De hecho, sabía que se le vendría una serie de reacciones en contra, como las ha habido, pero se debe haber preparado para guerrear, fiel a su genio y figura.

Está claro que su siguiente paso ha sido salir a convencer de que la culpa la tiene Gastón por ser él quien se habría apartado de la línea católica y que las manifestaciones a su favor buscan en realidad debilitar a la Iglesia y a él. Maniobra hábil que pretende un cierra filas a su favor del gran número de creyentes católicos y de quienes siempre lo defienden por sus posiciones políticas.

Esta estrategia se expresa claramente en la reciente nota del Arzobispado de Lima. Se justifica la medida en “motivos suficientes y anteriormente advertidos”. El hecho de que no se diga cuáles son estos motivos podría ser el anuncio de que si sigue creciendo la defensa de Gastón se responderá tratando de descalificarlo con acusaciones más concretas. ¿Amenaza?

Lo absurdo es que en el mismo comunicado se precisa que esas motivaciones son “suficientes” para que Gastón no pueda ejercer su ministerio en Lima, pero sí fuera de la capital.

Lo de los enemigos de la Iglesia viene después: “Censuramos que algunas personas con fines totalmente ajenos a esta situación que se ha llevado con la máxima prudencia, respeto a las normas de la Iglesia y en un clima de caridad, busquen ahora victimizar a un sacerdote con el único objeto de sembrar confusión, hacer daño a su identidad sacerdotal y, al mismo tiempo, expresar la carga ideológica que los motiva y los aleja de la fidelidad a la Iglesia con manifestaciones y declaraciones que reflejan su rechazo o, por lo menos, su falta de respeto al magisterio de la Iglesia y sus pastores”.

Es increíble que una de las instancias máximas de una iglesia no tenga ningún reparo de expresar públicamente lo que es contrario a los hechos. ¿Alguien puede creer que quienes defienden a Gastón lo hacen por razones ideológicas? La pluralidad de los nombres lo desmiente.

Cómo se puede hablar de prudencia y caridad cuando el hecho objetivo es que Gastón no puede ejercer su sacerdocio en Lima, algo que venía haciendo desde hace más de 40 años. Y lo que ya suena a burla es que se diga que los que lo defienden son los que dañan su identidad sacerdotal.

No hay que permitir que Cipriani logre “poner una pica en Flandes”, como es evidente que quiere hacer. Que no nos logre voltear las cosas. Él es quien acostumbra ir más allá de lo que corresponde a la Iglesia. ¿O está bien, por ejemplo, que haya dado a entender sus simpatías sobre la candidatura de Keiko Fujimori? Él es quien constantemente le hace daño a la Iglesia. ¿O acaso le hace bien esta señal de intolerancia o el intento de apropiarse de la Pontificia Universidad Católica?

Ya es hora, además, de que nos formulemos una pregunta central: ¿Puede él, o cualquier representante de la iglesia, usar un cargo religioso para defender posiciones que van contra el ordenamiento jurídico nacional e internacional? Concretamente, en su caso, ¿se puede defender un régimen dictatorial como el de Fujimori o su indulto, prohibido internacionalmente? ¿O exigir que el Estado adopte políticas públicas obligatorias para todos, en contra de derechos contenidos en convenios internacionales suscritos por el Perú, como el de la no discriminación?

Cipriani se ha lanzado a hacer esta nueva movida bajo las siguientes premisas: Primera, hay un sector de la Iglesia que todavía no se le somete. Segunda, Gastón Garatea es uno de los representantes principales de este sector. Tercera, hay que aprovechar el poder alcanzado. Y tal vez esté en lo cierto.

Efectivamente, existe un sector de la Iglesia católica que todavía se le rebela. Se trata de un sector medio difuso que se ha autoimpuesto el silencio y se encuentra muy debilitado por los golpes del cardenal. Es el caso de la Iglesia del sur andino. Pero este sector existe y prueba de ello es que Cipriani acaba de fracasar en su cuarto intento por llegar a ser presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

También es cierto que Gastón es uno de los sacerdotes más representativos de este sector. Sería absurdo negar que personifica las posiciones más progresistas dentro de la Iglesia católica, frente a las ultraconservadoras que encarna Cipriani. El solo hecho de haber sido miembro de la Comisión de la Verdad debe haber causado que Cipriani salte hasta el techo y se haya tenido que comer un buen sapo hasta el día de hoy. Últimamente también le debe haber molestado mucho que Gastón declare que frente a Conga no debe primar una política de hechos consumados y de imposición, sino una basada en el diálogo, la inclusión y el respeto de todos los derechos.

Gastón tiene, además, una visión mucho más moderna y plural sobre las posiciones de la Iglesia católica en todos los campos. Su opción siempre ha sido –algo que ha obviado el cardenal– ir avanzando, pero sin violentar las convicciones y los procedimientos de la Iglesia.

La tercera premisa también es cierta. Cipriani ha cometido esta barbaridad porque se sabe fuerte, tanto en la Iglesia como en el país. Es la más alta autoridad de la Iglesia peruana. Ha logrado mantenerse en el poder durante muchos años por esa capacidad que tiene de estar en el entorno palaciego, sin importar de quién se trate. Ha utilizado las buenas relaciones del Opus Dei con el Vaticano para tener una muy buena llegada en la alta jerarquía de la Iglesia. Muchos de sus íntimos amigos son importantísimos empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, autoridades, políticos y demás personas que están en la cúspide del poder. En su plan para la toma de la PUCP no le va nada mal, por lo menos hasta ahora. Ha ido articulando en su línea a varios medios de comunicación: púlpito, programa de radio, constantes entrevistas y declaraciones en un conjunto de medios incondicionales.

Debe haber evaluado así que no hay mejor momento para dar la estocada a ese sector de la Iglesia que sigue siendo un obstáculo en sus planes. Pero hasta al mejor cazador se le escapa la paloma. Hay otras tres premisas que no ha tomado en cuenta, obnubilado, seguramente por sus últimas conquistas. Primera, Gastón no es cualquiera. Segunda, podría generar una reacción de indignación por ese nuevo acto de prepotencia. Tercera, la reacción dentro de la propia Iglesia.

Sobre lo primero, tal vez Cipriani ha desestimado lo que representa Gastón. Se trata de un sacerdote muy querido y respetado en todos los sectores de la Iglesia católica y de las otras iglesias. Al haber sido miembro de la CVR, tiene mucha relación con víctimas civiles, militares y policías, y con innumerables sectores políticos, sociales y económicos a nivel nacional, regional y local. Él viene trabajando desde hace décadas en el colegio La Recoleta, por lo que goza de las simpatías de miles de alumnos, profesores, padres de familia o exalumnos que ahora están en el Estado, la sociedad civil, organismos internacionales, o que son artistas, escritores y periodistas.

Ha trabajado muchos años en el sur andino, por lo que allí también ha generado una amplia red de instituciones, personas y organizaciones sociales que valoran su trabajo. En la Universidad Católica le ha dictado a miles de alumnos cursos de teología y desde allí se ha vinculado a muchos sectores empresariales a partir de su trabajo de responsabilidad social. Tiene contactos importantes a nivel de embajadas y comunidad internacional.

Lo hecho contra Gastón, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional e internacional, constituye un atentado contra la libertad de expresión y el respeto por la defensa de los derechos humanos. Se podría intentar activar una serie de mecanismos de protección, más allá de los dispositivos eclesiales que el arzobispo pueda invocar.

Lo segundo podría ser la otra cara de la moneda. Cipriani puede haber sobrevalorado su poder. Los hechos que siguen pueden terminar demostrándole que no fue inteligente hacer este papelón sectario justo cuando quiere convencer de que con la toma de la PUCP no cambiará su carácter plural y académico.

Y, por último, la propia Iglesia podría llegar a la conclusión de que Cipriani, lejos de sumarle, le resta, y ninguna iglesia puede darse ese lujo en estos tiempos. Si este nuevo abuso pasa, a Cipriani no lo para nadie. Pero si hay la reacción crítica que corresponde, este podría ser su Waterloo.

Pero más grave aún es que estando en la cúspide del sistema de justicia haga propuestas sin el más mínimo fundamento jurídico. Ha planteado, por ejemplo, la creación de un Consejo de la Magistratura, similar al que tenemos en el país para el control de los jueces, para que supervise la actuación de los integrantes de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Con este planteamiento, Villa Stein demuestra ignorar que una cosa es un órgano que se origina en una norma nacional y otra es un órgano que proviene de instrumentos internacionales.

El Consejo Nacional de la Magistratura al que se refiere existe porque lo creó la Constitución del Perú de 1993, por algo se llama Consejo Nacional de la Magistratura. En cambio, la Comisión Interamericana tiene su origen en una declaración internacional (la Carta de la OEA); mientras que la Corte Interamericana, en un tratado internacional (la Convención Interamericana de Derechos Humanos). No hacer esta distinción es confundir papas con camotes.

Al provenir la Comisión y la Corte de instrumentos internacionales, no son órganos cuyo régimen pueda ser cambiado así no más. Se requeriría para ello la modificación de los dos instrumentos internacionales mediante una clara votación a favor por parte del conjunto de los Estados de la OEA, siguiendo los procedimientos previstos en una serie de normas internacionales, lo que hace que ello sea un poco más complicado de lo que se pueda contemplar para cambiar los estatutos de una asociación dedicada a la colección de láminas de mariposas.

Pero qué importa todo esto. Al expresidente de la Corte Suprema se le ocurrió y, sin más, soltó la insólita propuesta. Lo importante para él es evitar que la Comisión y la Corte sigan resolviendo de manera sesgada. ¿Un juez del más alto nivel (en funciones) afirmando ante cámaras de televisión, como cualquier hijo de vecino, que las resoluciones del sistema regional interamericano (las que él está obligado acatar) son sesgadas? ¿No era que sobre los asuntos de fondo los jueces deben limitarse a hablar a través de sus sentencias? EL CNM debería evaluar si con estas declaraciones se ha incurrido en una inconducta funcional.

Después dijo que Diego García Sayán debía renunciar a la Corte, porque si se tenía que inhibir en todos los casos relacionados con el Perú, significa que no podía defender a su patria. O sea que la función de un juez internacional es defender a su patria. Con el mismo criterio, el juez chileno tendría que defender a Chile, el colombiano a Colombia, y así estos órganos se convertirían en campos de batalla. Y siguiendo con la misma lógica, el vocal supremo piurano tendría que defender a Piura y el chiclayano a Chiclayo. Estaríamos ante el fin de la independencia que deben tener los jueces, principio básico de la función jurisdiccional.

Acusó a las instituciones caviares de haber tomado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Todo un sistema internacional sometido por unas cuantas organizaciones nacionales? Nadie hasta ahora las había considerado tan poderosas. El vocal supremo en cuestión debería saber que tanto los miembros de la Comisión como de la Corte no son elegidos por las ONG sino por los Estados de la OEA, y son los Estados los que libremente deciden someterse a dichos órganos, tal como lo hizo el Perú hace décadas. Esto último es lo que manda, así no le guste a este juez que de pronto ha vuelto a ser caserito de los medios de comunicación. ¿Habrá alguna razón más allá de su vocación mediática? Continuará…

Es obvio que los culpables de los asesinatos a policías son quienes los perpetraron: secuestradores, asaltantes, terroristas, narcotraficantes, entre otros. ¿Pero cuántos de estos crímenes recientes son investigados de verdad, identificando a los responsables para que puedan ser juzgados y condenados? Más fácil es acusar a todos los narcoterroristas del Perú y del mundo.

¿Cuántos policías han muerto durante los últimos cinco años? No hay información oficial. Ni siquiera la hay sobre los que han muerto este año. ¿Más de 50 en todo el país? Es inentendible –y hasta una falta de respeto– que en los portales del ministerio del Interior y de la PNP no aparezca el dato ni los nombres. En ellos el tiempo se ha detenido. Solo se hace mención a héroes y mártires policiales caídos en las guerras con Chile y Ecuador, la guerrilla del 65 y los primeros años del terrorismo.

¿Qué pasa después de que se termina de echar la tierra en el cajón del policía muerto? La siguiente escena es la viuda ya en su vivienda, con varios hijos alrededor, muchas veces uno recién nacido, diciendo que ninguna autoridad se ha acercado a darle el pésame ni a concretar la ayuda. ¿Pudo evitarse esas muertes? ¿Cuántas familias de policías asesinados terminan recibiendo ayuda?

No tengo la información para hacer una afirmación general, pero puedo decir que en los portales referidos no hay información sobre los fondos económicos con que se cuenta para estos casos.

También conozco casos individuales de una desatención inhumana. Los familiares de los policías asesinados en Bagua tuvieron que luchar sin tregua para que se les diera los beneficios que por ley les corresponde. A cuántos vemos ahora reclamar porque sienten que sus parientes policías fueron enviados prácticamente como carne de cañón: no solo no les tocaba ir a esa peligrosísima misión, sino que los mandaron sin el mínimo adiestramiento y desprovistos del equipo adecuado. Un policía que conozco me contó cómo después de solo un año de preparación, de los 19 a los 20 años, su primera misión fue el Huallaga en las peores épocas de SL. Producto de un explosivo puesto por los terroristas en el camino, voló por los aires. Sobrevivió, pero destrozado. Perdió una pierna y la mitad de la otra, además de un ojo, un oído, parte de la mandíbula y, por tanto, del habla. Sin embargo, durante unos siete años tuvo que pelear judicialmente con el Estado para que se le pague unos beneficios mínimos.

¿Por cada joven enviado a estas zonas de conflicto, cuántos policías de grados superiores y mejor pagados van a ellas? Y todo esto aparte de las terribles condiciones en las que los policías tienen que combatir, tal como lo vienen denunciando los medios.

Digámoslo crudamente: la exhibición de todo este dolor en torno al asesinato de policías se hace para conseguir puntos políticos. Importa un bledo el policía y sus familiares. Y como creo que es imposible terminar con esa indolente costumbre, lo que planteo es que si al policía se le hace trabajar aun después de muerto, que por lo menos en esta oportunidad se le pague bien (con ayuda a su familia), tal como se lo merecía en vida.

Como desde hace muchos años venimos siguiendo el comportamiento de los integrantes del CNM, nos sorprendió que un consejero, Vladimir Paz De la Barra, denunciara a otro consejero, Gonzalo García Núñez.

El primero acusaba al segundo de haber demorado en ejecutar la no ratificación de un fiscal de Arequipa durante más de un año, lo que obviamente solo se podía explicar por intereses bajo la mesa. Por eso, Paz De la Barra denuncia a García ante la Fiscalía y luego ante el Congreso. Es decir, lo empapeló. El IDL comenzó a pedir formalmente las actas del Pleno del CNM donde consta lo que ocurrió sobre el caso y acudimos en primera fila a la sesión de la comisión de Justicia del Congreso, donde ambos consejeros dieron su versión. Grande fue nuestra sorpresa al descubrir que a la denuncia de Paz De la Barra le faltaban otros hechos que cambian la historia: es él quien tiene mucha responsabilidad en la demora de la decisión del CNM que no ratificaba a un fiscal de Arequipa.

¿Por qué? (Es pesado el esfuerzo pero vale la pena.) Porque fue él quien pidió la reserva del acuerdo de no ratificación allá en diciembre del 2010, lo que ocasionó que no se ejecutara y notificara inmediatamente. Porque no promovió debidamente esa notificación, a pesar de ser él el ponente del caso y, más aún, el presidente de la comisión de Ratificación en ese entonces. Porque solicitó levantar dicha reserva, no obstante faltar su propia firma en el acta y porque, por ejemplo, en el momento en que el CNM iba a levantar la reserva pidió que el tema no se tratara, lo que significaba alargar aún más esta demora. El Pleno decidió no acoger este pedido y, finalmente, a la sesión donde se ejecutó al fin el acuerdo (luego de más de un año) Paz De la Barra no asistió.

A esto se suma la acusación que hizo contra el congresista Zamudio por presuntamente interferir a favor del fiscal que estaba siendo evaluado, acusación grave de la que habría sido testigo excepcional pero que —y aquí el pequeño gran detalle— no denunció inmediatamente. Una acusación que también ha sido negada categóricamente por el congresista aludido.

Y, a continuación, la amenaza formal de Paz De la Barra contra nosotros por cinco millones de soles. Nos acusa de agredir su honor, cuando nos hemos limitado a informar lo que dicen las actas del Pleno del CNM y lo declarado ante la comisión del Congreso. Lejos de ser un ilícito, es para nosotros una obligación, pero de lo que se trata es de recurrir otra vez a su estrategia de empapelar a quien lo cuestiona, usando —lo que es más grave— las instituciones del país.

Y porque no le importó su honor defendió legalmente al juez Ángel Romero, quien firmó la irregular sentencia en el caso de los extrabajadores del BCR, lo que motivó su destitución, decisión que luego el CNM cambió de manera ilegal según nuestro criterio y el de muchos; o cuando en contra del Código de Ética del CAL contrató al juez provisional supremo Roger Ferreira Vildózola, quien fue destituido por el CNM por estar comprometido en un petroaudio, ni más ni menos, y así continúa la lista. La pregunta debe ser: ¿Cómo una persona como él puede seguir siendo consejero? Nos toca ahora empapelarlo a él, pero con justicia (con el apoyo de Cruz Silva).

¿Qué encontró en el trabajo carcelario para dedicarle su vida? Él no debe haber sido ajeno a ese sentimiento de omnipotencia que produce el vínculo con quienes lo han perdido todo y que ni siquiera pueden pasar por la puerta a través de la que uno sale y entra cada vez que quiere.

Pero su interés por las cárceles iba mucho más allá. Allí se podía ver la realización de uno de los pensamientos que lo obsesionaba: toda persona tiene una dignidad, que nunca la pierde, por más situación límite que viva. Es a partir de esa convicción que él se dedica a extraer las últimas gotas de dignidad en quienes les ha tocado bajar al infierno, al estar en una cárcel, sea justa o injustamente.

Erudito. Uno de sus autores preferidos era Saint Exupery. Especialmente su libro “Tierra de Hombres”. Le fascinaba la parte en que el protagonista se salva del desierto en el último instante, después de haber hecho por sobrevivir lo que ni el animal más fiero se hubiera atrevido.

Irónico sin zonas sacras. Ha quedado para la historia su frase de “el jefe de la Dircote debería ser nombrado ministro de agricultura porque se ha dedicado a sembrar pruebas”. Otra vez, en Huancayo, cuando el Jefe Político Militar le dijo que eso de los 200 desaparecidos al mes, era solo para molestar al gobierno, él comentó: “qué curioso General, 200 personas que mensualmente se suicidan solo por fastidiar al gobierno. ¿Su bendición padrecito? La bodega está cerrada”.

Un éxito inentendible. Mientras más agresivo era con su auditorio, más lo querían. A los jueces les decía en sus caras que esas medallas de latón dorado, en lugar de hacer que se hinchen como pavorreales, deberían servirles para impedir que los expedientes vayan de oficina en oficina cual bailarinas de ballet.

¿El ser humanos es capaz de hacer un acto gratuito? Otra de sus preguntas favoritas, que –como a él le gustaba provocar– conducía a la nada, pues desde el momento en que te propones realizarlo, ya no es gratuito. Era la manera de introducirte al mundo del pensamiento, en el que –según él– solo era posible tener intuiciones, y, muy de vez en cuando, alguna idea. La duda ante todo.

Detestaba el sentimentalismo. En una oportunidad fue invitado a ese tipo de programas para hacer llorar, y lo sorprendieron conectándolo telefónicamente con el único amigo que le quedaba de su juventud, a quien no había visto en décadas. El periodista se quedó estupefacto cuando Lanssiers no salía de dos palabras: “hola Paul”.

Pecador como todos. Por sus círculos podría haber escrito La Divina Comedia. En el primero estaban sus engreídos (generalmente los que él creía más inteligentes), en el segundo sus fans y en el último los que le caían mal, a quienes expulsaba del paraíso. Su ironía muchas veces era cruel, como lo recuerdan alumnos suyos a los que con ella los hizo sentir muy mal.

Raro que una persona como él no hubiera logrado despojarse de uno de los sentimientos más limitantes: la culpa. Su concepción de “solo los idiotas son felices” era una expresión de ella, por más que la usara para provocar una vida con sentido.

¿Y su acercamiento a Fujimori? Incompresible y punto en contra, aunque hay que reconocerle que fue de lejos, gratuito, fértil y coordinado con varias instituciones de DDHH.

Sus escritos y exposiciones, riquísimos. Maestro en la combinación de citas, metáforas y anécdotas cotidianas para decirnos que el enemigo no es el otro sino uno mismo; que no hay estado más peligroso que el mental; que hay que desconfiar de las buenas causas, porque en nombre de ellas se cometen las peores barbaridades. Se le extraña.

Todos y todas somos vulnerables frente a este mal que se tumba en un instante a varios Rambos juntos. Felizmente, la depresión va avanzando en la conquista de sus derechos. En algunos grupos privados ya se habla de ella como algo normal y hasta está permitido hacer bromas entre antidepresivos y cama. Ha entrado también en el campo de lo políticamente correcto. Ahora no se le llama a enfermedad sino discapacidad mental, se distingue entre hombre deprimido y mujer deprimida, en los sectores A y B, y ha pasado a ser un indicador monitoreado por la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, en muchos otros sitios, el incremento de la tasa de depresión ha hecho que sea vista como un costo del que hay librarse si no se quiere perder rentabilidad. Si te clavan la etiqueta de “persona depresiva”es peor que no tener buena presencia y casi seguro que tendrás que irte a España a buscar trabajo. Entre los de arriba la lógica es otra. Cómo vas a invertir millones en cirugías verdaderamente milagrosas y en los coach que han hecho que tu personalidad sea regia, y vas a salir en la foto de una fiesta temática de verano con cara de deprimido o al costado de alguien que se ve así. Simplemente no va.

Por eso, la mejor receta sigue siendo en muchos casos que nadie sepa mi sufrir. Solo con mi pena. Escóndete. Que nadie te vea así, o cuidado que se enteren que alguien tiene eso en tu casa o en tu familia, porque muchos piensan que la depresión se contagia, al igual que el amarillo da cáncer. Te arriesgas, además, a que a tus espaldas se diga que desde que naciste tenías cara de deprimido y encontrarán todo tipo de señales en tu historia que demostraban que ese era tu destino, por más que esas mismas señales eran hasta ayer las que explicaban tu éxito o simplemente tu normalidad.

¿Y ahora quién nos salva? Qué hacer con este mazazo que, cuando se viene, solo sé que nada sé. Es muy elocuente que pese ser ya un estándar universal, sigue primando la falta de información sobre qué es, cómo prevenirla, cuál es el camino para regresar, como ayudar, como protegerme, a quién recurrir. La incógnita de siempre: ¿han aumentado los casos de depresión por los tiempos que vivimos, o siempre habrá sido así, solo que no se sabía o se le llamaba “mal de los nervios” o surmenage?

Pero volvamos a la parte de los avances pese a todo. Ahora hay muchos que exigen y consiguen con justa razón licencia pagada por depresión. Existen grupos de deprimidos anónimos (DA). Círculos de familiares donde se busca intercambiar experiencias o simplemente hacer catarsis, ya que por cada persona que sufre depresión severa y resistente, hay un promedio de cinco afectados. Hace tiempo que ya se ha iniciado la lucha por la inclusión de la salud mental en la cobertura de los seguros y por la adopción de una política pública al respecto.

Sin ánimo de de incurrir en un no vayan a creer que estoy deprimido, deseo explicar que la razón de este artículo es que me he enterado que una persona que quiero mucho está dando una batalla contra esa sombra que a todos nos sigue. Y lo hago con humor, porque es el código que con él disfrutamos.

Una foto vale más que mil palabras. El viernes último acudieron a la diligencia en la que el juez José Chávez Hernández, del 12 Juzgado Penal, debía leer la sentencia en relación a la querella que contra ellos viene siguiendo el general (r) de la PNP Ketín Vidal. El primer shock se produjo al notar la presencia de dos policías en el estrecho cuarto donde se llevaría la sesión. Un hecho que solo tiene sentido en este tipo de casos cuando la sentencia no solo va a ser condenatoria sino de ¡prisión efectiva!

Todo se puso más intimidatorio cuando un juez bastante agresivo, preguntó a los periodistas si llevaban armas, ordenándole a Roberto More sacar su mochila al cuarto del costado. Luego botó a varias personas del lugar, alegando sin fundamento la reserva de la diligencia.

Pero el clímax de la situación ocurrió cuando parecía que el juez cumpliría con su amenaza de leer la sentencia, pese a habérsele advertido que no se había resuelto la recusación que contra él se había interpuesto por su falta de imparcialidad, puesto que no permitió, por ejemplo, el informe oral de la defensa de los periodistas.

El juez afirmó tajantemente que todo estaba resuelto y notificado. Y cuando se le solicitó los cargos de las notificaciones, quedó al descubierto que estos no existían. Pese a ello, continuó, y cuando ya todo parecía un hecho consumado, por alguna razón se echó para atrás y postergó la lectura de sentencia.

Este tema se inicia cuando Ketín Vidal acusó a los periodistas de atentar contra su honor, como responsables de la publicación en diario16 de la nota periodística titulada “Policía vincula a Ketín Vidal con los Sánchez Paredes. Documento secreto revela que el héroe de la captura del siglo abogó por el clan trujillano durante la investigaciones policiales por lavado de activos”.

La protección del honor es un derecho tan importante como los derechos a la libertad de prensa y a la información. No tendría nada de malo, entonces, recurrir al mecanismo jurídico previsto para la protección de derechos frente a la prensa. El problema surge cuando hay señales inequívocas de que dicho mecanismo pretende ser utilizado como una represalia contra periodistas.

La primera mala señal se dio cuando el proceso comenzó a prosperar sostenidamente, pese a que la publicación de la nota periodística estaba plenamente justificada. Se trataba de una información de relevancia pública, pues alude que quien ha sido Ministro del Interior y Director de la PNP, estaría usando su poder a favor de propósitos ilícitos.

Y la nota se basaba en una fuente policial a la que diario16 y otros medios consideraron confiable, y cuya a veracidad Vidal no ha puesto en cuestión, por lo menos como argumento central de su denuncia. Él recurre a un tipo de argumento que dentro del Derecho moderno ya no tiene importancia, por su carácter subjetivo: la motivación que subyace. Vidal alega que el autor de la nota ha tenido como objetivo sugerir que su persona es un “corrupto, mafioso, manipulador, ladrón delincuente, aprovechador…”.

Aparte de las irregularidades durante el proceso, otro motivo de desconfianza es que estamos ante un juez que ha tenido varias sanciones, por lo menos a nivel de la OCMA, en casos importantes. Y que actualmente viene siendo cuestionado por su actuación en el caso Comunicore. De un lado, hay quienes lo cuestionan por haber primero excluido a Castañeda del proceso, y del otro, por luego haberlo incluido, a partir de un mandato superior. Un nuevo cierra filas es decisivo. (Por razones de transparencia, explicitamos que el IDL, institución de la que soy director, patrocina legalmente este caso por estar en riesgo la vigencia de derechos fundamentales)

Esta ilegal e incorrecta decisión del Presidente respecto a su hermano, ha hecho que surja un 34 % de encuestados que lo desaprueba por esta razón, lo que obviamente ha contribuido al descenso de su popularidad en general. Pero lo de Antauro es mucho más grave, ya que, según la misma encuesta, un 74% cree que influye en el Presidente y en el ejército, un 69% en las autoridades a cargo de su vigilancia (INPE) y un 67% en organismos del Estado.

Si a estas cifras le sumamos el 83 % que cree que la esposa del Presidente tiene una gran influencia en él, podría comenzar a hablarse, ya no solo de un cogobierno de la pareja presidencial (31%), sino de un triunvirato a cargo del poder político, y de un Presidente que, pese a ser el único elegido, se va desdibujando. A pesar de que solo han pasado unos meses desde la última encuesta, todo ha cambiado en el nivel de aprobación presidencial. De estar subiendo desde diciembre, ahora cae 6 puntos. Todavía mantiene un nada despreciable 53%, pero el inicio de una caída siempre es peligroso.

Nuevamente sorprenden las causas de la aprobación. La primera es la lucha contra la corrupción, cuando ella es también la primera para la desaprobación. Lo cierto es que sobre este problema nada se ha hecho. Las siguientes tres razones para aprobar al Presidente se refieren a medidas sociales. Estos resultados son tan reiterativos que obligan a revisar la percepción que se pueda tener en sentido contrario.

Pero lo que más sorprendente es que en la anterior encuesta la aprobación presidencial subiera en todos los niveles socioeconómicos (salvo en el E, en el que solo perdió cuatro puntos) y en todas las zonas del país. Ahora, por el contario, cae en unos y en otros (salvo en el centro). Personalmente no creo que esta visible caída generalizada se explique fundamentalmente por el caso Antauro. Para comenzar, los pesos porcentuales de las razones por las que se aprueba o desaprueba al presidente (de 48% a 38%), son mayores al de la desaprobación por causa de las gollerías del hermanísimo (34%).

Por otra parte, no me parece que estos privilegios hayan sido vistos tan graves en el sector A, como para que este sector le retire 12 de los 15 puntos que le acababa de dar, de acuerdo con la encuesta anterior. Como tampoco creo que lo de Antauro explique el descenso de 8 puntos en el oriente, donde los acontecimientos de Lima no son para nada los más importantes.

En el caso del sector A podría ser más bien que estén molestos con Humala por permitir, por ejemplo, que el proyecto Conga siga suspendido y que varios peritos estén revisando el Estudio de Impacto Ambiental, que se creía cerrado. Mientras que las otras caídas podrían explicarse, al contrario, debido a la percepción –verdadera o falsa– de que Humala se ha cambiado de bando. Es elocuente su pérdida de popularidad en el norte del país (10 puntos), donde está el proyecto Conga (solo en esta región Humala ya está por debajo del 50% de aprobación)

Si se quiere llegar a un acuerdo en torno a dicho proyecto y no azuzar el conflicto, habría que prestar atención a los datos que al respecto traen las últimas encuestas. En la anterior, una mayoría respondió que creía que los peritos nombrados por el gobierno no serían imparciales. En esta se le da casi la misma importancia al peritaje oficial (65%) que el hecho por encargo de una de las partes (63%). Y se cree que los resultados deben servir para determinar si el proyecto es viable o no, y no solo para reducir el impacto ambiental.

El punto de partida es que una reorganización de la APCI no tiene por qué ser mala, necesariamente. Todo lo contrario. Podría servir para que retomara la función positiva con la que fue creada en la época de Toledo: “para conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional...”

Pero lo que pasa es que, durante el Gobierno de García, la APCI se convirtió en un mecanismo de amedrentamiento y persecución contra determinadas ONGs. Fujimoristas y apristas lograron hasta que se aprobara una ley en la que se formalizaba dicha transformación. Pero la norma era tan burda, que el TC la declaró inconstitucional, en lo esencial. De ahí la sensibilidad frente al tema APCI.

El cambio que se plantea no es, además, de poca monta. La Comisión tiene la potestad de hacer una propuesta sobre las “modificaciones normativas en la gestión de la Cooperación Internacional que se consideren necesarias“; es decir, puede meterse en todo. Es indispensable que se den señales muy concretas de que no estamos ante un nuevo intento de golpe contra la sociedad civil.

Una buena señal es, obviamente, la presencia de Rafael Roncagliolo, quien, conociendo bastante acerca de la Cooperación Internacional, tendrá un peso decisivo en el sentido de la reforma, ya que por su cargo de Ministro de RR.EE. es vicepresidente del Consejo Directivo de APCI. Pero mayor peso tendrá Óscar Valdez, ya que por su cargo de Primer Ministro es Presidente del mismo Consejo Directivo. ¿Y si Roncagliolo sale?

Una medida muy concreta para generar confianza por parte del Gobierno sería subsanar el error de no haber incorporado en la Comisión de reorganización a representantes de la Sociedad Civil. Si el objetivo es potenciar la cooperación internacional en beneficio del país, tiene pleno sentido llamar a quienes más conocen del uso de dicha cooperación.

Lo segundo que falta es abrir el debate. No, a la toma de decisiones entre cuatro paredes y buscando el hecho consumado. Por otra parte, debe descartarse toda propuesta que atente contra lo que ya ha dicho el TC. Un punto central a respetar es que las relaciones en torno a la C. I. son, en principio, de carácter privado y, por tanto, deben ser tratadas como cualquier relación de esa naturaleza. Salvo si dicha C.I recibe algo del Estado, como puede ser un beneficio tributario, supuesto en el que puede haber mayores exigencias.

Pero aun en este segundo caso, APCI –como lo ha establecido el TC- no tiene carta blanca. No se puede, por ejemplo, cancelar el registro como sanción administrativa.

Esta libertad de la C. I. como punto de partida no impide que ella pueda ser sometida a determinadas regulaciones. Como lo dice expresamente el TC: “…si bien es cierto la libertad contractual deriva de la ley, no es inconstitucional regular la facultad administrativa de establecer reglas jurídicas por razones de orden público”.

Ni que la C. I. no tenga que rendir cuentas. En esto también coincidimos plenamente con el TC: “…la vida privada admite algunas intervenciones legítimas, fundamentadas constitucionalmente en el derecho del público a la información; derecho que es concreción subjetiva de los principios constitucionales de publicidad, transparencia y proscripción de la corrupción”.

¿Y por qué no se aprovecha la oportunidad para mirar un poco a la otra cooperación internacional, a la que recibe el Estado y siempre pasa piola, por más enorme que es? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los resultados de los millones y millones de dólares que el Banco Mundial ha puesto para mejorar el Poder judicial? Y cuidado, que no se trata de una cooperación no reembolsable, sino de una bajo la modalidad de un préstamo que, aunque tenga un interés bajo, el Estado peruano tiene luego que pagar. (Hecho con Liliana Sánchez)

Según el Informe de Evaluación Mutua para el Perú, del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), los principales delitos generadores de estos ingresos ilegales son la corrupción (a través de comisiones en licitaciones de obras o compras del sector público), el narcotráfico, atentados contra la propiedad intelectual, la defraudación tributaria, el tráfico de armas y otros más.

¿Y cómo va nuestra capacidad de respuesta? El lavado nos va ganando por una goleada vergonzosa, y lo más probable es que sea con árbitros comprados.

Durante tres días de la semana pasada, el IDL -con el apoyo de la embajada británica- realizó un taller sobre lavado de activos, al que asistieron muchos de los jueces, fiscales, procuradores y policías que tienen directamente en sus manos la investigación y sanción del lavado de activos en el Perú. La reunión fue en sí misma importante, ya que uno de los problemas es la falta de coordinación entre ellos.

Felizmente, lo primero que se notó fue la existencia de un grupo de hombres y mujeres que a diario viene tratando de hacer bien su trabajo, superando precariedad, riesgos y bajos sueldos, y sin ningún ánimo de notoriedad. Simplemente por vocación, por profesionalismo y ganas de hacer algo por el país.

Pero luego vino el “no entiendo nada”: en mayo del año pasado se publicó un Plan Nacional en contra del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en cuya elaboración participaron veintidós instituciones.

Todos los asistentes coincidieron en que si ese plan se comenzara a ejecutar, todo funcionaría mucho mejor, ya que con él se llenarían los vacios y se harían los cambios que todo el mundo sabe que son indispensables.

¿Qué lo impide? Las dos palabras de siempre: voluntad política.

Otra de las razones por las que el lavado de activos nos viene dando como a piñata es el bajo nivel de conocimientos y de especialización de los operadores jurídicos. Ellos reclaman, pero nada, aunque hay que reconocer que hay avances en el Ministerio Publico. Y así tienen que salir a enfrentar a los estudios de abogados ‘lavanderólogos’ que, basados en el principio de que todos tienen derecho a la defensa y de sofisticadas armas, son capaces de convertir a un hampón en San Francisco de Asís.

Otros de los problemas en los que se coincidió es que los grandes esfuerzos institucionales van dirigidos fundamentalmente a cautelar las transacciones en el sistema financiero. Algo que hay que hacer, pero sin olvidar que en la actualidad buena parte del lavado de dinero se realiza a través de vías que no pasan por dicho sector. Hoy se usa muchas veces el ‘hormigueo’ o ‘pitufeo’ (operaciones no muy grandes a lo largo del tiempo), vinculado tanto a actividades legales (negocios) como fuera de la ley (contrabando, minería ilegal, etc.). Además, en un país de altos niveles de informalidad, el sistema financiero solo puede supervisar una parte de los recursos económicos que se mueven en el país.

Hay también un nudo jurídico por las diferentes posiciones que se manejan sobre si el lavado de activos es un delito autónomo o se tiene que probar antes el delito preexistente del que provienen los recursos. La discusión continúa, pese a que –como el vocal Víctor Prado recordó enfáticamente en el evento–, ya la Corte suprema resolvió que es autónomo.

David Copey, experto británico, luego de exponer una serie de casos exitosos de la vida real, cerró el evento recomendando una fórmula básica que ya conocemos pero que siempre “olvidamos”: lo que hay que hacer es comprender bien quién es el enemigo, especializarse en función de ello y utilizar, sobre todo, la inteligencia. (Art. hecho con Glatzer Tuesta)

Es lógico pensar que la captura de Artemio ha sido la causa principal, pero lo que sorprende es que frente a la pregunta de por qué razones aprueba la gestión de Ollanta Humala, no está dicha captura ni la lucha contra el terrorismo. Así como también es raro que las dos primeras razones ante dicha pregunta sean los cambios que está realizando para la mejora del país y la lucha contra la corrupción.

En relación a lo primero, es extraño porque se creía que la percepción generalizada era que Humala había borrado de su mente la palabra cambio. Y en cuanto a corrupción, tampoco se explica porque lo más lógico era creer que saldría jalado por hechos como el salvavidas que el oficialismo le tiró a Chehade; tan es así que la corrupción en el gobierno aparece como el primer motivo por el que un 29 % opta por la desaprobación.

En cuanto a niveles socioeconómicos, es en el sector A que Humala vuelve a dar un salto espectacular, esta vez de 15 puntos. Este dato confirma que quienes lo veían como la encarnación de Satanás ahora lo aman. Es obvio que no es un amor gratuito y que medidas como la suspensión del proyecto Conga o la aprobación de la ley de consulta no han hecho mella en el apoyo empresarial, como algunos proyectaban.

¿El hecho de que Humala haya bajado solo en el sector E es la prueba de que ya se produjo un divorcio entre el presidente y quienes votaron por él? De ninguna manera, si se toma en cuenta que el descenso es solo del 4 % y que el apoyo al Presidente Humala en este nivel sigue siendo mayoritario (56 %). Además, sigue subiendo notoriamente en sus bastiones principales del Sur (9 puntos) y el Oriente (8 puntos)

En cuanto a la desaprobación presidencial, el Gobierno debería tomar nota de que –comprensiblemente- la segunda causa es la falta de seguridad. Hay resultados en la encuesta visiblemente contradictorios. Frente al Primer Ministro Valdés son más los que lo desaprueban (32 % contra 28 %), y la principal causa es el cuestionamiento que se le suele hacer: su falta de capacidad para manejar conflictos. Sin embargo, el 44 % opina que debería continuar en el cargo y solo un 32 % cree que debería ser reemplazado.

Respecto al conflicto Conga, lo contradictorio es que el Presidente sube en el norte, zona donde éste ocurre, a pesar de que se cree – cuidado con este dato– que los peritos nombrados por la PCM no actuarán imparcialmente (34 %) sino que harán lo que el Gobierno les pida (51%) .

Hay un punto que provocará las iras contra Alfredo Torres de parte de los enemigos de los derechos humanos: un 63 %, contra un 32 %, cree que deberíamos seguir formando parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, hay alguien que le gana a Humala: Nadine, su esposa. Ella también sigue subiendo, pues tiene un nivel de aprobación de 66 %, es decir, 7 puntos por encima del Presidente. ¿Será por ser mujer, por una buena actuación o por una eficaz campaña?

Sin perder nunca la sonrisa, se acercaba a las sombrillas de quienes estábamos alrededor de una impecable piscina celeste, para ver si había algo que recoger. La dignidad con la que cumplía su trabajo hacía que para muchos su presencia no pasara desapercibida. Con quienes tenía más confianza, entablaba breves y agradables diálogos.

A los chicos que ella había visto crecer los llamaba “mis hijos”, y a cada uno le ponía un cariñoso apodo, generalmente un nombre de ave. Su modesto trabajo le permitió cumplir con el sueño de muchos peruanos: varios de sus hijos llegaron a ser profesionales y se compró un terreno que primero cercó, para luego levantar y techar, habitación por habitación.

Pero la sonrisa de la señora Rosalinda se fue desdibujando. Y no era para menos. Se le fueron muriendo varios hijos. Si los padres no están hechos para enterrar a un hijo, mucho menos para sepultar a cuatro.

El tercero de ellos, Juan Mamani, según la señora Rosalinda, después de su muerte se había convertido en una lechuza que siempre estaba en la casa y se comunicaba con ella. Una vez me dijo que Juan quería ayudarme en el trabajo y que para ello debía poner su foto en un lugar visible. Le cumplí.

Rosalinda y Juan eran, por esa cosas raras de la vida, devotos de una virgen argentina, la de Luján. Hicieron una gruta cerca de su casa y muchos vecinos comenzaron a ir a rezarle, hasta que la fe en ella derivó en una importante peregrinación una vez al año.

Hace unos días murió una de sus hijas. Una joven de 28 años. Según la familia, ella fue al hospital Hipólito Unanue para una operación de la que salió bien, pero adquirió una neumonía que la mató.

El infinito dolor vino acompañado de problemas relacionados con el vil metal. Secuestraron el cuerpo y pidieron de rescate cuatro mil quinientos soles. No solo no hubo ninguna explicación sino que había que pagarle a quienes la mataron.

Rosalinda, una mujer que había trabajado todos los días durante cuarenta años, no tenía esa cantidad, y menos para el cajón, el sepelio y el entierro. Y eso que acababa de obtener un dinerillo por vender unos animales que venía criando para complementar sus ingresos, pero justo acababa de gastar en los trámites para su jubilación. No le quedó otra que aceptar la poca ayuda que le ofrecieron.

La muerte de cada uno de sus cuatro hijos tiene una explicación médica. Pero en realidad se relacionan más con esa pobreza que se ha reducido un poco en las estadísticas pero que sigue siendo mortal para muchos.

Surge una enfermedad que, por falta de recursos, primero se intenta curar con yerbas, pócimas o rezos. Ante su agravamiento no queda más que ir a un hospital. Allí se encuentran con que no hay camas ni medicamentos, ni buen trato profesional y muchísimo menos, humano (obviamente, con las excepciones del caso).

Pude ver a la señora Rosalinda durante el velorio. Dijo que le contaron que la lechuza había estado revoloteando todo ese día, pero que ella no la pudo ver porque estaba trabajando. Me enseña la foto de su hija, diciéndome que ahora ella también se va a donde tiene enterrados a sus otros tres hijos. Al despedirse, me susurró que esta vez hasta la virgen de Luján le había fallado. Rosalinda ya no ha regresado a trabajar. Ya está su reemplazo. Solo algunos preguntan por ella. Trato de imaginar qué puede estar sintiendo y pienso en el verso de Hernández: “me duele hasta el aliento”.

También ha sido positivo que, habiéndolo capturado herido, se optara por traerlo con vida y no por matarlo. Si sobrevive podrá ser sometido a la justicia, la que respetando las garantías del debido proceso (aplicables a todos, por más que se trate de un terrible delincuente, como es el caso) podrá imponerle la más alta sanción prevista por ley.

Esto último significa otro golpe contra SL, ya que se afirma la superioridad moral de un Estado democrático frente al terrorismo y porque permite que todos los peruanos podamos ver una vez más cómo los senderistas actúan motivados por un dogmatismo trasnochado y a través de acciones que expresan el más profundo desprecio por la vida.

Recordemos que el que se dejara con vida a Guzmán ayudó al desmoronamiento de su organización. Nos permitió ver cómo la “la cuarta espada” se rindió sin disparar un solo tiro y al poco tiempo escribió una carta a favor de Fujimori, a cambio de algunos beneficios personales, además de lanzar la consigna de “salvemos la vida del presidente Gonzalo”, cuando él había provocado la muerte de miles de jóvenes, por haberles metido en la cabeza que “había que llevar la vida en la punta de los dedos “.

El que se haya disparado contra ‘Artemio’ no viola los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario (los mínimos que todos tienen que respetar en un conflicto armado nacional). El hecho de tratarse del jefe de una columna armada que se desplaza por la selva para escapar o cometer atentados, hace que sea un objetivo militar, contra el que el Estado tenía el derecho de usar las armas. Distinto hubiera sido que, una vez rendido o capturado, se le matara.

Parece ser que un grupo de senderistas del entorno de ‘Artemio’ habría acordado con la policía matarlo, animados por los cinco millones de dólares que hay de recompensa por su captura y porque podrían acogerse a los beneficios propios de una colaboración eficaz.

Se vuelve a demostrar que este tipo de de legislación (beneficios a cambio de información) puede no agradar, porque significa premiar al delincuente que traiciona y delata, pero es, en buena hora, el talón de Aquiles del delito.

También se vuelve a demostrar que mucho más eficaces son los golpes de inteligencia que las políticas antisubversivas que ocasionan la violación sistemática de derechos humanos. No nos debemos olvidar que Sendero Luminoso no fue derrotado en el pasado sobre la base de los miles de casos de desaparecidos, torturados, ejecutados o detenidos que han habido en el país, sino a partir de la captura de Guzmán, su expulsión de Ayacucho por las rondas campesinas y el rechazo activo de los sectores populares.

Un buen golpe de inteligencia es mucho más eficaz que una persecución basada en miles de violaciones de derechos humanos.

Queda pendiente la captura de los pocos, pero siempre peligrosos, senderistas que están en libertad, pero también algo más: una discusión seria y a fondo sobre lo que permitió que un grupo como SL (dogmático, trasnochado y violentista) haya podido avanzar tanto, y qué fue lo que provocó que, tras estar perdiendo, de pronto el Estado y la Sociedad lograran ganar. Sería un error quedarnos en los adjetivos y en los gritos de victoria, azuzados por los que siempre usan el terrorismo políticamente. Que no se nos impida reflexionar para que SL no resucite o para que estallen otros senderos, los que en un país como el Perú pueden estar a la vuelta de la esquina.

Hablando de estos temas: ¿Qué fue del lugar de la memoria? Después del adecuado nombramiento de Diego García Sayán como presidente de la Comisión que lo debe realizar, no se ha vuelto a escuchar ni una sola palabra.

Hemos conocido el caso, por ejemplo, de un candidato que no ha podido explicar adecuadamente con qué ingresos se ha podido comprar una serie de carros y bienes. De dónde pacata mía, si los jueces se quejan de lo mal que ganan. En otros casos se trata de candidatos que nadie los podría acusar de falta de "coherencia": sus fallos siempre han sido a favor del narcotráfico y la corrupción.

Se trata además de cuestionamientos que han dado origen a investigaciones en la OCMA y el Ministerio Público, que si bien no han terminado en destitución o en un proceso penal, ha sido fundamentalmente por razones de forma. Y ha habido ocasiones en que el Tribunal Constitucional les ha enmendado la plana. Si el CNM termina ratificando a magistrados que tienen este tipo de denuncias, los que votaron a favor están obligados a explicar abiertamente sus fundamentos. Y si no son jurídicamente sólidos, ellos deben pasar a ser los investigados. Es al Congreso que le toca hacerlo por mandato de la Constitución y tiene la facultad de separarlos.

Otro aspecto que debería mirarse con especial atención es el conflicto de intereses que puede haber entre los miembros del CNM y determinados nombramientos y ratificaciones. Si un miembro del CNM ha estado vinculado a un candidato a partir de un caso judicial, debe inhibirse. Y si opta por comprarse el pleito por no hacerlo, da para sospechar. Debe hacerse una especial fiscalización de los miembros del CNM que en el pasado han tenido también cuestionamientos. Recordemos que la principal debilidad del CNM como institución es que el sistema de elección de sus miembros permite que entren a formar parte de él personas con pésima reputación.

¿Y Cómo explicar que haya casos en los que cuatro consejeros están absolutamente a favor de la ratificación, mientras que los otros tres votan por la no ratificación? Hay que tener, igualmente, mucho cuidado con el acostumbrado uso y abuso de las acciones de amparo. Hay quienes a través de ellas están logrando ingresar o volver al Poder Judicial, cuando no han podido conseguirlo por la vía regular. Haciendo una lista de quienes están siendo beneficiados podremos hacernos una idea de por dónde va el plan.

Lo más grave es que si esto sucede cuando están de por medio ratificaciones de jueces o fiscales que por tener una actuación conocida en Lima sabemos quién es quién, qué puede estar pasando con los nombramientos y ratificaciones de candidatos muy poco conocidos, frente a los que nadie ejerce una labor de fiscalización La actuación del CNM no debe medirse en función del número de magistrados nombrados o ratificados, sino por la calidad de dichos nombramientos. Nos referimos a transparencia, consenso y capacidad de sustentar el sentido de cada voto, sobre todo de quienes dejaron de lado cuestionamientos como los señalados.

No estaría mal que hubiese un sistema de seguimiento de los magistrados nombrados por cada CNM, para tener criterios más objetivos de evaluación. Ello permitiría, además, que ante cada escándalo con un juez no solo culpemos al Poder Judicial sino señalemos también a los consejeros que lo nombraron o ratificaron. Ahora, en nombre de la justicia siempre hay que reconocer que hay " jueces y jueces " y "consejeros y consejeros".

Nos toca a nosotros tomar precauciones para evitar que a través de diferentes mecanismos nos estemos llenando de más jueces y fiscales en los que no se puede confiar ni en lo más mínimo. Es inexplicable tanta indiferencia social, si de ellos depende la defensa de derechos fundamentales (la libertad de prensa, por ejemplo), así como la persecución del delito (narcotráfico, corrupción, violaciones de derechos humanos o delincuencia común). Para meter más miedo: nuestras vidas están en sus manos.

Recordemos que en marzo del 2000 sacó un informe demoledor contra las elecciones donde se pretendía la reelección de Fujimori. En él se dijo que “de acuerdo a los estándares internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado como libre y justo”, recogiendo las palabras de Eduardo Stein, excepcional observador electoral de la OEA.

En el mismo informe, la CIDH llegó a decir -razón por la que los fujimoristas se la tienen jurada- que prácticamente se había producido un nuevo golpe de estado: “el proceso eleccionario que ha tenido lugar en el Perú constituye claramente una interrupción irregular del proceso democrático a que se refiere la Resolución 1080, adoptada en 1991 por la Asamblea General de la OEA”.

Resolución pocas veces citada, ya que a través de ella (1991) se introdujo que, ante situaciones como la del Perú, la OEA tenía la obligación de convocar al Consejo Permanente “para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; todo ello dentro de un plazo de 10 días”.

A diferencia de muchos peruanos que creían ingenuamente que había que limitarse a pedir la democratización del tercer período de Fujimori, la CIDH optó por decir que “urge el restablecimiento del Estado de derecho en el Perú y la convocatoria, en un plazo razonable, de elecciones libres, soberanas justas y auténticas que cumplan con los estándares internacionales respectivos”. En dos palabras: nuevas elecciones.

También se jugó a favor de nuestra democracia la Relatoría Especial de Libertad de Prensa de la CIDH, a la que hoy también se cuestiona injustamente.

Dicha relatoría no se amilanó al llamar a las cosas por su nombre: “incidentes de seguimiento a periodistas y políticos; interceptaciones de llamadas telefónicas; campañas de desprestigio a medios de comunicación y personalidades que hayan expresado opiniones críticas a las actuales autoridades; utilización del poder judicial para silenciar programas radiales y de televisión con contenidos críticos; presiones judiciales a los propietarios de medios de comunicación, buscando evitar programación desfavorable y numerosos casos de amenazas y ataques a periodistas y políticos”.

A los pocos días del fraude fujimorista se realizó la Asamblea de la OEA en Windsor, Canadá. La CIDH ratificó su posición y en el mismo tono. Para el Perú debe ser, entonces, de especial cuidado lo que pueda pasar el 25 de enero, fecha en la que se reunirá en Washington el “Grupo Especial de Trabajo creado para evaluar el funcionamiento de la CIDH. Ojalá que las modificaciones que salgan sean para mejorar el desempeño de la CIDH, pero sería un retroceso - y un triunfo para los Estados que, por una u otra razón, no quieren ningún tipo de monitoreo externo -que ellas signifiquen su debilitamiento.

Confiamos en que el Perú honre su deuda. Y confiamos también en nuestra delegación. La presidirá el canciller Roncagiolo , de reconocida trayectoria, quien fue , además, testigo presencial del papel que a favor de nuestra democracia jugó la CIDH en la asamblea de Windsor, a la que él también asistió como presidente de Transparencia. La presencia de Walter Albán, nuestro actual embajador ante la OEA es también garantía de una correcta actuación.

Pero lo preocupante es que el trabajo de este Grupo Especial se inició teniendo como presidente al entonces embajador del Perú ante la OEA, Hugo de Zela, quien, por esas cosas raras de la vida, también estuvo en Windsor, solo que defendiendo a grito pelado el fraude electoral y la reelección de Fujimori (más información en Portal de Justicia Viva).

Pero sería negar, cual Pedro, el hecho de pertenecer a una institución, el IDL, que desde 1983 tiene como una de sus líneas fundamentales de trabajo, la defensa de los derechos humanos. Discrepo con lo escrito, pero valoro poder responder. “Nos hubiera gustado ver a alguna de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos interesadas siquiera en el caso de Gastón Mansilla… “, es su punto de partida. Afirmación tras la que está la pregunta recurrente de: ¿por qué estas organizaciones no se han pronunciado sobre este caso, y sí sobre otros?

Nuestra respuesta es que se hace una separación implícita, que no nos parece correcta. A un lado se pone a quienes están obligados a defender los derechos humanos (las ONG-DDHH), y en el otro, a quienes lo hacen como un acto gratuito, que va más allá de la función que les corresponde. Pero no es así. Todos tenemos la obligación de defender los derechos humanos, porque son básicos en un Estado de derecho. Es como si se dijera que los únicos que tienen la obligación de defender la libertad de expresión son el Consejo de la Prensa Peruana e IPYS.

Si se parte de esta premisa, la pregunta de por qué se le presta atención a estos casos y no a otros, vale para todos. Se sabe muy bien que en el Perú hay miles de personas que deberían estar solo con orden de comparecencia y no de prisión efectiva. ¿Estas personas no deberían ser también preocupación de los medios, como lo ha sido, de manera justa, Mansilla?

¿Por qué solo la cobertura del dramático caso de Ciro Castillo, y no de los 14,000 desaparecidos que hay en el país, cuyos familiares los vienen buscando desde hace años, sin ninguna ayuda? El IDL – y estoy seguro que muchas otras instituciones – optaron por no intervenir en el caso Mansilla, porque él contaba con una serie de condiciones: abogado, respaldo mediático, pronunciamiento de autoridades, etc.

Es decir, no se encontraba en un estado de indefensión. Otra es la suerte de la mayoría de los casos asumidos por las ONG. Se trataba de personas que, por lo general, no podían acceder a ningún tipo de defensa. “¿Por qué los organismos de derechos humanos solo intervienen cuando se trata de detenidos o procesados vinculados a agrupaciones subversivas?”, es otra de las preguntas de la columna.

Respuesta: no intervenimos en casos de procesados “vinculados a dichas organizaciones”, sino de procesados “acusados de estar vinculados a dichas organizaciones”, cuando en realidad no lo están. Defendimos, por ejemplo, a los inocentes en prisión y no a senderistas o emerretistas encarcelados.

Hay una última acusación que, con sinceridad, me sorprende que alguien como Juan Carlos Tafur la crea: los criterios de selección de las ONG tienen que ver más con su contabilidad que con principios, llegando a decir que… “es más sexy y mejor financiado el desvelo por Lori Berenson”.

Cuando ocurrió, precisamente, la detención de Lori Berenson, personas vinculadas a ella ofrecieron al IDL el monto que quisiéramos para asumir su defensa. Y nos negamos por una cuestión que, para nosotros, era de principios. Ahora, vale aclarar, que estamos lejos del ánimo de linchamiento que hoy hay en su contra.

Los recursos que reciben las ONG de DDHH provienen de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá u organizaciones privadas que también tienen fondos públicos o vinculados a diferentes Iglesias. ¿Cuál sería la lógica para que estos países u organizaciones ayuden de manera prioritaria a las instituciones que defienden casos como el de Lori Berenson?

La congresista pena de muerte (Lourdes Alcorta) se queja de que estas mismas OSC enseñen en la Academia de la Magistratura. Pero no le parece mal que lo hagan quienes –tratando de burlar la ley y la verdad- defienden a fujimoristas que mataron, robaron, intervinieron el Poder Judicial, etc.

Con qué cinismo afirman que no hay transparencia ni fiscalización en la actuación de estas ONG y al mismo tiempo demuestran –con ese tipo de publicaciones– que tienen la información de sus ingresos, de las agencias que las apoyan y de las actividades que realizan.

¿Intolerancia? Mucho más. Si lo que quieren es borrarnos del mapa para tener cancha libre en la imposición de sus poderosos y no siempre santos intereses. Pero todo esto tiene su lado cómico: los que están en campaña permanente contra las OSC creen que éstas son una invención nacional que, por lo mismo, de ellos depende su desaparición.

En la escuelita para congresistas deberían enseñarles el ABC del mundo moderno. La Asamblea General de la Naciones Unidas, en marzo de 1999, aprobó una declaración en la que se dice: “los estados tienen “la o-bli-ga-ción” de proteger el derecho de toda persona a “formar organizaciones no gubernamentales...”; además la de comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”

La misma ONU, en su Asamblea general de setiembre del 2000, aprobó la Declaración del Milenio, y uno de sus supuestos fue: “Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil, en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza.”

En el caso de la Unión Europea, hay innumerables decisiones del mismo tipo, basadas en el Parlamento Europeo: “apoyo estructural para organizaciones de la sociedad civil”; “contribuir al surgimiento de una sociedad civil europea coherente y activa”; es necesario (que) las autoridades de la Unión y de los Estados miembros consulten con las organizaciones de la sociedad civil”

Vengamos al barrio. La OEA cree en la “la importancia de las organizaciones de la sociedad civil… para la democracia de los Estados miembros y las actividades de la OEA”. Asimismo, recomienda “brindar mayores oportunidades de espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar de (sus) actividades”. (Resolución 1915, XXXIII-O/03)

“La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil…” (Carta Democrática Interamericana), y ha creado, incluso, un Manual para la Participación de la Sociedad Civil.

Más, y con el voto a favor del Perú. Declaración de París: “Los países socios se comprometen a dirigir la ayuda… fomentando la participación de la sociedad civil…” (Marzo de 2005). Cuarto Foro de Alto Nivel en Corea: “Las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol fundamental en permitir que las personas reclamen sus derechos, en promover enfoques basados en derechos, en formar las políticas y asociaciones y en monitorear la implementación…”

En la misma dirección hay también decenas de instrumentos que vienen de Estados Unidos, Canadá y Europa. Para la mayoría de los Estados, firmar es generalmente sinónimo de cumplimiento y no una mera formalidad, contra la que, encima, se actúa groseramente. Los ingresos de muchas OSC del Perú vienen, en gran parte, por haber ganado concursos que se convocan a nivel mundial, en base a las disposiciones citadas. ¿Criticable?

Duda: 1) Los antisociedad civil se creen muy modernos, cuando en realidad están en la Edad de Piedra. 2) Son modernos solo cuando les conviene (Apoyo de M.J. Palacios).

Nunca, por ejemplo, hemos podido tener una discusión alturada sobre, en base a qué estándares mínimos queremos que haya industrias extractivas y, cuándo no, con ponderación, que es la manera moderna de proceder. ¿Alguien podría estar en contra de que se inviertan en el país millones de soles porque sí, gratuitamente? Más fácil que tratar de resolver ese tipo de asuntos son los gritos de antimineros, complot, etc.

Tras cada caso sonado de inseguridad ciudadana se pide pena de muerte, endurecimiento de las penas y medidas contra los jueces corruptos. Tener planes de largo plazo no rinde políticamente. . ¿Por qué un grupo como SL casi gana la guerra pero se le pudo derrotar? Fácil: cuatro locos aplastados por la mano dura.

Ahora surge el tema de los Comandos de Chavín de Huántar. Nuevamente prima el grito para su utilización política y para golear al enemigo. ¿Alguien en su sano juicio podría querer meter presos a quienes arriesgando sus vidas, en una acción efectivamente admirable, lograron salvar a rehenes secuestrados cobardemente por un grupo asesino, como el MRTA?

Obviamente que no. Pero hay que hacer creer que sí. Cuando lo que está en discusión no es la acción de estos comandos sino la posibilidad de que, finalizado el combate, gente totalmente extraña haya asesinado a los rendidos y heridos, por una orden que habría venido de Montesinos y compañía.

Estando las cosas como están, solo hay dos posibilidades: 1) Hacer una investigación judicial para llegar a la verdad. 2) Pasar a defender – asumiendo todas las consecuencias - el derecho a ejecutar a rendidos o heridos en determinadas circunstancias, por decisión de quien tenga el poder de facto.

¿Se defiende a los comandos asumiendo la segunda posición? Todo lo contrario. Lo mejor es librar su acción heroica de todo manto de duda, de los crímenes que la ensuciaron contra su voluntad. De otro lado, se ataca a la Comisión Interamericana de Derechos Humos por haber pasado el caso a la Corte. Se dice contra ella que habría excedido sus funciones, pero hasta ahora nadie sustenta tal afirmación.

Decir que sería porque todavía no se ha agotado la vía interna, más que un argumento es un acto de ignorancia, porque ese es uno de los puntos que la Comisión debe resolver. El Estado ha tenido innumerables oportunidades y un tiempo muy largo para sustentar su punto de vista. ¿Por qué no sacar a luz cuál fue la actuación de sus abogados? La ex procuradora Delia Muñoz hoy critica a todos, pero sería bueno ver qué hizo ella.

Se omiten, adrede, hechos importantes. Los miembros de la Comisión y de la Corte no pueden ser cómplices del MRTA contra el Estado Peruano, ya que son los mismos Estados los que periódicamente los eligen. Nunca la Comisión o la Corte se podrían pronunciar sobre los comandos, ya que dichos órganos solo evalúan la responsabilidad del Estado.

Y si éste es condenado, su obligación es la de abrir una investigación judicial interna. El juicio por el caso Chavín de Huántar, lejos de estar a punto de concluir, recién empieza, ya que la Corte es el tribunal y no la Comisión. Nuevamente se abren innumerables oportunidades para que el Estado fije su posición sin patear el tablero.

Ahora, tampoco se trata –como cínicamente plantean algunos- de que el Estado siempre defiende al Estado, así sea verdad la existencia de un crimen. Estaríamos ante un actitud de complicidad y reñida con la ley y la ética.

Por último, bajo ningún punto de vista nos conviene cuestionar la autoridad de los tratados y tribunales internacionales, justo cuando nosotros hemos sometido -con la razón de nuestro lado- un litigio con Chile al Tribunal de La Haya.

Esta vez no lo ha hecho planteando - como en los años de Fujimori y Montesinos- su salida de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, una vía tramposa que fue declarada inadmisible por dicho órgano. Ahora se plegaría al intento de reforma promovido por diversos países. Se trata de una reforma supuestamente encaminada a perfeccionar el SIDH, pero cuyo objetivo principal es, en realidad, debilitarlo.

Este intento de reforma está plasmado en un documento recientemente aprobado por la OEA, que contiene puntos positivos, pero muchos más son los peligrosos.

Así, en él se dice que hay que buscar “un equilibrio entre las actividades de promoción y de protección” que cumple la CIDH; ello significa que se quiere que lleve menos peticiones (casos) ante la Corte. También se limita el importante papel que viene cumpliendo la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, al considerar que su informe debe dejar de ser autónomo, como ha venido siendo, para convertirse en parte de uno de los capítulos del informe general, le relativiza su importancia. También comprende una serie de restricciones frente a la protestad de la CIDH de conceder medidas cautelares (la paralización inmediata y excepcional de un acto a fin de evitar un daño irreparable).

Han sido cuatro los países los que han estado tras el documento. Y las razones son obvias. Venezuela, por las constantes críticas de la CIDH frente a sus medidas antidemocráticas. Ecuador, por los choques con la mencionada Relatoría de Libertad de Expresión. Brasil, porque no le perdona a la CIDH la medida cautelarque ocasionó la paralización de la hidroeléctrica de Bello Horizonte. Y Colombia, porque no quiere seguir siendo criticada por la violación de derechos humanos en que incurre al combatir legítimamente a las FARC.

De acuerdo a lo declarado por nuestro Ministro de Justicia, ahora el Perú se sumaría al impulso de esta (contra) reforma. Y el motivo es que la CIDH ha pasado a la Corte el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los rehenes de la embajada de Japón.

En lugar de limitarse a ejercer una defensa que, por su alta calidad, logre demostrar - si así hubiera sido - que todas las muertes fueron en combate, o que todavía no se ha agotado la vía nacional de juzgamiento, como se alega, opta por la típica descalificación de la CIDH. Una posición que no le hace nada bien al Perú, porque da la impresión de que se está escondiendo algo grave, y, encima, respecto a hechos no ocurridos ahora, sino en los años de la dictadura.

Como parte de esta estrategia equivocada, se levanta una falsa disyuntiva: de un lado están los que valoran este rescate histórico, y, del otro, los que quieren meter presos a estos héroes de la Patria.

Nada más falso. Todos admiran el rescate, solo que hay quienes creen que, por más exitoso que haya sido, se debe investigar si hubo ejecuciones de emerretistas rendidos. No se defiende a un grupo tan nefasto como el MRTA, ni al monstruoso delito cometido, sino al principio de que el Estado no puede asesinar a nadie que se rinda; mandato claramente dispuesto por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Su obligación es ponerlos a disposición de la justicia. Medida que se limita a quienes habrían tenido que ver con estas ejecuciones y no comprende al resto de comandos. Pero inmediatamente se impone la histeria de quienes siempre pretenden lograr réditos políticos defendiendo la mano dura. Y las autoridades que podrían defender una posición sensata, no lo hacen, por miedo al costo político.

Qué vergüenza si, al igual que en los años de Fujimori y Montesinos, nuestro país termina liderando una nueva guerra contra el CIDH, como parte del bloque de países que, sin distingo ideológico, tienen razones para temer al CIDH. Nos estaríamos olvidando, asimismo, del importante papel que cumplió en la recuperación de la democracia peruana.