Dos. Es lamentable que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca haya impedido a Alejandro Toledo realizar una conferencia sobre la crisis mundial y su impacto sobre la economía peruana. Actos de intolerancia como estos, haya o no razones para protestar contra las autoridades universitarias, son un ejemplo más de la crisis de las universidades nacionales y del radicalismo que todavía campea en su interior. ¿Sobran, acaso, eventos en los que pueden aprender y debatir sobre lo que sucede en el mundo, sea o no sea el conferencista de su agrado? Estoy seguro de que no. Que una presentación de ideas pueda ser impedida por un grupo de radicales muestra que el pensamiento crítico no goza de salud en la Universidad Nacional de Cajamarca.

Tres. Se le ha otorgado la medalla Defensoría del Pueblo 2012 a Angélica Mendoza de Ascarza, ‘Mamá Angélica’, por su defensa a los derechos humanos. Fundadora –junto a otros familiares de desaparecidos– de la Agrupación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en los ochenta, la señora Angélica simboliza a todos aquellos que tuvieron el coraje de enfrentar a un Estado y una sociedad que preferían ignorarlos cuando no agredirlos. Una indolencia que todavía se mantiene entre muchos peruanos. ¿Usted ha visto a alguno de los que niegan o minimizan los excesos del Estado en el conflicto interno mostrar interés por conocer el vía crucis de cientos de familiares de desaparecidos? Si por un momento estos sujetos se quitaran de encima sus prejuicios y escucharan el relato de la señora Mendoza, probablemente reconocerían que su versión de lo sucedido merece ser revisada. Pero sabemos que con frecuencia los prejuicios son más fuertes que la sensibilidad y que la empatía es cosa extraña en un país con quiebres raciales y sociales tan fuertes como el Perú. El reconocimiento de la Defensoría trae un poco de justicia entre tanta indolencia, y por eso hay que celebrar.

El gobierno muestra sus limitaciones en el VRAE. El ministerio de Energía y Minas cede frente a mineros informales, quienes controlan amplias zonas del territorio. Los choferes de transporte público acumulan papeletas impunemente. Todos estos fenómenos muestran la debilidad de distintas dependencias del Estado, subordinadas, ignoradas o apabulladas por intereses privados y políticos.

En los ochenta conocimos los excesos de un Estado burocrático. Empresas públicas en quiebra eran utilizadas como agencias de empleo. Obras monumentales se construían sin presupuestos técnicos. Una regulación excesiva resultaba funcional a funcionarios corruptos, encargados de otorgar licencias para todo tipo de actividades.

Se dijo en los noventa que se reduciría el Estado para hacerlo más fuerte. Pero quienes realizaron las reformas, tal vez por su ideología antiestatista, fueron mucho mejores demoliendo que construyendo. Había mucho que destruir, por supuesto, pero el mayor reto era poner las bases para un Estado diferente. Claro, es difícil que quienes no creen en el Estado puedan reformarlo. Se despidieron a burócratas pero no se reformó la burocracia. Se crearon islas de eficiencia pero no se adoptaron criterios meritocráticos de selección de personal. Tampoco se crearon instancias capaces de regular con agilidad suficiente el creciente poder de la empresa privada. Y tal vez haya menos margen para la corrupción menuda de licencias y sellos, pero varios escándalos muestran que todavía queda amplio espacio para la gran corrupción de privatizaciones, concesiones y obras públicas.

No creo que este Estado débil sea, como señalan algunos, una consecuencia del modelo económico. El Estado neoliberal actual tiene grandes continuidades con el Estado interventor de los ochenta. Es el mismo Estado débil, incapaz de regular eficientemente actividades ilegales como el narcotráfico, contrabando y terrorismo, y los intereses privados. Algunas islas de eficiencia se salvan, pero son la excepción. Esto es un enorme obstáculo para cualquier gobierno, pues más allá de las buenas o malas intenciones, dificulta la implementación de cualquier tipo de políticas públicas. Y parece ser que este gobierno, como los anteriores, tampoco tiene ideas claras sobre cómo enfrentar el problema.

PD: Toda mi solidaridad con Gastón Garatea, un ser humano excepcional. Indigna ver una institución que sanciona injustamente a uno de sus mejores soldados, mientras que arrastra los pies o calla frente a eventos abominables.

¿Se justifica la censura? La pregunta puede parecer ociosa: si la oposición tiene los votos necesarios, pues ello basta para castigar políticamente al gobierno. Pero si bien por su naturaleza de control político la censura tiene una alta carga subjetiva, ello no debería evitar que los grupos en el Congreso establezcan algunos parámetros informales que permitan una convivencia política razonable, basada en el principio de “no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti”.

Porque lo que ha campeado en el uso de este mecanismo de control parlamentario en el país es la improvisación. Existe en la memoria nacional un muy mal recuerdo sobre el uso abusivo de la censura por parte de la oposición aprista y odriísta durante el primer gobierno de Fernando Belaunde. Sin caer en similares excesos, en años recientes la oposición tampoco ha sido coherente en sus pedidos de censura si los comparamos con su actuación como gobierno. Ilave fue un error gravísimo para la bancada aprista durante el gobierno de Toledo, pero para el gobierno aprista Bagua no justificaba censura alguna. Los fujimoristas que hoy hablan de censura contra ministros que detestan ni se sonrojan cuando se les recuerda cómo blindaban a sus ministros ante denuncias muy graves. Y si Ollanta Humala fuera hoy líder de la oposición ya habría pedido que rueden cabezas por estos hechos, como lo hizo en el periodo anterior en varias ocasiones.

¿Cuáles podrían ser estos criterios de convivencia política? En la mayoría de casos sería saludable que para que proceda la censura el ministro que la enfrenta tenga algún control sobre los hechos bajo consideración. Que el problema haya surgido por sus decisiones o por las de funcionarios bajo su mando directo. Deberían evitarse censuras por hechos que se pierden en una larga cadena de mando en sectores que arrastran profundos problemas históricos. Pero además parece adecuado que la censura también proceda en casos muy serios en los que el gobierno arrastra los pies o ha perdido la brújula. En este caso, los ministros, más allá de su responsabilidad directa, son fusibles para llamar la atención y castigar dichos errores. En el caso de Bagua, por ejemplo, considero que se cumplían ambos requisitos.

Este caso también parece cumplir con los dos criterios, quedando por determinar hasta dónde alcanzan las responsabilidades de los involucrados. En mi opinión, existe una serie de errores en el manejo de los hechos cometidos por miembros del Ejecutivo como por personal bajo supervisión ministerial. Además, la forma arrogante en que se trataron los hechos desde el inicio ante un problema tan serio extiende la responsabilidad al gobierno y bastaría para la censura. Declaraciones contradictorias, incapacidad de reconocer errores, evidencia de improvisación en las operaciones realizadas, son todas razones para sancionar al gobierno. Personalmente, donde para mí cavaron su tumba y sentí se insultaba a los muertos fue cuando el gobierno envió a sus voceros a señalar que una censura era “hacerle el juego al terrorismo”. Es inaceptable que una fuerza democrática equipare el legítimo derecho de la oposición a criticar al gobierno con favorecer a Sendero Luminoso. En un país que ha visto tanta intolerancia por culpa de ese grupo, este argumento efectista para salvar cabezas insulta la inteligencia de los peruanos. Hacerle el juego al terrorismo es, más bien, no reconocer los errores.

Según Infogob, 51% de los congresistas que terminaron su mandato el 2011 intentaron la reelección, la otra mitad tiró la toalla. La mayoría de quienes postularon perdió. La tasa de reelección actual en el Perú es apenas de 22%. Mejor que el 18% del Congreso del 2006, pero anémica en perspectiva comparada. Unos pocos logran volver tras un periodo fuera, pero, en general, cada cinco años tenemos un Congreso integrado por debutantes. De acuerdo con Tanaka y Barnechea (Argumentos, Marzo 2011), 67% de los congresistas elegidos el 2001 y 82% de los del 2006 eran primerizos. La cifra en el Congreso actual está, si la memoria no me falla, entre 70% y 73%.

En otros países es también común que los excongresistas busquen su futuro en la política subnacional. En México, por ejemplo, está prohibida la reelección parlamentaria y por ello la gran mayoría (dos tercios, de acuerdo a un estudio del 2008) de diputados intenta seguir sus carreras políticas como alcaldes o gobernadores. De pronto este patrón se da también en el Perú y el que no lo percibamos es parte de nuestro acentuado limeñismo. Pero mi impresión —y lo observado en los resultados de las últimas elecciones regionales— es que los congresistas no siguen sus carreras en ese nivel y los pocos que lo hacen tienen escaso éxito. Tito Chocano, actual presidente regional de Tacna, o Álex Kouri, alcalde y luego presidente regional del Callao, parecen ser las excepciones que confirman la regla. Para muchos, entonces, la política se acaba tras el Congreso, sea por decisión propia o porque su papel de parlamentarios les envenenó la carrera.

Entonces, si no siguen en política, ¿a qué actividades privadas se dedican? Seguro varios excongresistas honestos se ganan la vida en sus mismas actividades de antes de ser elegidos, o buscan trabajos en actividades que nada tienen que ver con su paso por el Congreso. Pero no me sorprendería que la ausencia de incentivos electorales haga que otros congresistas en ejercicio graviten hacia intereses privados que puedan darles seguridad en el futuro. Otros se dedicarán a impulsar sus propios intereses, los que tenían antes de llegar al Congreso o los que construyeron en el camino. ¿Hay alguna relación entre las comisiones que integraron, las decisiones que tomaron, sus votos en el pleno y sus actuales actividades?

En teoría, el incentivo de reelegirse debería reducir la posibilidad de que los representantes se aparten de los intereses de sus electores. Pero incluso en democracias con congresos fuertes y políticos con horizontes de mediano plazo se cuelan otros intereses que apartan al congresista de una representación “pura”. Por ejemplo, los compromisos que deben realizar para financiar costosas campañas de reelección o para establecer los contactos necesarios para postular a posiciones de mayor jerarquía. Ahora imagínese lo que puede estar sucediendo en un país en el que el horizonte de vida política es de un periodo electoral. Preocupante, ¿no? De pronto se trata de suspicacias exageradas, pero creo que periodistas y politólogos tienen una agenda interesante de investigación por delante.

En la semana de su partida, permítanme compartir dos lecciones que me dejó, con su ejemplo, Jorge Santistevan. La primera es la del líder que sabe que su responsabilidad implica pensar en el mediano plazo y no dejarse llevar por posiciones maximalistas. Santistevan fue un maestro en el arte de navegar en aguas políticas complicadas, balanceando independencia y prudencia. Marcó desde el inicio un estilo crítico frente al gobierno de Fujimori, pero eligiendo sus batallas para no poner en riesgo la institución ni a quienes dependían de ella (los inocentes acusados de terrorismo en prisión, por ejemplo). Recuerdo que algunas veces quienes trabajábamos en la Defensoría consideramos que se tenía que ser más crítico frente a un tema particular. Pero creo que hoy reconocemos que Santistevan, hechas sumas y restas, tuvo razón. Su estrategia le permitió mantener una imagen de independencia, ganar tiempo, acumular legitimidad y recursos, para luego ser muy crítico cuando el fujimorismo intentó la reelección.

Santistevan también demostró cómo construir bases sólidas para una institución estatal, algo extraño en un país donde es común destruirlas o subordinarlas a intereses políticos o económicos. Ese logro tuvo un lado material: alianzas con entidades internacionales de cooperación para obtener fondos, manejo adecuado de recursos, establecer oficinas en diferentes departamentos. Pero el mayor logro, me parece, fue establecer una cultura institucional que todavía se mantiene. Santistevan escogió como sus colaboradores a personas con prestigio, no a segundones ni mediocres. Esa libertad y calidad de los jefes intermedios restaba personalismo a la institución y fortalecía sus distintas áreas. Además, promovió una cultura de servicio, la convicción de que la institución ayudaba, sea a través de quejas individuales o por medio de reportes especiales, a un enorme sector de peruanos invisible para el Estado: pobres extremos, presos, grupos vulnerables.

En suma, Santistevan representó lo mejor de nuestra tradición republicana, el líder que tiene principios e inteligencia, pero que sabe actuar con astucia en un contexto político complicado, el creador que usa su capacidad personal para construir una institución que lo trasciende. Un demócrata, sin duda, pero además uno hábil y eficiente. Una pena que en esta década no haya vuelto a la función pública, como si nuestra paupérrima política pudiera darse el lujo de desperdiciar a este tipo de individuos. 

Nos hemos acostumbrado a asociar hoy a la derecha, democrática o no, con partidos conservadores en lo moral y liberales en lo económico (aunque la tensión entre las alas libertarias y conservadoras de estas coaliciones nos recuerde que esta alianza no es tan “natural”). Pero sabemos bien que una derecha que combine nacionalismo, valores conservadores y Estado del Bienestar no es nueva en la historia. El fascismo muestra que esta combinación también cabe entre lo que calificamos como derecha política. Parte del enorme atractivo electoral y posterior legitimidad autoritaria del fascismo se explica precisamente por su anticapitalismo.

En La primacía de la política (Cambridge U.P., 2006), Sheri Berman explica la importancia de esta dimensión económica para comprender al fascismo. La autora presenta a la socialdemocracia y al fascismo como hermanos gemelos, uno bueno y otro malvado, construidos a inicios del siglo XX en oposición al capitalismo y al comunismo. Ambos rechazaron desde posiciones comunitarias la inseguridad producida por un capitalismo en crecimiento que desarticulaba jerarquías tradicionales, culturas, religiones y formas de vida. Pero ambos movimientos objetaron también las máximas marxistas de lucha de clases y revolución anticapitalista. Para la autora, lo que socialdemócratas y fascistas buscaban no era expropiar al capital privado, sino controlarlo para aprovechar su enorme energía: establecer la primacía de la política sobre la economía.

Las diferencias entre los dos modelos también son muchas, por supuesto. La socialdemocracia propone que del conflicto entre empresarios y trabajadores puede surgir una sólida comunidad construida sobre la base de derechos civiles y políticos, capaz de resolver sus diferencias en la arena electoral. Para el autoritarismo fascista la comunidad nacional tenía un rostro más uniforme y excluyente, donde lo bueno para la sociedad lo determinaban los líderes y no el voto ciudadano. Esos rasgos explican el encanto del fascismo entre sectores conservadores y reaccionarios que encontraron en él una versión popular de su desprecio y miedo a la democracia liberal y al comunismo. A pesar de desconfiar de otros aspectos del fascismo, como la movilización popular o el liderazgo de gorilas sin cultura, la seducción del poder atrajo a muchos conservadores.

La segunda guerra mundial acabó con los regímenes fascistas. Su carga histórica de horrores y fracasos hace difícil que un fascismo como los de antaño pueda llegar al poder en elecciones. La derecha nacionalista europea tiene en su similitud con el discurso fascista uno de sus principales límites electorales. E incluso si gana una elección, probablemente tendría que moderarse para adaptarse a sociedades más plurales, fragmentadas y globalizadas (como sucedió en Austria en el año 2000 cuando la extrema derecha llegó al gobierno como parte de una coalición).

Pero parece saludable mantener las alarmas encendidas, especialmente en estos tiempos. El fascismo ganó fuerza originalmente cuando crisis económicas afectaron a clases medias y trabajadoras, incrementando el sentimiento anticapitalista simbolizado en los banqueros de Wall Street. Y explotar el sentimiento antiinmigración, el desempleo y el costo de los salvatajes de la Unión Europea le dan a estos grupos municiones para atraer votos. Mejor pecar de alarmistas que de complacientes.

El Congreso está atrapado en un círculo vicioso difícil de romper. Si no hay partidos políticos fuertes, los elegidos para conformar las listas parlamentarias les deben poco o nada a los grupos que los llevaron al Congreso. Los partidos no tienen cuadros prestigiosos ni competitivos en la arena electoral. Estos grupos, además, están quebrados económicamente. Sus listas parlamentarias se elaboran buscando candidatos populares y/o con recursos de campaña. Personas que no tienen experiencia política pero gozan de popularidad, caudillos locales o personajes dispuestos a invertir en las campañas pensando en algún fin ulterior. La legislación electoral se acomoda a esta debilidad y permite invitados o que se formen alianzas de “partidos” para evitar que pierdan el registro. Tampoco hay que vender la idea de que partidos más fuertes mejorarán sustancialmente la imagen del Congreso, basta mirar el país en los ochenta. Pero más fortaleza partidaria ayudaría a reducir varias de las conductas que asociamos con el desprestigio del Congreso.

Si los elegidos le deben poco o nada al partido, la conducta dentro del Congreso será la de aventureros en busca de sus propios intereses. Al Congreso llegan grupos parlamentarias ya quebrados, pegados con babas. Surgen tránsfugas o incluso grupos ad-hoc creados por desertores de uno o varios partidos. Los personajes que llegaron los partidos durante la elección muestran las perlas que escondían sus candidaturas: estafas, actividades ilegales, escándalos familiares. Los esfuerzos serios por cambiar las cosas, que los hay, se pierden entre estos casos lamentables.

Y mientras se acerca el fin del mandato parlamentario las cosas se ponen peor. Varios congresistas de regiones, ya desconectados totalmente de sus votantes, buscan con desesperación postular por Lima. Otros se comportan como vagones de tren, formando bancadas de apoyo a candidatos viables en la elección presidencial, como sucedió con Castañeda en el Congreso pasado. La historia termina con un nuevo Congreso elegido en las mismas condiciones, una renovación casi total de reparto, pero de nuevo con pésimos actores. Cada ciclo la ciudadanía refuerza todos sus prejuicios y rencores hacia sus parlamentarios. Y, por supuesto, contra los partidos políticos que eligen a estos parlamentarios, incidiendo en la debilidad partidaria.

En esas condiciones, el Congreso ejerce pobremente sus funciones. Como es obvio, no representa en forma adecuada a los electores. Tampoco controla al Ejecutivo. El Ejecutivo puede negociar fácilmente mayorías con estos aventureros que encuentran más provechoso para sus intereses convertirse en sus satélites que en opositores. Apenas una vez en once años un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria ha perdido la Mesa Directiva. Fiscaliza más que el Congreso de los noventa, claro. Pero es una fuerza reactiva, sin una agenda clara.

¿Cómo romper el círculo vicioso? Ya señalé en anteriores columnas mi desconfianza a las recetas de reformas electorales o del reglamento del Congreso. Los veo como bienintencionados esfuerzos, pero difícilmente suficientes: la realidad de debilidad partidaria rebalsará las reglas (si es que se adoptan) y se acomodará a ellas. Y señalar que hay que reforzar los partidos es patear el dilema un paso atrás: ¿cómo “creamos” partidos fuertes? Parece que lo más recomendable y realista es ser modestos en los objetivos, pero más eficientes en cumplirlos: fortalecer las instancias de fiscalización para controlar tanto a los candidatos como a los aportes económicos a los partidos. Y continuar, y mejorar, el trabajo de ciertas instancias de sanción al interior del Congreso.

A grandes rasgos, creo que hay un 20-25% de entusiastas del modelo económico que vota por la continuidad. Son quienes más se han beneficiado del crecimiento en las últimas dos décadas. Simplificando, el voto de Lourdes Flores o de PPK: urbano, costeño, fuerte en zonas de dinamismo económico y crecimiento demográfico. Un grupo minoritario, pero muy relevante como ancla conservadora.

Luego tenemos un 30-35% de ciudadanos críticos. Demandan reformas profundas y más redistribución desde el Estado, sea por ideología, frustración o por sentirse relegados del crecimiento. Por lo general concentrados en regiones que no se han enganchado al modelo, este numeroso grupo tampoco es capaz de ganar la presidencia en primera vuelta.

Al medio hay un grupo que representa al 50-40% de voto, sin preferencias homogéneas pero distinguible de los otros dos grupos. En materia económica este grupo toleraría algunas reformas al statu quo pues carecen del ánimo conservador de los entusiastas. Pero tampoco apuestan por grandes cambios, menos cuando hay un crecimiento alto que los beneficia directa o indirectamente.

Dada esta composición electoral, un candidato tiene que aproximarse al centro para ganar la segunda vuelta. Pero, aunque moderados, estos electores tolerarían un gobierno que realice cambios y reformas más profundas que las actuales. Es aquí donde entran a tallar los factores señalados la semana pasada, jalando al gobierno hacia la derecha.

El Presidente elegido llega al poder sin un partido que lo ate a su posición reformista de campaña. A un lado tiene empresarios organizados que ejercen presión para evitar reformas profundas. Asimismo, lo rodean tecnócratas que, además de saber gestionar el Estado, le muestran que la estabilidad de su gobierno depende de mantener el crecimiento económico. Al otro lado del espectro no hay casi nada: ni sindicatos, ni partidos organizados de izquierda, ni organizaciones sociales con agenda y organización nacional. El Congreso tampoco “ancla” las preferencias electorales. No hay partidos políticos fuertes que representen a estos grupos electorales, sino mucho transfuguismo, fragmentación y aventureros.

Incluso más: en el caso de Humala politizar la economía le daría municiones a la oposición en el Congreso. La oposición, en cierta forma, necesitaba de un Humala reformista para representar los intereses de quienes preferían cambios moderados o no querían ningún cambio. Humala ya tiene a los opositores de la continuidad, la izquierda parlamentaria, tranquila y callada en su gobierno. ¿Para qué abrirse otro frente politizando la economía? Por todo ello, al gobernante le es más fácil y rentable optar por la continuidad.

Dejo el análisis y paso a la opinión. Creo que esta continuidad trae grandes beneficios, basta ver las cifras presentadas por el INEI esta semana para comprobarlo. Considero, además, que el modelo se sostiene en bases más sólidas que otros modelos de desarrollo del pasado. Pero los optimistas de la continuidad no reconocen el grave problema de representación democrática que existe cuando los gobiernos no responden a las preferencias de sus votantes. El optimismo tampoco deja ver lo dependiente que es el modelo de factores externos, como precios altos de materias primas. ¿Creen los optimistas que la mayoría de electores votarán por la continuidad si nos golpea un shock externo, como una caída del precio de los minerales, por ejemplo? Si no reconocemos los límites del sistema político peruano, la necesidad de hacer reformas para tiempos económicos duros y los problemas de legitimidad del modelo, este periodo de crecimiento puede ser recordado como otra oportunidad perdida.

Para algunos comentaristas este diagnóstico es equivocado. Humala simplemente estaría aplicando la moderada Hoja de Ruta que prometió en segunda vuelta: no habría desfase electoral alguno. Creo que estos analistas se equivocan. Humala está gobernando más a la derecha de lo que señalaba ese documento que, dicho sea de paso, los espantaba. Varios temas que el candidato Humala defendió en segunda vuelta han perdido relevancia y, especialmente, la retórica de cambio ha desaparecido. Si bien todavía es posible que Humala se coloque un poco más al centro que sus predecesores, esto no lo coloca como el reformista que prometió ser. Comparto, entonces, el diagnóstico de continuidad ofrecido por Vergara.

La pregunta a desentrañar es qué explica esta continuidad. Alberto está investigando el tema, y tendrá más que decir al respecto de lo que yo pueda hacer en este espacio, pero quería aportar al debate con algunas ideas. Esta semana descarto una explicación para la continuidad centrada en el poder de la empresa privada, pero rescato el aporte crucial de esta posición para resolver el rompecabezas. Añado otro factor, la tecnocracia económica. La próxima semana termino el análisis discutiendo un factor más: la base electoral/social de la continuidad.

Una explicación centrada en la empresa privada resalta que sectores exportadores, mineros y financieros, los ganadores de las reformas de apertura de los noventa, tienen hoy el poder y los recursos para capturar a políticos y los centros de decisión del Estado, asegurando la continuidad del modelo económico. La cercanía de estos intereses con medios de comunicación permitiría descalificar ideas y propuestas que cuestionen este consenso.

Estoy de acuerdo en que estos actores privados son esenciales para jalar al Ejecutivo hacia el lado derecho. La ausencia de grupos organizados y con poder en el lado izquierdo (sindicatos, partidos de izquierda, etc.) incrementa esta influencia. Sin embargo, no creo que baste como explicación. Atahualpa Humala parece estar muy a gusto jugando ajedrez con los empresarios Pizarro como para hablar de capturas y rescates. Hay algo en ese espacio que es cómodo para los políticos y que no se explica solo por presiones o influencias. Pero los grupos económicos son sin duda un primer factor clave.

Esta versión de captura empresarial minimiza la importancia independiente de un segundo factor: tecnócratas ortodoxos en puestos claves de decisión del Estado que temen un retorno a las políticas de los ochenta y desconfían de políticos dispendiosos. Considero que estos tecnócratas tienen un peso y agenda propia que impide calificarlos como simples subordinados a la gran empresa, aunque sin duda coinciden en muchas de sus posiciones con dichos intereses privados (a veces con olor a corrupción) y existe una peligrosa puerta giratoria entre empresa privada y tecnocracia. Estos actores tienen años de experiencia de gestión del Estado, saben solucionar problemas complejos, participan en redes transnacionales y conocen qué puertas tocar en el mundo internacional. Es decir, todo lo que falta a políticos sin partido que necesitan dar señales de responsabilidad económica y evitar errores costosos.

Tecnócratas y empresa privada mueven al Gobierno hacia la derecha, pero no bastan para explicar la continuidad. Hay también un factor electoral a considerar: los elegidos para gobernar ya están parados cerca al centro, un centro más abierto a posibles reformas de lo que cree la derecha, pero con intereses distintos a los de los más críticos del sistema. La próxima semana discuto dicho factor y redondeo la idea.

Dudo que los libros puedan ser responsabilizados por el pesimismo de un país que era semianalfabeto hasta entrado el siglo XX, y menos si la lectura dista de ser una actividad popular. Además, estoy seguro de que estaríamos peor si nuestros personajes de ficción fueran triunfadores, pues no tendríamos ni siquiera buena literatura para balancear nuestros fracasos. ¿Se imaginan a un Zavalita optimista, al juez Montenegro organizando talleres de autoayuda en Rancaso, al zambo Bobby López conquistando a Queca tras un buen coaching? No solo cursi, sino irreal.

Cuando el articulista pasa a la historia las cosas se ponen peor, pues comprendemos que el cuento literario viene con moraleja política. Este derrotismo, nos dice, contribuye a fomentar lo que siguiendo a Von Mises denomina “el dogma Montaigne”: la creencia de que la riqueza es la causa de la pobreza, de que los de abajo están fregados por culpa de los de arriba. Ese falso dogma explicaría atrocidades tales como la Revolución francesa (¿con las nefastas igualdad y fraternidad?) y el genocidio stalinista. Nos haría rechazar la civilización y los evidentes beneficios del mercado. La moraleja local sería que por culpa del dogma ponemos trabas a la inversión privada y al progreso.

Comparto la idea de que varios de nuestros desencuentros provienen de dogmas que simplifican los problemas de la sociedad. Sin duda la historia está llena de buenos deseos convertidos en carnicerías. Y de acuerdo, también, en que las recetas de los que culpan al capitalismo de todos los males sociales muchas veces son peores que la supuesta enfermedad. Pero, vamos, los de arriba también se han portado bastante mal en la historia como para señalar que todo se trata de un malentendido o de purita envidia. Por cada injusticia de un reformista radical hay una atrocidad similar de parte de los privilegiados, de aquellos que creen que todo estaría bien si los de abajo aceptan pacíficamente que los intereses de los ganadores son los mismos que los intereses de toda la sociedad.

Martin Luther King o Nelson Mandela, por ejemplo, tenían buenas razones para creer que en sus sociedades las instituciones favorecían la continuidad de regímenes racistas que sus élites consideraban justos. A quienes lucharon por mejores condiciones laborales y denunciaron los límites de la igualdad en la Europa de inicios del siglo XX también les dijeron que las cosas estaban bien y que cambiarlas haría todo peor. Que Europa haya mirado con sorna las promesas de igualdad soviéticas pasó, en parte, por el balance entre capitalismo e igualdad que lograron algunas de sus sociedades. ¿No es posible que donde De la Torre ve progreso otros vean problemas e injusticias? ¿Somos tan poco humildes como para no considerar que tal vez hay algo o mucho de cierto en las quejas de los más críticos? ¿No es la esencia de la política discrepar sobre estos asuntos?

Sin duda debemos debatir con doctrinas radicales que prometen el cambio fácil sin reconocer los retos que enfrenta un país pobre. Pero tan o más urgente es pensar cómo lograr mayor legitimidad política en este país donde creerse un triunfador y ser optimista no basta todavía para romper poderosas barreras de cuna. Porque los dogmas pesimistas probablemente sean más creíbles si las élites optan por dar clases de autoayuda simplonas. Sospecho que Ribeyro y Vallejo fueron grandes escritores por desarrollar su capacidad de empatía, algo que se extraña en buena parte de nuestras élites económicas.

Hace tres meses, al discutir el cambio de Gabinete y la actuación del Gobierno en el conflicto en Cajamarca, me preguntaba (Mano Dura 11/12/2011) qué pasaría con la popularidad de Ollanta Humala tras estas decisiones. Asimismo, hace dos meses (Revocatoria 8/1/2012) evaluaba si la revocatoria de Susana Villarán era tan probable como señalaban sus entonces triunfalistas opositores.  

Los que leen esta columna con regularidad se habrán dado cuenta de que me gusta evaluar las predicciones propias y las de otros analistas. Creo que es un ejercicio interesante y, lamentablemente, poco común. Intentar mirar más de cerca lo que nos enseña la realidad, dejando de lado prejuicios y anteojeras ideológicas, tiene la virtud de permitirnos entender mejor la política y aprender de nuestros aciertos y (varios) errores. Ya es posible ofrecer algunas respuestas tentativas en ambos temas.

En el primer caso me declaraba ignorante y ofrecía dos escenarios. Señalaba que era posible que con la “derechización”, entendida como la continuidad del modelo económico y una posición dura frente a sus viejos aliados a nivel local, la aprobación del Gobierno cayera a los niveles de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García: apoyo moderado en la costa y el norte del país, rechazo en las zonas donde Humala ganó en primera vuelta. Pero decía que también era posible que, al tomar esta posición, Humala ganara apoyo entre quienes no votaron por él y que gracias a nuevos programas sociales y otras medidas, mantuviese el apoyo de parte de sus votantes de primera vuelta. Esta combinación de continuidad y cambio moderado le permitiría mantener o incrementar su popularidad.

Tres meses después, vemos que Humala recuperó sus niveles de popularidad iniciales, con cifras bastante homogéneas a través de clases sociales y regiones (aunque hay que tener en cuenta el sesgo urbano de las encuestas). Medidas como el impuesto a las sobreganancias mineras, nuevos programas sociales y gestos simples pero significativos, como sus viajes (y los de Nadine Heredia) al interior del país, le permitirían contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad. Lo que algunos de sus ex aliados de izquierda señalaron como un viraje electoral (visión que comparto parcialmente) no apartaron a Humala de toda su base de primera vuelta, que evalúan al Gobierno de manera distinta.

Sin embargo, tal vez por su heterogeneidad, esta base no parece ser incondicional ni fácil de consolidar. Veremos qué tan estable es este apoyo si Humala se ve obligado a definirse en ciertos casos sensibles, sean protestas sociales o los infaltables escándalos de corrupción. No olvidemos que la popularidad de Alan García inicia su lenta caída recién en enero/febrero de su primer año. Pero hasta el momento Humala ha logrado un apoyo bastante alto y diverso que lo distingue de los anteriores presidentes.

En el caso de Villarán, sí me animé a opinar que el proceso fracasaría. Y no por una recuperación milagrosa de la alcaldesa sino por lo complicado del proceso de revocatoria en una gran ciudad y, fundamentalmente, por lo difícil que es articular algo, lo que sea, en el Perú. Organizar protestas, construir partidos políticos o, como en este caso, movilizar oposición, resulta muy difícil por la falta de legitimidad de los liderazgos y la debilidad de las organizaciones existentes. Revocadores grises y la ausencia de transparencia en el financiamiento del proceso parecen empujar la revocatoria hacia el fracaso. Esto no significa que la alcaldesa sea popular, simplemente que sus opositores tampoco lo son. 

Mientras algunos partidos de izquierda en América Latina desarrollaron raíces profundas en sus sociedades, construyeron organizaciones partidarias fuertes y ganaron elecciones nacionales (el PT de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo), otros sufrieron divisiones y perdieron seguidores, algunos incluso después de alcanzar buenos resultados iniciales (como La Causa Radical en Venezuela y la IU en el Perú). ¿Cómo explicar estas diferentes trayectorias?

En mi investigación doctoral propongo que tanto la escena institucional bajo la que se desarrolló un partido de izquierda en sus momentos formativos, como los tipos de desafíos enfrentados por dicho partido durante su fundación, determinan su futura habilidad para adaptarse exitosamente a cambios en el contexto político.

Primero, en los países latinoamericanos en los que la represión autoritaria desmontó la estructura organizativa y la capacidad de movilización de partidos izquierdistas pre-existentes, surgió un espacio en el espectro político que permitió el nacimiento de nuevos partidos izquierdistas sin ataduras con el Marxismo-Leninismo ortodoxo. En tales países, la izquierda rechazó ideologías utópicas iliberales, reconoció el valor de comprometerse con los demás partidos democráticos y adoptó el papel de defensor de los derechos políticos (en parte, para defenderse de la represión gubernamental).

Entretanto, la izquierda tradicional peruana floreció bajo la dictadura militar. Como no hubo una represión fuerte (en comparación al Cono Sur), nunca surgió la necesidad de moderarse. De hecho, la izquierda, inicialmente, se radicalizó para diferenciarse de Velasco. Luego, como cualquier grupo político podía participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente; independientemente de su ideología, la izquierda no tuvo ninguna razón para moderarse.

La IU y el PT fueron fundados con apenas siete meses de diferencia. Pero mientras el PT nació como un partido de la izquierda “reformada”, la IU nació como un partido todavía ortodoxo, dogmático y sectario, características que perjudicarían sus oportunidades de moderarse en el largo plazo.

Segundo, las medidas arbitrarias utilizadas por muchos regímenes autoritarios para perseguir a los partidos izquierdistas animaron involuntariamente la construcción de partidos de izquierda fuertes y flexibles. Debido a que el proceso de construcción partidaria tiene un alto costo político y económico a corto plazo, y su valor institucional electoral solo se reconoce a largo plazo, los partidos necesitan un incentivo externo (por ejemplo, una amenaza a su existencia) para embarcarse en este esfuerzo.

Para poder sobrevivir y superar dichos desafíos, estos partidos tuvieron que construir organizaciones disciplinadas y capaces de adaptarse: desarrollaron una burocracia partidaria, crearon una estructura jerárquica y adoptaron mecanismos mayoritarios de toma de decisiones. Este desarrollo organizativo ayudó involuntariamente a que estos partidos se moderen y modernicen. Porque, por lo general, el cambio institucional profundo en la historia se da “de arriba hacia abajo”, con liderazgos claros y con partidarios disciplinados.

La alianza electoral IU no pudo unificarse; menos aún construir un partido con esas características. Sin un enemigo común, los líderes de los partidos representados en IU no tuvieron incentivos para superar su sectarismo y, por eso, insistieron en adoptar un mecanismo consensual de toma de decisiones. Un fenómeno similar ha estado presente en La Causa Radical: como nunca tuvo un incentivo para unificarse por un desafío externo (porque nació bajo una democracia nominal), el partido permaneció poco organizado. Igual que la IU, LCR nunca desarrolló una institución partidaria ni capacidad organizacional y siempre insistió en tomar las decisiones por consenso. Igual que la IU, LCR fracasó electoralmente. Sin una organización moderna y eficaz, entonces los partidos no tienen chance de adaptarse con éxito a los cambios externos.

En síntesis, cuando enfrentaron desafíos cruciales al inicio de su vida institucional, los partidos izquierdistas fueron forzados a realizar cambios que, involuntariamente, ayudarían al futuro proceso de moderarse, modernizarse y poder adaptarse a sus nuevas condiciones. Por el contrario, cuando estos desafíos no estuvieron presentes, los partidos de izquierda quedaron incapacitados para adaptarse a las nuevas realidades de la competencia electoral. Parece que el éxito requiere sacrificios.

Daniel Nogueira Budny

Levitsky trata el tema del Fujimorismo en dos artículos publicados en La República. En el primero explica por qué la democracia en América Latina es más sólida en países donde los partidos de derecha democráticos son competitivos. Señala que, a diferencia de la derecha tradicional, el Fujimorismo tiene mejores condiciones para ser un partido popular. Si se modera y adopta valores democráticos podría ser el partido de derecha democrático que le falta al Perú. En el segundo artículo, Levitsky explica por qué considera que el Fujimorismo tiene mejores materias primas para convertirse en un partido político duradero.

Meléndez responde desde El Comercio. No cree que el Fujimorismo pueda ser democrático, cuando menos no en el mediano plazo, por dos razones. La primera se enfoca en la historia y características del partido. Su momento fundacional es un golpe de Estado y por diez años gobernó en forma abusiva. Estas características son todavía motivo de orgullo para parte de su liderazgo, que minimiza o justifica sus crímenes. Es muy difícil, por tanto, que ese Fujimorismo se modere o logre coaliciones con otros sectores de la derecha democrática. La segunda razón que ofrece Meléndez para dudar de una moderación fujimorista es que el votante naranja es poco democrático. Si lo entiendo, el Fujimorismo estaría anclado a sus votantes autoritarios.

Creo que Levitsky puede responder a la segunda razón de Meléndez con facilidad: los votantes del Fujimorismo no lo abandonarán si se mueve un poco hacia el centro. Tiene bastante espacio político para hacerlo. A Levitsky le faltó señalar la razón por la que al Fujimorismo la interesaría moderarse: ganar elecciones. Un par de pasos hacia el centro le permitirían atraer nuevos votantes y ser más competitivo, como hicieron otros partidos de pasado autoritario.

La primera razón de Meléndez, sin embargo, sí me parece muy poderosa. Veo difícil que el liderazgo del partido se modere, aunque le convenga hacerlo. En buena cuenta por su historia y estilo, pero también porque creo que las derrotas electorales son fundamentales para aprender del costo del extremismo. Y sospecho que el Fujimorismo no ve la elección del 2011 como una derrota. Con una plancha de halcones logró llegar a segunda vuelta y allí, con pocos gestos de arrepentimiento, casi gana la elección.

En realidad, si los Fujimoristas hicieran una autocrítica seria, reconocerían que la elección mostró muchas de sus debilidades. Su intención de voto en primera vuelta nunca creció. Llegaron a segunda vuelta, en parte, por la fragmentación de sus rivales antes que por una campaña exitosa. En segunda vuelta los benefició el miedo económico. Y, finalmente, el sur peruano les dio la espalda, demostrando que su supuesta llegada a este sector por la pacificación o el clientelismo de los noventa era más limitada de lo que pensaron. Sin duda fuertes, pero menos de lo que creían, y con agendas y temas que van perdiendo relevancia electoral.

Mi lectura es que esta elección refuerza su estilo poco democrático. Evidencia de esta terquedad autoritaria, creo, es ver al Fujimorismo agresivo de siempre dando la cara en los medios y en el Congreso. En el mediano plazo, entonces, veo improbable un fujimorismo moderado, sea por convicción o por conveniencia. En unos años veremos qué queda de toda esta especulación.

Un libro de los noventa, ‘Politics by Other Means’ (La Política por Otros Medios) de Benjamin Ginsberg y Martin Shefter, ofrece, entre otras ideas interesantes y polémicas, una explicación para este entrampamiento. Para los autores, el problema tiene sus raíces en los años sesenta y setenta, cuando el Partido Demócrata se vio invadido por activistas. Los activistas fueron bien recibidos pues eran muy útiles para ganar elecciones parlamentarias y fortalecían la capacidad organizativa del partido a nivel local. Pero en el mediano plazo las agendas ideológicas de dichos actores apartaron al partido de los intereses de sus votantes. Asimismo, debilitaron su propia organización partidaria al depender cada vez más de dichos grupos para la logística electoral.

Este activismo tuvo efectos particularmente negativos en las primarias presidenciales, pues la presión interna de estos actores termina apartando al candidato elegido del elector medio. Un suicidio en un sistema bipartidista. Los Demócratas descubrieron este costo en los ochenta, al nominar candidatos presidenciales débiles.

Pues bien, hoy los Republicanos viven la misma situación. Desde los ochenta creció su propia base de activistas conservadores. Las ideas y agendas de líderes religiosos, agresivos conductores de radio, impresentables activistas antiinmigración y miembros del Tea Party tienen hoy un peso enorme en el partido. El libro no trata directamente el activismo conservador en las primarias republicanas, pero es fácil aplicar el argumento al caso actual. Tanto poder tienen hoy estos grupos, que incluso candidatos moderados (o más moderados) adoptan banderas conservadoras para ganar la nominación. Estas banderas, claro, les pasarán factura en la elección general.

Para dichos activistas conservadores, el diagnóstico es errado: EE.UU. quiere más religión y más moral, y el candidato que defienda estos valores subirá en las encuestas. El problema es que la realidad electoral los desmiente. La América conservadora es todavía muy poderosa, pero lo es cada vez menos en términos de votos. Los Republicanos deberían estar discutiendo seriamente cómo los cambios demográficos afectarán en el mediano plazo, qué nuevos discursos son atractivos para hijos de inmigrantes y cómo mantener en el partido a laicos de derecha molestos con el fanatismo religioso. Por el contrario, siguen discutiendo si un mormón como Romney representa o no a la América profunda.

Si bien en el Perú estamos lejos de una situación similar, pues carecemos de partidos institucionalizados, podemos hacer algunos paralelos con el liderazgo de viejos y nuevos partidos. El activismo e ideologización de los dirigentes de Izquierda Unida en los ochenta, por ejemplo, hizo que ese partido se preocupara más por debatir lo que El Pueblo (en abstracto) necesitaba y menos por entender lo que el electorado pedía. Del mismo modo, los Fujimoristas definieron su estrategia electoral del 2011 de la mano de líderes que parecían la célula local del Tea Party y no escucharon a sus líderes más moderados. Los activistas, sin duda, aportan ideas y entusiasmo, ambos necesarios para que un partido gane identidad. Pero un balance entre activismo y pragmatismo parece necesario si un partido pretende ser competitivo en la arena electoral.

Alfredo Bullard responde (La Sabiduría es la causa de la Ignorancia) que la posición de Portocarrero es absurda, entre otras cosas, porque no hay “causas” para la pobreza ni existe la renta. La pobreza sería la condición natural del hombre y seguiremos siendo pobres si no creamos riqueza. Solo por medio de instituciones e incentivos que promuevan la creación de riqueza es que podemos escapar de nuestro primitivo estado natural. Un paso clave para su argumento, aunque apenas lo discute, es que en cuanto esa riqueza no existía antes, le pertenecerá únicamente a quien la crea. Cualquier redistribución será un “robo” que, además, impide el progreso. En nuestro caso, como las empresas mineras son las que crean la riqueza no habría que discutir ninguna redistribución.

Sin duda, Tomistas, Marxistas, Strausseanos, comunitaristas, entre otros, tendrán mucho que decir sobre la concepción libertaria de la propiedad que nos ofrece Bullard. Porque lo que él presenta como verdades sólidas son, en realidad, el extremo derecho de un largo continuo de teorías sobre la correcta relación entre propiedad privada y el bien común en la filosofía política. Otros tendrán más y mejores críticas que hacerle. Quiero discutir, más bien, el tema central del artículo de Portocarrero, el cual Bullard ni siquiera se detiene a evaluar: la relación entre renta y conflicto social. Que para Bullard este punto sea invisible dice mucho de la ingenuidad a la que lo lleva su ideología.

El artículo de Portocarrero se basa en una idea bastante razonable y verificable: si aumentan las rentas derivadas de recursos naturales, aumentan los conflictos sociales redistributivos. Perdón, lo había olvidado, la renta no existe. Usemos los términos de Bullard: allí donde se crea más riqueza habrá mayor posibilidad de conflicto por culpa de quienes quieren “robársela”. Llámelo como quiera, pero el resultado es el mismo: conflicto. Esta situación se da en el Perú, en Nigeria, Venezuela y en diversos países con instituciones débiles en los que abundan los recursos naturales.

Partiendo de esta realidad, Portocarrero recomienda prudencia. Si no se actúa para reducir estos riesgos podemos dilapidar recursos que deberían servir para el desarrollo. Para Bullard esta discusión es absurda y no debería darse: ya que la redistribución no se justifica, no hay causa real para estos conflictos. El problema es de Portocarrero y de quienes no “entienden” las sencillas verdades de la propiedad, la riqueza y el futuro venturoso. Pero sí hay conflictos, pues. Y, malas noticias, no desaparecerán porque de acuerdo a Robert Nozick ellos no deberían estar allí.

En un país como el Perú es de mal gusto que sean, justamente, quienes fueron mejor tratados por la vida quienes afirmen que la pobreza no tiene causas. Que la ideología calce a la perfección con nuestros intereses materiales debería ser motivo de algún rubor. Pero que Bullard crea lo que quiera, finalmente, eso es secundario. Lo problemático es que esas creencias lo lleven a calificar de absurda la opinión de quien nos alerta de un problema político del tamaño de un dinosaurio. Eso es en realidad lo absurdo.

Antes de discutir el argumento quisiera aclarar que me parece exagerado atribuir la reaparición de Sendero a lo que digan o dejen de decir las élites, obviando otras causas de fondo y, sobre todo, sobredimensionando el impacto de estos debates en una sociedad segmentada y poco informada. Estoy de acuerdo en que estaríamos mejor vacunados contra Sendero si las élites hubiesen enfrentado de mejor manera el tema de la violencia, pero no exageremos apuntando a dichas élites, sean de izquierda o de derecha, como causa principal o única para el surgimiento del MOVADEF. Con esos límites más claros, ¿tiene razón de Althaus?

Simpatizo con parte del argumento: existe una historia positiva que contar sobre la derrota de Sendero que merecía ser mejor difundida. Vencimos a un movimiento fanático y sanguinario, y diversos sectores de la sociedad participaron en ese logro. Desde la derecha, de Althaus y otros pocos -como Juan Carlos Tafur o Víctor Andrés Ponce-, han resaltado esta versión. También hay quienes desde la izquierda nos ofrecieron esta historia de resistencia popular al radicalismo, como Carlos Iván Degregori y José Luis Rénique.

En lo que discrepo es en culpar a quienes criticaron a las FF.AA. y al fujimorismo por la ausencia de esta versión constructiva. Igual responsabilidad tiene buena parte de la derecha política e intelectual, que optó por silenciar todo debate sobre la violencia. El Informe Final de la CVR ya contenía, por ejemplo, una amplia discusión y reconocimiento a militares, ronderos y otros actores sociales por su papel en la derrota de Sendero. Pero en vez de resaltar esta narrativa del informe, o criticarlo en forma inteligente, buena parte de esa derecha prefirió sacar el verduguillo.

Para el grueso de la derecha, Sendero fue simplemente un grupo terrorista que se extendió en la sociedad por la influencia de unos marxistas que contaminaron el paraíso. Una interpretación tan simple e incompleta como la ofrecida por parte de la izquierda en los ochenta para explicar la violencia por la desigualdad y la pobreza, negándole así importancia a ideologías violentistas en el crecimiento del radicalismo. La CVR ofrece una explicación en la que ambos factores tienen peso propio. Al no debatir esta versión en forma constructiva perdimos la oportunidad de construir ciertos consensos sobre lo vivido, tanto en lo positivo como en lo negativo, que nos hubieran permitido estar un poco mejor preparados como sociedad para enfrentar a los apologetas de Sendero. A de Althaus le faltó resaltar este aspecto crucial en su interesante artículo.

La respuesta de algunos periodistas ante este cinismo ha sido indignarse, mandando callar al entrevistado. Es difícil dar lecciones sobre cómo actuar ante una situación de este tipo. Sin embargo, creo que más efectivo que perder la calma sería mostrar las contradicciones del argumento. Y para ello es necesario conocer mejor a Sendero.

Por ejemplo, para responder al cínico puede usarse un texto de Ponciano del Pino, llamado ‘Familia Cultura y Revolución: Vida Cotidiana en Sendero Luminoso’ (en: Steve Stern Ed. Los Senderos Insólitos del Perú, IEP 1998). He usado el artículo en clase para aterrizar el tema de los totalitarismos al caso peruano. Su efecto es muy poderoso en jóvenes que nacieron después de la captura de Abimael Guzmán.

Del Pino entrevista a personas que vivieron en tres poblaciones controladas por Sendero. Sus testimonios nos ofrecen una aproximación a cómo hubiese sido la vida, de haber ganado Sendero la guerra. El autor muestra cómo, tras una primera etapa en la que los dirigentes intentaron atraer a los pobladores (“la masa”) a su causa con la promesa de cambios sociales, la vida se volvió un infierno.

Sendero implantó una sociedad totalitaria, donde toda persona vivía para el partido y su líder. Lo hizo en base a ejecuciones, reclutamientos forzados, ideologización de niños y castigos corporales. La ideología debía ocupar todos los espacios de la vida, por lo que había que romper con lazos familiares, eliminar la tradición y prohibir la religión. No había familiares, había compañeros. No se rezaba a Dios, se rogaba al Presidente Gonzalo. Pero además la prometida sociedad sin clases se convirtió en una sociedad en la que los Senderistas eran los explotadores.

Del Pino documenta múltiples formas de resistencia pasiva entre los pobladores. Adoptar métodos de control de natalidad para no tener hijos que puedan serles arrebatados para la guerra o fugar de noche, por ejemplo. Finalmente, cuando Sendero está débil, la resistencia es abierta. En un caso, los pobladores matan a los dirigentes para acogerse a la Ley de Arrepentimiento.

La vida en estas tres comunidades muestra que los muertos de Sendero no fueron costos de la guerra ni errores lamentables, sino la consecuencia lógica, justificada ideológicamente, de su proyecto totalitario. Si ganaban la guerra estas conductas no se hubiesen detenido. Por el contrario, se hubiesen radicalizado al contar con el poder del Estado para crear su sociedad utópica bizarra. Moldear la realidad hubiese requerido campos de concentración y asesinatos masivos, todo justificado como “costos” para un mejor mañana. Eran los primeros pasos del genocidio, un experimento de lo que se venía.

De acuerdo con que se niegue el registro como partido político al MOVADEF, por cuestiones de forma y fondo. Pero, como han señalado otros comentaristas, sería iluso creer que un problema social se arregla con esa resolución. Lo visto en estos días debería llevar a una reflexión más profunda sobre qué más hacer para combatir estas ideas fanáticas.

Sin duda los partidos deberían combatir políticamente estas ideas en la sociedad. Lamentablemente, nuestros débiles partidos no ganan eleccioneregionales ni locales y, más importante, son casi inexistentes en instituciones educativas donde se reproduce esta ideología. Echarles toda la responsabilidad sería injusto e ingenuo. También es importante difundir todo aquello que recuerde los horrores a los que lleva una ideología genocida. Entre otros, los trabajos de Carlos Iván Degregori, el informe de la CVR, especialmente los casos horrendos que justificaron la calificación de Sendero como grupo con potencial genocida, o ese texto de Ponciano del Pino que describe la infernal vida cotidiana en comunidades controladas por S.L. Pero esta agenda, aunque fundamental, es de más largo plazo.

Creo que una batalla importante de mediano plazo que compete al Estado y a todos aquellos vinculados a la Educación pasa por ganar la Universidad Nacional y la Escuela Pública, lugares donde grupos, aunque minoritarios, todavía difunden esta forma de pensamiento. Carlos Iván Degregori planteaba una continuidad entre una educación memorista y autoritaria en la escuela y la atracción a ideologías dogmáticas difundidas en manuales marxistas de tercer nivel en la universidad. Con discursos patrioteros o pura indignación, ese discurso no dejará de ser atractivo. El reto es tomar medidas realistas para echarle más pluralismo, debate y calidad a la oferta educativa pública.

Un primer paso sería incorporar en la escuela el tema del conflicto causado por Sendero. La CVR, incluso, dejó un currículo y métodos educativos para implementarlo. Según entiendo, dejó de ser aplicado tras la salida de Nicolás Lynch del Ministerio de Educación. Discutámoslo más, si es necesario, pero no lo dejemos enterrado.

Las universidades nacionales, por su lado, deberían abrirse a profesores por horas y visitantes, reconocer que argollas y sistemas administrativos clientelistas impiden la diversidad y la calidad, con las excepciones que todos conocemos. No me atrevo a dar muchas lecciones sobre la universidad pública, pues la conozco poco. Pero hay personas como Manuel Burga, Nicolás Lynch, Raúl Ferrero, María Emma Manarelli, Sinesio López, César Landa, entre otros, que tienen o tuvieron cátedras en universidades nacionales, incluso algunos durante los peores años de la violencia. Sin duda, pueden ofrecernos una mirada más informada sobre cómo fortalecer la universidad nacional y enfrentar a los radicales. La mediocridad de la universidad peruana contribuye a la supervivencia de ideologías tan dogmáticas como intelectualmente pobres, ideologías que no van a desaparecer por negarles un registro electoral.

Uso el caso de los historiadores para resaltar por qué, en mi opinión, es prematuro hablar de una generación académica de politólogos. Al hablar de “generación” no me refiero a un grupo de intelectuales públicos que siguen banderas similares, uso común del término en la historia de los movimientos intelectuales. Me refiero a algo más simple, aunque puede coincidir con lo anterior: académicos que, además de edad similar y nacionalidad común, tienen aproximaciones parecidas a su objeto de estudio.

Simplificando, podemos distinguir tres generaciones académicas de historiadores peruanos. Los historiadores hispanistas, generalmente de talante más conservador y concentrados en el estudio de las élites, marcaron el tono antes de los setenta. La “nueva historia” surge en parte en reacción a esa corriente y ofrece una lectura histórica mucho menos armoniosa del país y más enfocada en “los de abajo”. Sigue luego una tercera hornada que tiene en común una posición crítica (en mayor o menor medida) de ambos enfoques. Hoy este grupo, vinculado en su mayoría a la academia anglosajona, publica en las mejores revistas y editoriales de la disciplina. Sus trabajos, además, suelen trascender el caso peruano, que es una excusa para discutir temas más amplios.

Pues bien, creo que en ciencia política estamos todavía lejos de poder hablar de una “nueva” generación. Primero, porque carecemos de una generación previa de la cual distinguirnos. La obra de Julio Cotler, los momentos que le robamos a Carlos Franco, y los sociólogos e historiadores que han escrito sobre política no me parecen suficientes individuos como para hablar de una generación de politólogos que comparta cierto enfoque. Otros autores cercanos a esa edad privilegian otros enfoques, haciendo más difícil encontrar diferencias claras entre lo viejo y lo nuevo.

Más importante, mi supuesta generación recién empieza su carrera académica. Somos pocos y no tenemos suficientes trabajos publicados como para hablar de un aporte significativo a la disciplina. Hay productos interesantes, pero es prematuro para saber hasta dónde llegaremos. Me parece que algunos medios confunden caras nuevas hablando y escribiendo de política (que las hay) con producción académica generacional (que todavía no alcanza).

Pero, además, incluso si llegamos a tener esa obra, dudo que haya rasgos comunes que permitan agruparnos, más allá de la edad. El libro de Alberto Vergara sobre las elecciones de 2006 en el Perú (‘Ni Amnésicos Ni Irracionales’), por ejemplo, está más cerca del Cotler de los setenta que del Tanaka de los noventa. Por todo ello, creo que es mejor esperar varios años antes de hablar de generaciones.

¿Merece Susana Villarán ser revocada? En mi opinión, no hay razones que justifiquen su salida, como probablemente no las haya en la mayoría de regiones y municipios donde también hay iniciativas de revocatoria. Coincido, además, con quienes señalan que los que impulsan la revocatoria son, en su mayoría, personajes que no tienen en su agenda una preocupación real por el gobierno. Pero, obviamente, mi opinión importa poco para el resultado del proceso. La pregunta más interesante, tanto para la alcaldesa y sus aliados como para sus críticos, es si la alta desaprobación de Villarán se transformará en un movimiento exitoso de revocatoria. Uno podría concluir, como hacen Aldo Mariátegui y otros analistas, que la mayoría que desaprueba a la alcaldesa es suficiente para lograr ese objetivo. Que hay que “jugársela”, pues con un poco de esfuerzo la impopular alcaldesa se cae.

Puede ser. Sin embargo, considero que no se logrará revocarla. ¿Por qué? Primero, porque el proceso en sí es complejo y demandante. Pero además porque, como en muchos otros casos (por ejemplo, crear partidos políticos o unificar protestas sociales), en el Perú es difícil lograr que las opiniones de la población se traduzcan en movimientos organizados. Parte de ello se debe a la débil legitimidad de líderes y organizaciones que pretenden representar dichas opiniones.

En este caso, sospecho que los ciudadanos disconformes con la gestión de Villarán ven los rostros públicos de la revocatoria con igual o mayor desconfianza que con la que observan a su alcaldesa. Los críticos de Villarán probablemente aciertan al señalar que el estilo de la alcaldesa ha caído mal entre la población. Pero no se percatan de que igual o peor caen ellos. Conservadores gruñones, abogados citando códigos, lobistas asolapados y políticos oportunistas tampoco convocan el amor de las masas.

Los medios que impulsan el proceso deberían ya reconocer que es muy distinto influir en el día a día que ganar elecciones. Incluso Castañeda, un alcalde exitoso en términos de popularidad, no parece tener el carisma ni la credibilidad para liderar el esfuerzo. Recordemos si no la que debe ser la peor candidatura presidencial de la historia del Perú reciente. La izquierda caviar no es popular, pero la coalición pro-revocatoria tampoco gana un concurso de simpatía. No me sorprendería si su campaña termina favoreciendo a la alcaldesa.

En unos meses veremos si me equivoco. Por supuesto, esto no significa que la ola venga suave a una desarenada gestión. El peligro de revocatoria se incrementa si desde la Municipalidad enfrentan el tema como una conspiración o atribuyen su mala estrella únicamente a la campaña en su contra. Mejores reflejos son necesarios tanto para pasar esta crisis como para que Fuerza Social llegue al 2014 con vida.