicemos la cuestión central para los fujimoristas: la tesis de que el país se venía abajo si tal medida no se ejecutaba.

En el tema del terrorismo, la captura de Guzmán no se debió al autogolpe. Fue un operativo de inteligencia que no se basó en ningún decreto de urgencia ni medida de excepción para su éxito. Y fue dicha captura la que desmoronó a Sendero Luminoso. Con 5 de abril o sin él, el terrorismo habría sido derrotado.

En materia económica sí hay que reconocer que la labor de zapa del APRA, merced al Tribunal de Garantías Constitucionales, se había propuesto atar de manos a Fujimori. Pero para ajustarnos a la verdad, habría que decir que no todas las reformas corrían peligro. Las modificaciones arancelarias, la creación de instituciones eficientes –como la Sunat (fundamental para entender el éxito económico de los 90) u organismos reguladores-, la edificación de un sistema de ayuda social, teniendo como baluarte a Foncodes, ya suponían por sí solos un salto cualitativo respecto del desastre heredado del primer gobierno de Alan García.

El fujimorismo hubiese llegado en olor de popularidad al 95 y aún si no hubiese podido endosar votos a un candidato de sus filas, difícilmente se le habría allanado el camino del retorno a García. Lo más probable es que alguien de centroderecha se alzase con el triunfo, contando en segunda vuelta con los votos fujimoristas.

Y el 2000, sin ninguna duda, Fujimori habría sido reelecto y ya en ese lapso, la capacidad del aprismo de sabotear las reformas hubiese sido nula. Lo más probable, inclusive, es que se hubiese podido cambiar la Constitución sin necesidad de interrumpir el proceso democrático. Y el 2005 quizás García podría haber regresado al poder, pero con el perfil actual (aunque, de haber ocurrido imaginariamente el proceso señalado, creemos difícil que el líder aprista hubiese podido regresar alguna vez a Palacio de Gobierno).

Hoy Fujimori no solo no estaría preso sino que podría ser catalogado como el mejor presidente de los últimos lustros. Y el país, sobre todo, estaría ya enrumbado más poderosamente de lo que hoy lo está en la ruta de la modernidad. Muchos fujimoristas lo piensan así en su fuero interno, pero no se atreven a la disidencia. El día que lo hagan contribuirán al saneamiento político del Perú y a superar la fractura política que lo signa.

No se explica de otra manera que cuando ni siquiera se sabe cuál va a ser el informe final de los peritos respecto del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero cajamarquino, las autoridades regionales señalen que igual se van a oponer porque la mayoría de la población se resiste a que dicha inversión se lleve a cabo.

Frente a ese panorama, es entendible que surjan voces en el Ejecutivo que alienten una solución manu militari y que, dada la tozudez de Santos y compañía, decidan reemplazar el diálogo por tanquetas y fusiles.

En términos teóricos, dicha acción se podría justificar. El imperio de la ley no puede ser soslayado y el Estado debe imponer el principio de autoridad. Un proyecto de inversión que cumpla con las normas no puede ser paralizado por la población alzada.

No obstante ello, creemos importante advertir de los riesgos que implica. Hoy pueden ser muchos los que le exijan al gobierno que aplique la mano dura correspondiente, pero cuando se produzcan muertes, seguramente mirarán de soslayo y, más bien, le caerán encima a los ministros responsables queriendo convertir la tragedia en un beneficio político para ellos.

Hay que recordar que, inclusive, una acción represiva debe ser inteligente, a la búsqueda de causar el menor daño material y, por supuesto, que no se pierdan vidas (cosa que a los dirigentes radicales de Cajamarca, por cierto, parece importarles poco: su sueño es que haya un “cajamarcazo”, que encima les generaría una mayor legitimidad a ojos de la población local).

Mucha cabeza fría va a necesitar el gobierno para resolver el problema. Debe tener en cuenta que los errores cometidos han sido muchos y que una acción desesperada que conlleve un derramamiento de sangre, producto del hartazgo ante la parálisis, a la postre podría postergar Conga ya no por un mes o un año sino para todo su mandato. En esa delgadísima línea entre el diálogo sostenido, el trabajo político permanente y el indudable mensaje de que el orden público no se puede alterar, deberá moverse el régimen.

En anterior columna señalábamos que había tres hipótesis respecto del supuesto congraciamiento entre el fujimorismo y el nacionalismo. Y nos inclinábamos a pensar que, en verdad, más que ante una alianza oculta en curso, estábamos ante una maniobra conducente a mellar la imagen de Ollanta Humala, por un lado, y a ponerlo en aprietos, por otro. No era un ramo de olivo sino un dardo envenenado, dijimos.

Primero aparece Keiko y declara que, a su juicio, no habría problema en modificar la legislación pertinente para que sea posible la postulación de Nadine Heredia, Primera Dama, en las elecciones del 2016. Para no dejar dudas respecto de aquello en lo que realmente estaba pensando, no dejó pasar ni veinticuatro horas y salió con el tema del indulto a su padre. Más transparente que un infante, Keiko Fujimori nos dejaba saber que una cosa iba ligada con la otra, sin perder de vista que levantar el tema de Nadine tampoco era casual.

Se arma el sentido cuando se le agrega la poco feliz declaración de Kenji Fujimori –también en menos de veinticuatro horas- exigiéndole al presidente Humala que hable con “voz más clara y masculina”. Sin duda, de modo intangible para él mismo, el vástago menor de los Fujimori puso en absoluta evidencia que el objetivo es tender sobre la figura presidencial la sombra de que él no manda en Palacio, sino… Nadine.

Lo cierto es que, sea o no una estrategia psicosocial brillantemente elaborada –lo que no parece acercarse a la realidad-, el fujimorismo estaría acertando en un flanco que al gobierno le puede hacer daño. La buena imagen de la Primera Dama funciona hoy como un motor de arrastre positivo, pero si cala la idea de que es ella la que lleva los pantalones en el solar de Pizarro, eso se puede convertir rápidamente en un lastre.

Y, de paso, le marca una agenda subalterna al gobierno. Pensar, a menos de un año del gobierno, en quién puede ser su candidato(a) para el 2016 es, sin duda, un dislate. El tema de su hermano Antauro, el presidente Humala se vio obligado a zanjarlo radicalmente. Pero si comete el mismo error y deja crecer el “tema Nadine”, ingresará a un callejón político sin salida.

Esta es, por cierto, una vieja discusión en el ambiente liberal. Hay quienes consideran que, efectivamente, no hay otra forma de plasmar una parte importante de los postulados de libre mercado sin que haya detrás un partido en el poder. Y otro sector, no menos importante, rechaza esa posibilidad y postula que la gran batalla liberal es ideológica y que gradualmente, ganando la misma, se logrará llegar al objetivo, impregnando a otras agrupaciones de sus ideas para que sean aquellas las que las apliquen cuando sean gobierno.

En el caso peruano, hay argumentos a favor y en contra. La desesperante lentitud con la cual se camina hacia una cabal economía de mercado abonaría a favor de la tesis propartido. Llevamos casi veinte años con buen crecimiento económico, pero no somos una sociedad liberal ni mucho menos. Y lo peor es que no se ve en el horizonte –entre los partidos importantes- que alguno haga suyo el credo liberal.

En contra podría mencionarse que, más bien, sin necesidad de que se organice un partido liberal, hemos logrado salir del desastre estatista de los 80 y aunque queda mucho camino por recorrer, lo avanzado es notable. Y, además, si bien es cierto que ninguno de los partidos grandes se dice liberal, no se aprecia que vaya a aparecer una agrupación que decida tirar todo por la borda.

En cualquier caso, si finalmente un grupo de ciudadanos decide organizarlo, deberá tener en cuenta que el gran riesgo es que dicho partido termine cooptado por quienes dicen ser liberales, pero genuinamente no lo son. Hay muchos que solo creen en el liberalismo económico, pero hacen suyo el autoritarismo político como si hubiera posibilidad de comunión entre ambos. Y el peligro mayor estriba en aquellos que confunden un mensaje promercado con uno proempresa. El mercantilismo mondo y lirondo, que pasa por favorecer a los grandes grupos de poder, sin que ello les llame a escándalo, a diferencia de la histeria con la que reaccionan cuando se decretan normas populistas a favor de las mayorías, siendo ambas nocivas y claramente no liberales. Si ambos riesgos se logran evitar, quizá sea una buena noticia la creación de un Partido Liberal.

Por supuesto, las especulaciones han corrido como reguero de pólvora. Desde quienes advierten que detrás hay una alianza cocinándose, que concluiría en un toma y daca, con indulto a Alberto Fujimori de por medio, hasta quienes señalan que ha sido un mensaje conciliador para amansar las voces de algunos miembros del gobierno que habían empezado a barajar la opción de trasladar a éste, más bien, a la Base Naval del Callao. La hipótesis más simplona es que el fujimorismo ha querido distraer a la opinión pública lanzando un tema que haga olvidar una fecha que a ellos les parece grata, pero no a la mayoría, como era el vigésimo aniversario del golpe del 5 de abril del 92.

En general, la figura de Nadine Heredia está sobreexpuesta. El último fin de semana ocurrió con la reiterada pregunta de las encuestadoras sobre si aprueban o no su gestión. Más allá de este hecho, de por sí llamativo -porque no es usual en el Perú que este sea un tema habitual de las empresas que miden la opinión pública-, lo cierto es que pesa sobre ella un ánimo persecutorio especialmente afincado en la derecha fujimorista y sus medios. Y a la par el superviviente lastre racista de un sector de la sociedad peruana (cholita arribista es el epíteto más generoso que sus enemigos le brindan en las redes sociales a la Primera Dama).

Y todo parece indicar que estamos ante un operativo político que busca, al atribuirle un protagonismo político superlativo, mermar la figura del Presidente Humala. Se le quiere convertir en una suerte de “sacolargo” político, alejándolo del perfil de hombre firme, capaz de tomar decisiones por sí solo. Es cierto que la pareja presidencial funciona en ciertas circunstancias como una unidad de poder, pero eso no tiene per se absolutamente nada de malo ni tendría por qué llamar a escándalo.

En esa medida, el aparente ramo de olivo fujimorista huele más a dardo envenenado. El gobierno haría bien en no pecar de ingenuo. Más allá de que Nadine Heredia nos parezca no solo una muy positiva influencia en las altas esferas del poder sino, si lo pudiera ser, una excelente candidata el 2016, falta mucho tiempo para que sea un tema de agenda. El propio régimen debería evitar que lo sea.

Si algún modelo han calcado es aquel que se instauró en el Perú en la década de los 90. El esquema es sencillo. Se respeta una aparente formalidad democrática, pero se controla con subterfugios legales todos los poderes del Estado que pudieran servir de contrapeso: el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso de la República. Hecho eso, se convoca a una Asamblea Constituyente y santo remedio. Todo listo para sumarle al control de la sociedad –sumado al amedrentamiento o soborno a la prensa- y la clase política, la perennización en el poder.

Es sumamente curioso, dicho sea de paso, cómo algunos sectores de la derecha peruana advertían histéricos que Ollanta Humala, una vez en el poder, iba a hacer eso: cerrar el Congreso, convocar una Constituyente, reelegirse indefinidamente y amordazar la libertad de prensa. ¡¡¡Y son los mismos que hoy celebran que no lo haya hecho, los que no solo aplaudieron el golpe del 92 sino que lo siguen haciendo!!!

Es curioso también, por decir lo menos, que muchos que siguen elogiando el autogolpe hayan tenido que verse obligados a pasar por el aro de la salita del SIN para resolver problemas legales. Los hubo claramente corruptos y purgaron o purgan merecida cárcel. Pero también existieron quienes tuvieron que hacerlo obligados por las circunstancias. Si no acudías, te reventaban. Ese era el mensaje. ¿Ese manejo de la cosa pública es digno de encomio?

Y si hablamos de empresarios no tan grandes, hubo centenares a quienes se sometió a prácticas extorsivas hamponescas. Se les inventaba delitos y luego aparecían milagrosamente los abogados vinculados al Doc a ofrecer sus servicios para resolver el impasse.

¿Cómo es posible que esos sectores hoy sigan considerando que si Fujimori no daba el golpe que dio pie a ese modus operandi, el Perú iba camino al despeñadero? Quien escribe siempre ha sostenido que en esa época el país requería soluciones duras, quizás al filo del reglamento. Pero siempre dentro de la cancha democrática. Lo que se instaló no fue eso. Fue un sistema diseñado para pervertir la democracia, concentrar el poder y hacer de la corrupción un estilo “facilitador” de la gobernabilidad.

Mañana se cumplen veinte años del autogolpe de Fujimori y si bien las encuestas muestran un rechazo mayoritario a tal hecho, la calificación subjetiva indica que un importante sector considera que fue necesario. No hay, pues, la calificación negativa que uno hubiese esperado luego de transcurridos los años suficientes como para que queden desbaratados los argumentos que entonces se emplearon para justificar el golpe, ninguno de ellos válido.

No se necesitaba el golpe para derrotar al terrorismo. Tampoco para iniciar las reformas económicas que el fujimorismo emprendió. Ambas cosas se pudieron hacer democráticamente. Con más dificultad, sin duda, pero se pudieron hacer. Hay que recordar que con los votos parlamentarios del entonces Fredemo se podía alcanzar los votos para gobernar sin sobresaltos y dicho ofrecimiento le fue hecho saber a Fujimori de distintas formas.

Si el fujimorismo hubiese seguido los cánones constitucionales no solo habría logrado buena parte de los actos positivos que se le conceden sino que, sin duda, habría tenido la fiscalización necesaria para no incurrir en el desmadre corrupto en el que terminó convertido su régimen.

A propósito del reciente intento de inscripción electoral del Movadef surgieron voces cívicas que clamaron justamente por hacer memoria en el país. Las fuerzas democráticas están llamadas a hacer lo propio respecto de lo que significó el 5 de abril del 92. Más allá del hecho estadístico de que, si no hubiese ocurrido tal despropósito, el próximo 28 de julio estaríamos celebrando 32 años ininterrumpidos de democracia, con seguridad el Perú ya estaría a salvo de los remanentes antisistema que cada cinco años siguen reapareciendo en las elecciones.

Y lo más importante sería que desde dentro del propio fujimorismo, de su propia entraña, surjan voces autocríticas en ese sentido. Lamentablemente, mañana, lejos de avergonzarse, seguramente la mayoría de sus miembros celebrará la supuesta gesta.

Pero es una decisión que va a traerle costos al régimen, sin duda. Primero, porque deja en muy mal pie al ministro de Justicia y al jefe del INPE, quienes se han pasado las últimas semanas dando argumentos a favor de su traslado de Piedras Gordas a una prisión ad hoc, donde estaría bajo control, y a los pocos días se ven obligados a aceptar un nuevo traslado. ¿Cuál es el mensaje? Que no lo pueden controlar.

Y el otro tema peliagudo es el del traslado de Víctor Polay y algunos emerretistas, hecho al amparo de una norma publicada el domingo y que ha ocasionado, inclusive, que la esposa de Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, reclame por la “discriminación” (¿?).

Lo cierto es que lo sucedido libera al gobierno de un problema que nunca debió escapar de su contención, lo cual es bueno para el país, pero también revela que al Ejecutivo no solo le faltan operadores políticos, sino asesores expertos en manejar crisis.

Ya lo vimos con el caso del otro hermano presidencial, Alexis, que por inacción del entonces presidente electo, creció hasta convertirse en un escándalo, cuando una aclaración inmediata y pertinente hubiese puesto las cosas en su lugar sin generar la turbulencia que se desató.

Hay cosas más importantes que discutir en estos momentos. La anunciada recuperación del lote 88, por ejemplo, bien ameritaría un amplio debate sobre el camino a seguir y advertir sobre los altos riesgos de recaer en opciones estatistas o populistas. Siguen vigentes, igualmente, los temas de seguridad ciudadana –sobre el cual casi no hay avance-, el impasse minero, los conflictos sociales, la agenda de la descentralización y la aparente tentación de un sector del gobierno de volver todo a fojas cero.

De eso deberíamos estar discutiendo. Y no solo la prensa, dicho sea de paso, sino también la silente oposición que parece haberse mimetizado con el estilo presidencial de ausentarse para ver por dónde va la marea.

Pero el gobierno parece empeñado en la equivocada estrategia de dejar que un pequeño oleaje se convierta en tormenta y recién entonces intervenir. Lo cuestionable es que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que haya aprendido a hacer política.

Lo que sí cabe es tratar de discernir cómo se están alineando los personajes que seguramente animarán la contienda. Y desde ya un tema que salta a la vista es que no se aprecia en el horizonte ninguna candidatura de izquierda. Es más, casi hasta resulta difícil calificar a alguna como de centro.

En la derecha monda y lironda están Alan García y Pedro Pablo Kuczynski (quien, según varios allegados, se animará a regresar a las lides). A Castañeda lo vemos más cercano a tratar de regresar al sillón de Nicolás de Ribera. Toledo, sin duda, entrará a tallar. El líder de Perú Posible ocupa un espacio en la centroderecha.

Las dos posibles candidatas mujeres –Nadine Heredia y Keiko Fujimori- son las que más cercanas al centro se ubican. Curiosamente, tanto el fujimorismo como el nacionalismo eran agrupaciones que ingresaron al poder desde la izquierda, pero una vez allí gobernaron sobre un eje de centroderecha.

Si se mantiene vigente el criterio según el cual los ciudadanos peruanos votan por el centro, serían ambas las que más posibilidades tendrían. En todo caso, la que mejor logre migrar hacia ese punto medio podría tener mayores ventajas.

Una vez más, ambos movimientos disputarán la misma base social (enorme en los sectores altos y muy fuerte en los sectores populares). La ventaja del fujimorismo es que su arraigo en los sectores populares ha demostrado adherencia a pesar del tiempo transcurrido desde que salió del poder, mientras que el nacionalismo pasa por un proceso en el cual ese predicamento corre el riesgo de perderse si su manejo sensato de la macroeconomía no se acompaña pronto de una política efectiva de inclusión social.

No se aprecia mayor posibilidad de que la izquierda logre acopiar la fuerza suficiente para estar presente protagónicamente. Hoy sus líderes están más empeñados en hacerse notar mediante el azuzamiento de conflictos, pero una cosa es agitar frentes sociales y otra, muy distinta, obtener votos.

Lo que queda claro, en resumen, es que el progreso económico del país está derechizando paulatinamente a la población y, más aún, a la clase política. Ese es el dato novedoso que nos podría traer el 2016. Ya es una realidad en estos momentos. Todo hace prever que dicho escenario se replicará en la campaña electoral.

P.D. Por motivo de vacaciones, esta columna retornará el martes 13 de marzo.

No solo será en Cajamarca que dicha escalada se manifestará. Será en el sur andino, donde, dicho sea de paso, según las últimas encuestas, Ollanta Humala muestra un menor nivel de aprobación, donde veremos de acá a pocas semanas el pulseo.

Motivos y pretextos hay muchos sin duda. Conflictos hay por centenares y buena parte de ellos asentados en los desencuentros entre potenciales inversionistas mineros y las comunidades aledañas. Pero en el fondo de esta levantisca postura no podemos dejar de observar una coordinación entre todos aquellos que se sienten postergados de un gobierno del que ya no forman parte.

La izquierda excluida del poder quiere hacerle sentir al gobierno que su presencia no es fácilmente descartable y que requiere de ella para asegurar niveles mínimos de gobernabilidad.

Frente a lo dicho existe siempre la tentación de enfrentar el tema con mano dura. En muchos casos, sin duda, el principio de autoridad debe imponerse. El Estado no puede claudicar de sus funciones básicas. Pero sería bueno e inteligente que, advertido de ello, primero active las acciones preventivas. Los presidentes regionales son, por ejemplo, en su mayoría, autoridades que no rehúyen el diálogo. Sabemos que ellos no mandan sobre los “frentes de defensa” y que, inclusive estos, no lo hacen sobre la población. Pero en la búsqueda de aliados no estaría demás movilizar esa red de poderes locales.

Lo segundo es tener claro hasta dónde se va a llegar. Es fácil pedir mano dura. La mayoría de partidos seguramente lo hará. La pregunta es si seguirán haciéndolo si el tema escapa de una represión controlada y produce víctimas, como tememos va a ocurrir, dado el radicalismo de muchos líderes locales (en la propia Cajamarca todo parece indicar que el desenlace final, si no se maneja con suprema habilidad e inteligencia, se conduce a ello). En esas circunstancias, todos mirarán de costado, buscarán responsabilidades en el gobierno y querrán dar inicio a una labor opositora, esta vez frontal.

Ollanta Humala no está emprendiendo siquiera una gran reforma liberal en el Perú. Pero eso no les basta a los sectores de la izquierda radical que no toleran su marginación del poder. En esta batalla se juega buena parte del destino del gobierno. Si será uno que transforme en algo las estructuras del manejo gubernativo o si veremos nuevamente un régimen paralizado por el miedo y el chantaje de las calles.

Se ha dicho que el fujimorismo tiene frente a sí la tarea de demostrar que ha hecho abandono auténtico de rémoras autoritarias. Algunos señalan que eso es posible no solo porque los tiempos ya no lo requieren sino porque nuevas voces en su seno disienten de esa fórmula. Otros, en cambio, consideran que el signo de nacimiento del fujimorismo es intrínsecamente autoritario –el 5 de abril- y, por tanto, difícilmente se apartará de esa línea.

No es ésa, sin embargo, la única redefinición que el fujimorismo deberá hacer. También en el aspecto económico es el suyo un movimiento con un mensaje bicéfalo. Fue ortodoxo en términos macroeconómicos, buena parte de la década de los 90, pero también abiertamente populista. Mucho de lo avanzado en materia de reformas fue borrado, no por los que le sucedieron en el poder –Paniagua, Toledo o García-, sino por él mismo. Inclusive, la recesión que sufrió el Perú a finales de los 90 duró más de lo debido porque se manejó de manera puniblemente heterodoxa.

En verdad, eso solo se podrá determinar a ciencia cierta si el fujimorismo gana las elecciones. En el ejercicio del poder se ve a los jugadores. Pero lo que preocupa –de allí el motivo de esta columna aparentemente hiper precoz- es que a la fecha no se ven signos que permitan deducir qué ruta es la que piensa tomar. No se ve en su lideresa, Keiko Fujimori, manifestación de posiciones.

No se ve en su bancada, tampoco, una labor que tome iniciativas en un sentido u otro. En la legislatura del periodo alanista, hubo, por ejemplo, una tarea enorme desplegada por Santiago Fujimori por abolir parte de la maraña de leyes que subsisten, muchas veces de manera contradictoria. Hoy no vemos algo semejante de parte de ninguno de sus parlamentarios.

Y no es que haya ausencia de temas sobre los cuales ejercer liderazgo de opinión. Las reformas pendientes de salud y educación, la revisión del proceso de regionalización, el impulso a la inversión privada, etc., son solo algunos de los tantos temas en los cuales bien podría escucharse su punto de vista. Justamente, la lejanía de las elecciones bien debería servir para que se despeje el horizonte de dudas que pesan sobre el fujimorismo.

Postrado Chávez, lo más seguro es que las elecciones venideras en su país las gane Héctor Capriles, candidato de consenso de la oposición y actual gobernador del Estado Miranda. Concatenado a este triunfo sobrevendría un cambio en la escena política regional pocas veces visto.

Los países centroamericanos que dependen descaradamente de los petrodólares de Chávez, probablemente verán caer los regímenes alimentados por los subsidios que les enviaba su compañero de ruta del llamado “socialismo del siglo XXI”. Y aquellos donde pretendía instalar cabeceras de playa, se librarán de esa amenaza. La propia Cuba, sumida en la peor crisis económica desde su etapa comunista, terminará de hacer implosión. Hoy en día, el régimen de Castro solo se sostiene por la mano generosa de Chávez.

El vástago político del gobernante venezolano, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, va a tener que moderar sus pulsiones autoritarias. Una cosa es hacer lo que está haciendo (acosar a la prensa independiente, maniatar los poderes del Estado, etc.), en medio de una comunidad iberoamericana donde tiene no uno sino varios que lo aplauden o miran de costado, y otra muy distinta convertirse en el paria regional.

Y países grandes del continente que no se comían el pleito, como Brasil, Argentina o México, si Chávez deja el poder, seguramente se atreverán a hacerlo con sus remanentes. Sacado el comandante del Palacio de Miraflores, la sede presidencial venezolana, las grandes potencias políticas de Latinoamérica no tendrán reparo en oponerse a algo que, en verdad, nunca debió permitirse, como ha sido este delirio megalómano, dizque socialista, inspirado tan solo en el deseo de convertir la democracia en un sainete al amparo de los millones de dólares que se extraen de la cuenca petrolera más rica del planeta.

Ya van varias ocasiones en las cuales el sistema interamericano demuestra una pasmosa inutilidad. Desde los tiempos aciagos de las dictaduras derechistas hasta los actuales, donde sinfín de países se sumaron al chavismo, un proyecto autoritario que no cumplía los estándares mínimos exigidos, la comunidad democrática sirvió de poco o nada. Ha tenido que ser una enfermedad extrema la que libre al continente de una amenaza creciente. Eso siempre habrá que recordarlo.

La verdad es que no le falta razón. Somos un país que en las últimas dos décadas ha pasado de ser uno de “ingresos medianos bajos” a uno de “ingresos medianos altos” y, por tanto, fuera del radar de la filantropía global.

Lo que sucede –y ello es inobjetable- es que subsisten inmensos bolsones de pobreza pendientes de solución. El último estudio publicado por Ipsos Apoyo respecto de los niveles socioeconómicos grafica claramente esa discordancia. En Lima y en las diez principales ciudades del país la estructura de ingresos ya no es una pirámide sino, más bien, un rombo, donde los sectores E contienen una población menor que la del sector D. En el caso particular de Lima Metropolitana el 21% de su población pertenece a los sectores A y B, mientras que en el sector E solo lo está el 13%.

En las grandes ciudades el 17% está en el AB y el 20% en el E. El problema aparece cuando nos fijamos en el resto de ciudades y más gravemente en los sectores rurales. En los sectores urbanos –sin contar las diez ciudades más ricas- solo un 2% vive con estándares AB y un 45% lo hace en el E. Y en el Perú rural la cosa es dramática: solo el 2% está en los niveles A, B y C, el 14% en el D y un inmenso y acuciante 84% está en el E.

¿Resolver ese problema pasa por la cooperación internacional? Creemos que no. Pasa, como bien lo señala el último Comentario Diario del Instituto Peruano de Economía, por hacer uso de nuestras propias capacidades y recursos. Señala el IPE que este año habrá aproximadamente 23 mil millones de dólares inutilizados, entre fondos del canon y otro más. Recursos sobran. Lo que falta es capacidad política de emplearlos.

Y en ese esfuerzo se trata de reformar el Estado para que semejante escándalo no se dé. La inversión pública inteligente no es la que reparte limosnas. Es la que abre mercados y deja que luego ellos actúen por su cuenta. De eso se trata. En su remedio radica la verdadera y duradera inclusión social que este gobierno quiere lograr al final de su mandato.