(Mahatma Gandhi)

Saúl Juárez trabajó 12 años para Antamina. A raíz de este trabajo se contaminó con metales pesados y empezó a presentar una serie de síntomas que afectaron su salud hasta terminar en un cáncer agresivo que lo imposibilita e incapacita para el trabajo.

La empresa, en vez de darle los cuidados y asistencia necesarios, al conocer su situación lo despide y argumenta que Saúl padece de sinusitis crónica y que la contaminación no la contrajo en su trabajo, sino que puede deberse a muchos factores, incluso hasta el uso de algún tipo de champú.

Argumentos ridículos obviamente. A nadie le extirpan la mitad del colon, ni lo someten a una docena de quimioterapias o tienen que retirarle el estómago para que pueda seguir viviendo porque se lava el cabello todos los días o porque estornuda a cada rato.

Acá existe una gran negligencia, una falta de sensibilidad y responsabilidad de parte de la empresa hacía su extrabajador. Para afirmar estos hechos nos basamos en evidencia médica real y determinante que prueba sin ninguna duda que Saúl está contaminado con cadmio, talio, arsénico y hasta uranio y nadie se contamina con este tipo de metales porque se quedó leyendo titulares en la avenida Abancay.

Está claro que ahora le toca a la empresa resarcir e indemnizar a Saúl de una manera digna y justa, reparar sus expectativas de vida y la de su familia, de su esposa y sus 3 hijos en edad escolar que no pueden ni deben ver truncada su esperanza de progreso por la indiferencia de algunos ejecutivos insensibles y torpes.

Estoy segura que esta posición indignante no debe ser de conocimiento de los altos directivos ni de la empresa matriz de Antamina. Debe tratarse de una estrategia mal dirigida por personal con lamentable indiferencia social y también con poco o bajo conocimiento de los temas médicos y legales. Los argumentos risibles que presentan no pueden llevarnos a otra conclusión.

Antamina debe cumplir con Saúl sin esperar el fallo judicial para resarcirlo del daño causado por culpa inexcusable de su negligencia. Saúl merece justicia pronta y nosotros seguiremos con él y su familia hasta el fin.

Hasta el próximo jueves.

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Art.1969 del Código Civil Peruano

Un camión por la carretera atropelló a un campesino que guiaba una vaca hacia el pastizal. A raíz de la fatal imprudencia el campesino y la vaca resultaron muertos.

Al sentenciar, el juez determinó que el chofer debía pagar una reparación civil de US$ 4,000 al dueño de la vaca ya que era de raza Holstein y constaba en el expediente la factura que acreditaba el valor del animal. A los herederos del campesino les otorgó una indemnización de S/. 200. Claro… el campesino no tenía factura.

La historia que les relato es real. Fue materia de estudio en las aulas universitarias dejándome un sinsabor al saber que, para la justicia peruana representada por el juez de turno, los conceptos de indemnización, resarcimiento del daño causado y reembolso por lucro cesante están distorsionados o subvaluados.

¿Es que acaso la vida o la salud de un modesto compatriota tiene tan poco o ningún valor para la Justicia de nuestro país?

- ¿No sería necesario resarcir a su familia de una manera digna y justa por la muerte o incapacidad de un familiar querido?

Ayer escuchaba que la Fiscalía exigía S/. 100,000 de reparación civil para los deudos de una profesional cruelmente asesinada, víctima de un parricidio.

¿S/.100.000? ¿Tan poco valoramos la vida humana? ¿Pesetas pretenden que valgamos?

¿Y qué me dicen de las reparaciones civiles por mala praxis médica? Le amputaron la pierna equivocada, le extirparon el útero, le anularon la movilidad de las piernas ¿Cuánto es el valor de la indemnización por truncar proyectos de vida?

Queda entonces iniciar el camino de la revalorización de la vida y salud. Quien mate dolosa o culposamente o dañe la salud y/o el futuro de alguien debe pagar una INDEMNIZACIÓN decorosa para garantizar un mínimo de seguridad en el futuro del agraviado y su entorno que asegure el sustento y mitigue en algo el sufrimiento causado. Gran tarea pendiente del Poder Judicial.

Hasta el próximo jueves.

(Friedrich Schiller)

Cada vez encontramos en los medios de comunicación más reportajes sobre padres luchando por la custodia de sus hijos. Este es un excelente síntoma de la responsabilidad de los varones que asumen su rol de padre y quieren hacerse cargo de la crianza total de sus menores.

Pero también desnuda un nuevo problema en la sociedad, que es la notoria ausencia materna en el entorno de sus hijos. Son muchas las causas para este nuevo fenómeno, como la necesidad de las mujeres de salir fuera del país a buscar un mejor futuro en vista de las escasas oportunidades en el nuestro. También puede deberse a que asumen nuevas responsabilidades profesionales y relegan la crianza de los hijos a terceros.

Sin importar cuáles sean las reales causas, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo y el coraje de los varones que asumen con valentía el rol que les corresponde. Y sin ninguna vergüenza o sobreponiéndose a ella, se muestran ante cámaras asumiendo roles que la sociedad y sus innumerables prejuicios siempre les han negado.

Tengo la suerte de conocer a padres como ellos, que han aprendido ante las circunstancias, a asumir el doble rol familiar, hacer de padre y madre ante la ausencia forzada, inevitable, lamentable o reprochable de la madre. Y sin ningún complejo intentan compensar con doble esfuerzo y cariño las carencias que los hijos pueden experimentar.

En estos casos las leyes son exactamente iguales para cualquiera de los padres. Un varón que detente la tenencia de sus hijos puede presentar una demanda de alimentos ante el juez para que la madre ponga la suya en los gastos de los hijos y cumpla con su compromiso ante la sociedad.

Si un padre considera que los hijos estarían en mejores condiciones con él que con su madre, puede entablar un proceso de tenencia para obtener la custodia de sus hijos, y si el juez considera, con las pruebas que lo acrediten, podría fallar a favor del padre.

Los tiempos han cambiado, definitivamente, y debemos acostumbrarnos a estos nuevos casos que la sociedad y sus demandas nos imponen. En todo caso, solo me queda demostrar mi admiración a esos hombres que nos demuestran a diario que el amor y la responsabilidad no es una cuestión de género.

Hasta el próximo jueves,

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(Juvenal)

La semana pasada titulé a mi artículo semanal ‘Tocamientos Indebidos’, adelantándome al informe que se vería en ‘Día D’ que ha conmocionado a la opinión pública, no solo por el delito, sino también por esa sensación de complicidad que ha quedado en los televidentes.

Me refiero a complicidad, porque un delito de este tipo requiere celeridad en los operadores inmediatos de justicia y en las instituciones tutelares. Si una institución, después de una denuncia, hace caso omiso a la orden de sus superiores, entonces existe complicidad.

¿Es necesario acaso hacer público un caso tan doloroso para que las instituciones tomen cartas en el asunto? ¿Hay que acudir a los medios de prensa para sentir que la justicia es efectiva? No debería serlo, pero la realidad nos obliga a pensar lo contrario.

Este caso ocurrió hace un año y las denuncias respectivas se hicieron en su debido momento, pero no se avanzó de la forma adecuada. Cuando los padres de los menores llegan a mi oficina, vimos que todo estaba ya en proceso: las quejas formales a la institución educativa, la acusación ante la policía, las pruebas en la cámara Gesell, con las pericias sicológicas a los menores y el informe respectivo.

Incluso el Ministerio de Educación ordena al colegio retirar de sus funciones al profesor mientras duren los trámites en el Ministerio Público, pero la directora, lejos de acatar la orden directa del Ministerio, dilata el proceso, no solo entorpeciendo la investigación, sino dejando en peligro latente a otros menores.

En el momento de escribir este artículo, me doy con la sorpresa que el juez que debía ventilar la causa se ha inhibido de hacerlo, quiere decir que ha devuelto el expediente a mesa de partes. Con esto el juez se pone de perfil y deja la responsabilidad a otro magistrado. La pregunta que cae de madura es: ¿Por qué recién lo ha hecho y cuáles son sus motivos? Solo sabemos que se abstiene “por decoro”

Nos informan en el Poder Judicial que el caso ya se asignó a otro juzgado, pero hemos perdido varios meses que han podido ser necesarios para el caso.

Debo agradecer el apoyo de los medios de prensa que se han interesado en el caso y, sobre todo, a Maribel Toledo Ocampo que se encargó de realizar el reportaje en forma responsable, profesional y seria, como el caso lo ameritaba al tratarse de infantes en una situación de vulnerabilidad tan particular y dolorosa.

Hasta el próximo jueves,

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Y el acto es más grave cuando el delincuente se trata de un tutor, consejero o familiar, que utilizando su título, cargo o familiaridad, abusa de menores indefensos en forma soterrada y cobarde. Las leyes son muy claras ante estos actos vejatorios y las penas son duras e inflexibles, pero a veces los procesos son largos y también penosos para las víctimas y sus familiares que deben verse sometidos a exámenes, interrogatorios e incluso cuestionamientos sobre sus conductas previas.

He sido testigo de varios casos de tocamientos indebidos por parte de familiares muy cercanos y esto complica la situación porque la misma familia se niega u opone a denunciar por miedo a que su familiar, primo, hermano, cuñado, o incluso padre, termine en la cárcel.

La importancia de la denuncia es que se evita poner en riesgo a otros menores cercanos. Alejar de la casa al agresor no es ninguna solución, porque existirán potenciales víctimas en otros lugares que sufrirán por la inacción de los adultos. Es el mismo caso de maestros abusadores de menores. No existe ninguna solución si es transferido a otra institución educativa. Los pequeños de ese nido o colegio estarán “seguros”, pero los del nuevo colegio serán víctimas en un futuro cercano. Y este remedio temporal convierte a la institución y a sus directivos en cómplices de sus delitos.

La única solución es retirar de las calles a estos depravados y la justicia, luego de un debido proceso, los confine en un centro penitenciario donde no puedan volver a abusar de menores indefensos. En el caso de profesores que abusan de los alumnos existe el CADER, dependencia del Ministerio de Educación que se encarga de estos delitos. Existe una línea gratuita para poder denunciar, el 0800-13687. Incluso cuentan con una relación pública de “profesores” sentenciados por delitos de violación sexual.

Si conoce o sufre un problema similar, no dude en denunciar. La sociedad no puede quedarse callada frente a delitos tan execrables. No seamos cómplices con nuestro silencio e indiferencia.

Hasta el próximo jueves,

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Proverbio africano

A raíz de diferentes reportajes periodísticos he tenido la oportunidad de ser invitada en algunos programas informativos para hablar sobre los procesos de tenencia de menores y el rol de los padres.

No quiero ahondar en temas legales ni en casos específicos. Ya bastante información y exposición hemos tenido sobre el tema y con tristeza podemos confirmar que muy pocas veces las partes y sus estrategias se orientan a velar por el interés mayor, que es en este caso, sus propios hijos.

Quisiera hacer más bien una reflexión. A lo largo de tres décadas de trabajo profesional como abogada especializada en derechos de familia, he visto innumerables casos de separaciones, divorcios, conciliaciones, procesos de tenencia y patria potestad. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el divorcio puede llegar, lamentablemente sin importar el nivel social, económico o educativo de la pareja, a revelar lo peor de cada padre.

Incluso pueden llegar a un estado emocional irrepetible donde no miden a cabalidad las reales consecuencias de sus actos. Es en ese momento donde el abogado que los asesora debe buscar morigerar el ímpetu de sus patrocinados, intentar que sus decisiones no sean tomadas en el calor del momento y que más bien reflexionen y se tomen un tiempo prudencial para emprender alguna estrategia legal.

Los padres que están en conflicto por sus hijos deben intentar conciliar extrajudicialmente sus diferencias y evitar llevar sus controversias a los juzgados. En una conciliación pueden llegar a decisiones que sean beneficiosas para los dos otorgándose recíprocas concesiones. Deben recordar siempre que los derechos de visita y de tener a los padres cerca son de sus hijos.

Los vástagos pagarán las consecuencias de la obstinación y terquedad de los padres y al final ellos cargarán exclusivamente y de por vida con las equívocas decisiones que sus padres tomen.

Con cierta frecuencia, después de terminados los conflictos, algunos padres o madres me han confesado que no pueden explicarse cómo actuaron de modo tan irreflexivo y que si tuvieran la oportunidad de regresar el tiempo, actuarían de un modo totalmente distinto.

Pero el tiempo no se puede regresar. ¡Qué bueno fuera ! Por ello, solo nos queda intentar aprender de la experiencia ajena para no cometer estos mismos errores.

Hasta el próximo jueves,

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A pesar de todas las campañas de sensibilización, del amigo elegido, de los operativos nocturnos de fin de semana, de las papeletas, de las noticias que se ven tan cercanas y el dolor manifiesto en nuestros desayunos informativos, las cifras no logran bajar significativamente.

Entonces, ¿qué hacemos para evitar que un conductor borracho se mate y mate a otras personas mientras conduce un aparato de fierro de 2 toneladas sin ningún control? Parece que no queda otra que eliminar los niveles de tolerancia y establecer penas de prisión efectiva si se encuentra a un conductor manejando después de haber tomado aunque sea media copa.

Si un chofer piensa manejar debe hacerlo con todos sus sentidos. No debemos permitir que por culpa del alcohol tengamos que lamentar terribles accidentes que no solo terminan con la vida del conductor borracho, sino también puede acabar, como lo hemos visto innumerables veces, con la vida de un padre o madre del que depende el bienestar de toda una familia, o truncar los sueños de un adolescente que termina muerto o lisiado de por vida.

Si como ciudadanos le exigimos al Estado que incremente los mecanismos para mejorar la seguridad ciudadana, también debemos exigir que se acabe con la gran cantidad de choferes ebrios que son parte de ese problema social que debemos extirpar de raíz. Un conductor alcoholizado manejando a 120 km. por hora es tan peligroso como un ladrón encapuchado con un arma de fuego.

Entonces deberían existir penas y castigos ejemplares. No puede bastar con una papeleta y quitarle el brevete por algunos meses. Esas formas ya quedaron demostradas que no funcionan. He visto casos de personas que han sido sancionadas por un año sin brevete por manejar con niveles altos de alcohol en su organismo y cuando han recuperado su brevete lo primero que han hecho es irse de juerga para celebrar con sus autos y regresar borrachos a sus casas.

Dos meses de prisión efectiva y trabajo comunitario sería un buen aliciente para que estos choferes dejen de cometer tantas imprudencias y entiendan que es más barato tomar un taxi que perder la vida o terminar enlutando a una familia por un acto tan reprochable como manejar alcoholizado.

Espero que algún legislador tome la idea y tenga la valentía de presentar un proyecto de ley para acabar de una vez con estas desgracias. Puede ser impopular proponerlo, pues la cultura de la diversión asociada al alcohol está muy enraizada en la sociedad. Pero no podemos permitir que siga pasando. 0% alcohol 100% responsabilidad.

Hasta el próximo jueves,

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Ningún hombre se levanta un día de la nada, después de un feliz matrimonio o convivencia y decide agarrar a puñaladas a su mujer, degollarla frente a sus hijos, ni tirarle agua hirviendo o prenderle fuego. Es todo un largo y penoso proceso. Mientras el Estado y sus instituciones tutelares no entiendan que su indiferencia es la causante de que nuestras mujeres mueran de esta forma, entonces esto nunca va a cambiar.

¿Qué se necesita? Campañas de sensibilización a los operadores de justicia, rapidez para actuar en casos de violencia familiar. Se necesita dar a entender que en el país no existe impunidad y menos indiferencia con los temas de género. Tienen que existir mecanismos que permitan identificar los problemas que involucran a las personas antes que las cosas materiales.

Si en la comisaría de La Victoria llegan los choferes de una combi y un taxi por una leve colisión y a la misma hora se acerca una mujer a denunciar al marido que la amenazó con un cuchillo, en ese momento se le debe dar prioridad a la señora. El comisario debe disponer que 3 efectivos vayan en un patrullero a traer al marido y hacerle entender que la señora está protegida por el Estado y que no le van a permitir maltratos. Pero acá la sientan a la señora, la mandan a comprar hojas y papel carbón mientras que priorizan el accidente vehicular.

En el Poder Judicial es igual. Si tienen procesos de violencia familiar y un divorcio, el juez debe darle prioridad al tema de violencia, porque los que se van a divorciar ya están separados. En cambio la mujer violentada, en dos meses más puede estar muerta.

Si una mujer llega con el ojo hinchado, la muñeca torcida o moretones en los brazos a una posta u hospital, el médico que la atiende debe avisar de inmediato a la policía para que investigue la real causa de la lesión. Así se podrán identificar los casos de violencia que no se quieren denunciar por miedo a las represalias. El protocolo ya existe, pero se aplica con heridas de bala; debe ampliarse, a todo tipo de lesión que resulte sospechosa. Sin necesidad de la aprobación del paciente.

Quienes están envueltos en casos de violencia tienen mucho temor, piensan que no existe ninguna solución y se terminan acostumbrando a la violencia. El Estado debe dar las garantías reales que acá se respetan los derechos y la integridad emocional y física de las personas.

Hasta el próximo jueves.

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El problema, más allá de la decisión judicial, es que las consecuencias de esta puja entre los padres perjudica a quien se supone ambos adultos deberían proteger. Al final, el menor siente que traiciona a uno de los padres si no lo ayuda en el proceso de separación.

Los menores se ven envueltos en una batalla emocional que no pueden manejar ni deben soportar. Y los padres los conminan a ser aliados en una lucha perversa que no trae ningún beneficio real para ninguna de las partes.

Esta infame forma de comportarse se conoce como el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y, lamentablemente, es muy común cuando los padres se separan o divorcian. Según el psiquiatra Richard Gardner, quien acuñó en 1985 la frase “la alienación parental es un proceso mediante el cual un hijo es programado para conseguir que acabe odiando a uno de sus padres. Cuando el síndrome se acaba instalando en el menor, este actúa de forma autónoma y contribuye por su cuenta a la campaña de denigración del padre alienado”.

Hay varias formas de que alguno de los padres genere el SAP: No le pasan las llamadas a los hijos; evitan las visitas, aduciendo que están enfermos, cansados o con mucha tarea; presentan a la nueva pareja como la actual madre o padre; interceptan correos, mensajes o regalos; insultan al progenitor delante de los hijos; no dan información de las actividades del menor; los llevan de viaje sin permiso; los excluyen de importantes actividades escolares, deportivas o recreacionales; y un largo etcétera.

Las consecuencias para el menor son preocupantes, sufren de excesiva dependencia emocional, trastorno de ansiedad, stress, problemas alimenticios y del sueño, cambios de conducta, agresividad e irritabilidad.

Si bien se toma en cuenta la evaluación psicológica en nuestro país, el SAP debería tratarse como maltrato infantil y castigarse como tal. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen capítulos fundamentales como los Derechos del Niño, entre los cuales quiero destacar el siguiente: “El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material”.

Hasta el próximo jueves,

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(Víctor Hugo)

Como todos los años, el país intenta “celebrar” el Día Internacional de la Mujer, pero las cifras, aún desalentadoras y vergonzosas, deberían obligarnos a una real y profunda reflexión, no solo de los ciudadanos, sino, sobre todo, de las autoridades que deben planificar y ejecutar políticas públicas adecuadas para lograr una real equidad de género.

Si las mujeres peruanas abortan clandestinamente cuatrocientos mil niños al año, si las cifras de deserción escolar femeninas en zonas rurales es alta y preocupante, si la tasa de maternidad adolescente se mantiene igual que hace una década, si hay registros enormes de mujeres maltratadas, abusadas, violentadas, acosadas, discriminadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿cuál es el motivo de la “celebración”?

Cuando una mujer ponga una denuncia en una comisaría y no aparezca un impresentable disfrazado de policía diciéndole “¿Qué habrás hecho, pues, mamita, para que tu marido te pegue?”, ese día empezaremos a celebrar. Cuando una mujer no tenga que soportar insinuaciones en el trabajo por parte de sus superiores y tenga miedo de denunciar por temor a quedarse en la calle, ese día empezaremos a celebrar.

Cuando las sentencias de alimentos que interponen las madres a un sinvergüenza irresponsable se cumplan a rajatabla, sin la complicidad de los empleadores, socios o autoridades que inventan cualquier artimaña para que no aparezca su sueldo real en planilla, ese día empezaremos a celebrar.

Cuando una mujer en el transporte público no tenga que soportar tocamientos, roces solapados o metidas de mano de algún degenerado con la complicidad de la indiferencia de otros varones, ese día empezaremos a celebrar. Cuando los procesos de género en los juzgados, como filiación o juicios de alimentos, no se entrampen, ese día empezaremos a celebrar.

Cuando los partidos políticos entiendan que las mujeres no somos relleno en sus listas electorales solamente para cumplir una cuota electoral, ese día empezaremos a celebrar.

Cuando algunas madres no separen la pechuga más grande para el varoncito y solo le den la alita a su niña porque el hombre tiene que alimentarse mejor para estudiar y trabajar, ese día empezaremos a celebrar. Mientras tanto no quiero ni saludos, ni coctel, ni rositas por este día. Ahora necesitamos atención y trabajo para resolver estos problemas que aún nos embargan.

Hasta el próximo jueves.

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(Quevedo)

Hemos sido testigos recientemente de un extraño y alarmante caso, donde un menor víctima de violación termina siendo recluido en el Centro Juvenil de Rehabilitación y Diagnóstico, también conocido como Maranguita, por ser acusado previamente del mismo delito.

Trae a colación el caso anterior en que un joven universitario por defender su vida en un frustrado intento de asalto y ejerciendo su derecho a la legítima defensa, termina encarcelado por una jueza acusado injusta y erróneamente de homicidio.

Entonces no son casos aislados o meras coincidencias periodísticas que generan espanto en la ciudadanía. En verdad estamos ante situaciones que ponen en peligro a cualquier persona que se encuentre bajo la lupa de la Justicia.

A raíz de la reciente fuga de 17 reos del penal de Challapalca todos los expertos, entendidos y peritos, han coincidido en que falta un promedio de diez centros penitenciarios en todo el país. Existe un hacinamiento del 80% y la única manera de resolverlo es a través de más cárceles que puedan albergar a los reclusos de forma decente y en estricto respeto de los derechos humanos.

Pero cosa extraña, es una cifra similar de los reos que no tienen sentencia y están privados de su libertad sin que se les haya juzgado. ¿No sería lícito preguntar si lo que falta, aparte de más cárceles es mayor celeridad, infraestructura, ganas, tiempo, recursos, preparación y esfuerzo por parte de los encargados de administrar justicia?

Las denuncias periodísticas son reales. No son supuestos o dramatizaciones los casos de confusiones, sentencias erradas, excesos de carcelería, y prevaricato. Todo sumado a esa sensación justificada de falta de seguridad ciudadana nos pone en alerta sin tener certeza real que podemos tener una efectiva y verdadera justicia en el Perú.

Los casos antes mencionados se han ido resolviendo por la exposición pública y por una pronta reacción de los encargados directos. Pero, ¿es necesario que la prensa intervenga y denuncie estos atropellos para que no tengamos que presenciar estos casos tan emblemáticos y que no vuelvan a ocurrir?

A veces me queda esa extraña sensación de los opinólogos profesionales que siempre terminan sus intervenciones televisivas con el ceño fruncido y exclamando airadamente sin ninguna solución: ¿Hasta cuándo? ¿Cómo puede ser posible? ¡Que alguien haga algo!

Hasta el próximo jueves

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(Platón)

El año pasado, desde mi escaño en el Congreso, solicité la presencia del Ministro de Educación para tratar con urgencia el tema de las editoriales que trabajan con textos escolares. A raíz de diferentes denuncias periodísticas se aprobaron leyes para evitar que los padres de familia fueran víctimas de cobros excesivos a cambio de comisiones de promotores editoriales.

En estos días, con suma tristeza, podemos ver que aún siguen esas prácticas infames y deshonrosas entre editoriales, promotores y representantes de colegios que no ven una mejor manera de llenar sus arcas personales que esquilmando los bolsillos de los siempre sufridos padres de familia.

He escuchado argumentos de todo tipo, enfervorizados padres reclamando justicia y sanción, algunos despistados y oportunistas que piensan que un libro debería costar 13 soles porque es el precio de fabricación y los ya conocidos defensores del libre mercado que dicen que es un problema entre privados, como si la educación fuera mercancía de escaparate.

Acá existen varios problemas, pero el más grave y preocupante es que la educación escolar, que debería estar orientada al análisis crítico, a la comprensión lectora, al estímulo del estudio por el simple hecho de amar el conocimiento y como principal fuente para vencer la pobreza, se haya transformado en una suerte de espíritu fenicio donde solo interesa ganar más dinero.

Es cierto que el libre mercado no acepta regulaciones, pero cuando hablamos del futuro del país y del rol de los educadores, no podemos permitir que nos den gato por liebre. Lo que más me ha sorprendido es la organización que han venido tramando en esta década, los métodos para obligar al padre a comprar el mismo libro cada año solo cambiándole la carátula o aumentando una página de actualización en la última hoja es, por decir lo menos, preocupante.

Se han sofisticado de tal manera, que han diseñado métodos para que los alumnos escriban sobre sus textos haciéndoles inutilizables para el hermano menor, le agregan desglosables para que le arranquen las hojas y no se puedan volver a usar. En verdad, el ingenio para estas malas prácticas no tiene límite.

Incluso, según se ha visto en diferentes reportajes, los profesores sellan los libros para probar que es una nueva edición y pasar a cobrar una comisión por cada texto nuevo en su aula. La prensa ha actuado con mucha responsabilidad en estas denuncias. Esperemos que los métodos empleados para combatir esta deslealtad al país sean suficientes para que los padres de familia puedan enviar a sus hijos al colegio con tranquilidad y sin terminar empeñados.

Hasta el próximo jueves

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(Oscar Wilde)

De los casos más complicados que se han presentado a mi consulta en estas 3 décadas de abogada, las violaciones a menores de edad son las que siempre nos conmueven sobremanera. Al ser la víctima un menor en estado de indefensión y, por lo general, con miedo reverencial, por ser el agresor una persona muy cercana a su círculo familiar, estos delitos son los más perversos, cobardes y maliciosos que se puedan cometer en nuestra sociedad.

Solo el año pasado, según cifras oficiales, se han registrado un aproximado de siete mil quinientos casos de asaltos y agresiones sexuales a menores de edad en todo el país. Si esta cifra le resulta escandalosa, tenga en cuenta que hablamos de una cifra registrada y verificada. De una cifra que logró pasar el filtro de una denuncia, que no pocas veces se diluye en una comisaría. Hablamos de una cifra basada en una investigación bien llevada y que derivó en una acusación fiscal y se encuentra en proceso judicial o ya ha tenido una sentencia condenatoria.

La pregunta cae de madura: ¿Y los menores que no avisaron del vejamen? ¿Y los familiares que no creyeron o que no denunciaron? ¿Y la comisaría que no asumió la importancia real que merecía? ¿Y el fiscal que planteó mal su caso? Y en el peor de los casos, de los jueces que dictaminaron su fallo sin criterio verdadero o con fines subalternos.

Entonces podemos verificar con facilidad que la cifra real (no la oficial) debe superar largamente este escandaloso y vergonzoso número. Hay pues escondido un subregistro. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones parciales. Que existan escuelas para padres obligatorias. Que regalen píldoras anticonceptivas. Que donen píldoras del día siguiente. Que legalicen el aborto. Que prohíban las películas para adultos y un largo etcétera.

El tema de la protección al menor y su integridad física y emocional no se basa en soluciones inmediatas o parciales. El Estado debe mirar los problemas de nuestra niñez con prioridad y empezar a diseñar políticas y programas de salud integral en todos los sectores.

Así como hoy podemos hablar de derechos igualitarios, de equidad de género y empoderamiento económico de la mujer, es el momento de trabajar en el sector más importante y a la vez indefenso de nuestra sociedad. No podemos pedir seguridad para el futuro si no empezamos a trabajar en el capital humano del Perú de hoy.

Hasta el próximo jueves.

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(John Locke)

Recuerdo que hace 15 años llegó a mi oficina una señora con una consulta muy particular. Ella y su expareja, por problemas médicos, habían decidido criogenizar un óvulo fecundado para su posterior implante. Mientras estaban en los trámites sufrieron una ruptura y el esposo se fue de la casa.

Ella, preocupada y confundida, me preguntó qué hacía con el óvulo congelado, si lo desechaba, lo usaba, lo donaba, lo vendía, etc. Como comprenderán yo también estaba confundida ya que no existía legislación a la cual acudir, ni conocía de casos parecidos en los cuales apoyarme. Al final le dije que haga lo que su conciencia le dictara. Independientemente de este tema particular quedan aún muchas interrogantes que resolver. Los casos parecidos ahora deben ser infinitos y las consecuencias impredecibles.

Conozco de muchas clínicas que, gracias a la tecnología, pueden ofrecer servicios de fertilidad asistida a sus pacientes, pero con la modernidad y los avances también el Derecho debería ir de la mano.

El caso de los vientres de alquiler debería ser uno de los temas en que habría que legislar con urgencia. ¿Cuáles son los derechos del portador y en qué momento terminan?, ¿quién es la madre, la que aloja al embrión o la portadora del óvulo?, ¿El hijo podría demandar por paternidad al donador del semen?, ¿Si nace el niño con alguna enfermedad congénita, los padres legales podrían rechazar esa paternidad y dejar a la portadora con el recién nacido? ¿Los padres podrían demandar a la clínica de fertilidad por algún descontento con el “producto” obtenido?

No pretendo realizar un análisis moral o filosófico. Solo planteo la necesidad imperativa de empezar a trabajar estos temas. Es evidente que la fertilidad asistida ya se realiza y nuestra legislación tiene que estar preparada para los casos que van a llegar y preveer un “comercio” o un “negocio” con reglas claras para los padres, los donantes, los hijos y los profesionales de este rubro.

El derecho debe ir siempre a la par con las necesidades sociales y adecuarse a los cambios. El derecho genético aún no se asoma con claridad, a pesar que ya hay prácticas y resultados en el campo de la medicina.

Es un buen momento para plantear el tema en diferentes ámbitos. Sería interesante conocer las opiniones médicas y también cómo se han ido adecuando en otros países para no quedarnos rezagados. Esperemos que el Congreso recoja esta inquietud.

Hasta el próximo jueves.

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Parte de la vida es afrontar las dificultades y problemas que se presentan cuando uno menos lo espera. También es natural darnos un tiempo para analizarlos, reflexionar y tomar una decisión para intentar darles solución.

Aquí es donde nace la diferencia entre unos y otros. Los que demoramos en reaccionar y los que tomamos al toro por las astas. Esta capacidad de reacción también tiene su oportunidad legal y reglas de juego muy claras. Cada tipo de problema tiene un plazo para exigir (demandar) su solución ante nuestras autoridades. Nuestras leyes detallan estos plazos casi en sánscrito para el ciudadano de a pie. Por ello me he permitido resumirlas de la manera más didáctica posible para que ustedes, mis queridos lectores, tengan una idea de cómo va la cosa:

Para reclamar indemnización por negligencia médica: 10 años, por accidentes de tránsito: 2 años. 4 años para demandar remuneraciones, CTS y/o gratificaciones. Si está fuera de planilla tiene 2 años para exigir el pago. 

Si tiene sentencia de pensión de alimentos y el obligado no paga, tiene máximo 2 años para exigírselo. Si le pagan con un cheque tiene 30 días para protestarlo. Por ello, recuerde que entre la fecha de giro y la fecha de cobro no debe excederse los 30 días. De lo contrario se arriesga a que no pueda protestarlo. Si en un proceso de filiación no contesta la demanda a los 10 días, el Juez declarará la paternidad. Si pasan más de 4 meses y su expediente judicial está paralizado por inacción de las partes, el expediente cae en abandono y se archiva.

Las deudas con los bancos y la SUNAT también prescriben, pero solo si son negligentes y dejan de enviarle notificaciones de cobranza, cosa que nunca sucede. Así que les recomiendo resolver esos temas y no abrigar falsas esperanzas.

En cambio, para excluir de su testamento por indignidad a algún miembro de la familia no existe plazo de prescripción. Así este haya cumplido su condena. Pueden apreciar cómo el paso del tiempo surte efectos positivos y adversos dependiendo de qué lado del tablero estén. A veces puede parecer injusto, pero en esta vida nada es permanente.

¿Qué están esperando para solucionar sus pendientes? Hasta el próximo jueves.

(José Martí)

Ir a un juzgado es siempre una odisea, escuchar las historias, los problemas y los enredos puede ser desmotivador, pero siempre existen casos que, a pesar de lo complejo, pueden ser alentadores y nos dan, sin querer, una gran lección de coraje digna de imitar. Jéssica es una madre a prueba de balas, preocupada constantemente por su hija, por sus necesidades y problemas, que no son pocos. A pesar de todo se le ve entusiasta y con ganas de hacer bien las cosas. Ello es un gran aliciente para empezar un trabajo ordenado y exitoso.

A diferencia de ella, el esposo y padre de su hija, profesional exitoso y muy solvente, no tiene ningún interés en su familia. Su manera de criar y cumplir es diciendo: ¿Cuánto necesitas? Parece que con el dinero este señor soluciona todos sus “problemas”.

Como abogada de familia mi trabajo es solucionar los “conflictos” de mis patrocinados, entonces es gratificante que a algunos les solucionemos los problemas desde los bolsillos, que parece ser el único lenguaje que conocen.

A pesar de los maltratos, las humillaciones y el desprecio, Jéssica ha sacado fuerzas y empezó su proceso de alimentos. Desde nuestra oficina la hemos ayudado con las formalidades y hemos tenido un excelente resultado. Pero el mérito real es de ella, nosotros solo hemos sido un instrumento para que pueda alcanzar sus objetivos válidos y legítimos.

El caso de Jéssica es particular, necesita exclusividad para su hija, ha tenido que dejar su propia vida, sus aspiraciones y su carrera para dedicarse a ella. Lo hace con amor y dedicación, ha entregado su vida a esta causa. El problema es que algunas personas creen que su mayor fortaleza es una debilidad y que su dedicación es un desperdicio. Incluso quienes administran justicia no entienden con facilidad lo que significa dejar los propios sueños por un amor incondicional y desinteresado.

Ahora, con una sentencia favorable y acorde a sus necesidades reales, puede empezar una vida tranquila para ella y su hija. El acuerdo definitivo ha sido rápido, pero el emocional será algo más lento. Tanto maltrato no se olvida con facilidad. Ser madre es un sacrificio enorme, una gran bendición y privilegio. Ojalá todas pudieran tener, al menos, algo de Jéssica y este sería un mundo mejor. Hasta el próximo jueves.

Se dice que una de las primeras señales de progreso en un país es cuando el sector construcción e inmobiliario crece sostenidamente. Hoy, a diferencia de hace 20 años, el sueño de la casa propia ha dejado de serlo para volverse una realidad. La cantidad de proyectos e inversionistas inmobiliarios son tantos que han puesto en valor las tradicionales casonas y chalets que, hoy por hoy, se ponen a la venta en fila de a tres al mejor postor, para ser demolidas y levantar una propiedad vertical para uso de vivienda u oficinas.

A este punto quería llegar para explicarles lo ventajoso (en términos económicos) que resulta en este momento adquirir, de una constructora, el inmueble en planos. A diferencia de comprar un departamento terminado, comprar en planos puede significar en algunos casos hasta un 30% de ahorro. Ojo, siempre que esté bien asesorad@. Nuestro código civil denomina a esta operación Compraventa de Bien Futuro.

El precio del inmueble (y también el riesgo) varía de menos a más, según el estado en el que se encuentre el proyecto de la constructora, que podría ser en este orden: 1. Constructora propietaria en registros públicos con planos del proyecto. 2. Planos aprobados por la Municipalidad (aprobación de anteproyecto) 3. Licencia de Obra y Ejecución. Luego de iniciada la ejecución de obras, los precios ya son bastante cercanos al promedio del mercado.

Aquí algunos tips para aquellos que están dispuestos a sacrificar algunos meses de espera a cambio de un ahorro considerable en sus bolsillos:

•Verifique el perfil crediticio de la empresa constructora. Si tiene otros proyectos ejecutados y entregados sin problemas. Debe contar con el aval de algún Banco. La mayoría de constructoras se financian con créditos hipotecarios sobre el terreno antes de construirse.

•Si aún está en planos sin visar por la municipalidad, obtenga un Certificado de Parámetros para que tenga una idea de cuál es el área mínima por departamento, cuántos pisos se pueden construir, estacionamientos por m2, los usos permitidos en dicha zona, etc.

•Pida al constructor que le muestre el anteproyecto aprobado y vaya a la Municipalidad a verificarlo. Es en esos planos donde usted puede tener una idea del área, distribución, servicios y materiales que se usaran en la construcción.

•Si la obra ya está en ejecución, exija la Licencia de Obra, en ella usted podrá cerciorarse del plazo de ejecución de la misma y compararlo con el plazo de entrega al que se compromete la empresa constructora.

•Una vez que el departamento le sea entregado, es importante exigir la independización registral del mismo y el levantamiento de cualquier carga o gravamen que tenga la ficha en SUNARP.

Una decisión como ésta no es fácil de tomar, ya que está de por medio el esfuerzo y los ahorros de una buena parte de nuestras vidas. Por ello, nunca dejen de asesorarse bien antes de comprar. Bailar el bolero parece fácil pero no lo es, pregúntenselo a los abuelos. Hasta el próximo jueves.

He recibido correos y llamadas de lectores que están pensando en adquirir una pistola para defenderse y estar más tranquilos. Tengo que decirles que una pistola no es un seguro de vida, ni un chaleco antibalas de nivel 3, son solo herramientas que sin el adecuado uso o pericia pueden tener resultados en contra.

Portar un arma de fuego requiere de preparación sicológica, física y entrenamiento constante. Conocer la legislación y los procedimientos en caso de usarla. Asumir las consecuencias legales y éticas que pueden acarrear el portarla y usarla. Llevar un arma no es una decisión coyuntural ni apresurada, ni tampoco la solución personal a la delincuencia.

En el reciente caso de 2 delincuentes abatidos en una calle de Miraflores la opinión pública se ha solidarizado con las reales víctimas que son las personas que sufrieron la cobarde e ilegítima agresión. Si el arma era legal y tenía licencia vigente es un tema de discusión administrativa, sin dejar de ser importante, pero las circunstancias que definen una legítima defensa se cumplen totalmente en este caso.

El capítulo III del código penal define las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal de la siguiente forma:

“El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes”: 1. Agresión ilegítima. 2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y 3. Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

“El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado y 2. Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro.”

Es evidente que en este caso todos los requisitos para definir la legítima defensa se cumplen y en unos días más la investigación y los resultados serán públicos. Esperemos que el resto de delincuentes de esta banda sean capturados y procesados, y las reales víctimas puedan retomar sus vidas con tranquilidad.

Si está pensando en tomar medidas para caminar con seguridad en la calle, existen medios alternativos llamados armas no letales, son de venta libre y no requieren permisos. Entre los más conocidos están el gas pimienta, las varas de corriente y los bastones retráctiles, pero sin la adecuada preparación no servirían de mucho. Recuerde que lo primero es la prevención, estar atento al caminar y evitar cualquier riesgo innecesario. Recuerde siempre que su vida es lo primero.

Hasta el próximo jueves.

Si piensa portar un arma de fuego es mejor que tenga la información necesaria y actúe de acuerdo a ley. Jamás compre un arma de dudosa procedencia y menos la lleve si no tiene los permisos correspondientes. Las consecuencias legales le darán más de un dolor de cabeza.

Llevar un arma de fuego no es una decisión sencilla, sin entrenamiento ni destreza puede ser más bien contraproducente para quien la porta y volver la casa más insegura si no se tienen las precauciones adecuadas.

Los requisitos para portar un arma de fuego son los siguientes: Adquirirla en lugares autorizados por la DICSCAMEC en el calibre correspondiente para defensa personal, presentar la solicitud de licencia adjuntando antecedentes judiciales, penales y policiales, examen psicotécnico y examen de tiro. Se invierte un promedio de 250 soles en trámites y un lapso de 20 días para recibir la licencia y retirar el arma de la armería correspondiente. Un arma legal tiene un promedio de 2,000 soles en el mercado local.

Las licencias tienen vigencia por 5 años y obliga al portador a respetar ciertas reglas básicas, no portarla en estado de ebriedad, no hacer disparos al aire, no llevarla en días de elecciones, etc. Como datos adicionales yo recomendaría llevar un curso básico de manejo de armas y hacer prácticas constantes. Existen polígonos autorizados en Lima e instructores capacitados que pueden ayudarlo.

A diferencia de lo que muchos creen, los portadores legales no son loquitos que se creen Rambo. He conocido a varios y puedo asegurar que son personas tranquilas y centradas que buscan tener seguridad en sus vidas. Eso no quita que exista algún desquiciado que haga un pésimo uso de su arma, pero creo que son los menos.

Es importante, si se tiene hijos pequeños en casa, que tenga una caja de seguridad con clave para que el arma no esté disponible ni expuesta y no tengamos tragedias que lamentar.

Hay que recordar que la delincuencia no adquiere armas legales ni hace trámites para conseguirlas. Las compran en el mercado negro a precios irrisorios. Se puede obtener armas de calibres restringidos por 500 soles, según hemos podido ver en diferentes reportajes periodísticos. Es allí donde debe actuar la PNP, con un coordinado trabajo de inteligencia para desarticular a las bandas que tiene al país tan asustado.

El Proyecto de Ley de mi amigo Renzo Reggiardo intenta desarmar a la delincuencia, pero dudo mucho que los delincuentes entreguen sus armas por una Ley. Más bien el proyecto abriría un abanico de restricciones para los usuarios responsables y legítimos, lo que sería una gran tranquilidad para la delincuencia local al saber que sus posibles víctimas están desarmadas.

Esperemos que el nuevo año permita que las autoridades centren sus esfuerzos en bajar los altos índices de delincuencia y vuelva la tranquilidad que tanto necesitamos.

Hasta el próximo jueves.

Mario Puzo

Las fiestas navideñas tienen un maravilloso mensaje de amor paternal que pasa desapercibido: José de Arimatea fue el primer padre adoptivo que esta época reconoce. A pesar de no ser el autor material, por decirlo de alguna forma, asume con valentía y responsabilidad un hijo que sabe no es suyo y lo cría como propio.

En estos tiempos las jefaturas de familia por mujeres han aumentado considerablemente. Cada vez hay más hogares abandonados y desatendidos por el padre en una forma de irresponsabilidad que linda con lo delincuencial. Dejar sin alimentos a tus hijos es una suerte de asesinato en cuotas.

Si José, que fue capaz de tener, criar, educar y aceptar los sufrimientos posteriores por amor a su hijo adoptado, cómo se puede entender que un padre biológico, que comparte su sangre con su prole no sea capaz de hacer lo mismo que hizo José por Jesús.

Cuántas veces he sido testigo de largos y tediosos juicios de alimentos que no pueden ser efectivos porque el padre ha migrado por un “futuro mejor”. Futuro mejor para él y su nueva familia, pero, ¿y los que se quedaron en el país? Tienen que rogar en forma indigna por un derecho negado.

Una tarea pendiente de Cancillería para el año que viene es hacer efectivos los fallos judiciales en temas de alimentos en los países con mayor migración peruana. Si logramos que los padres que huyen para no cumplir sus obligaciones familiares cumplan con los mandatos judiciales, habremos logrado un gran avance para el sector más indefenso y vulnerable de nuestro Perú.

La Navidad es una fiesta de compartir, de unión familiar y de perdón. Es una buena fecha para replantear nuestras acciones y enmendar nuestros errores. Si eres padre y has dejado fuera de tu vida a tus hijos, es hora de corregir y asumir tu principal responsabilidad.

Que pasen unas hermosas fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos. Olvídense de rencores, de malos entendidos, tengan disposición para entender y comprender. Recuerden el maravilloso mensaje de José, ejemplar padre y hombre. Felices fiestas navideñas, hasta el próximo jueves.

citas@rosariosasieta.com