La guerra senderista y la respuesta contrasubversiva de las Fuerzas Armadas, sumadas a la notable incapacidad de la clase política peruana para asumir el liderazgo frente al terror y el desastre económico generado por el primer gobierno de Alan García, nos llevaron a un caos generalizado, que en algún momento hizo pensar en la inviabilidad del Perú. Sin embargo, un excelente y silencioso trabajo de inteligencia policial logró la captura de Abimael Guzmán y el hundimiento de Sendero Luminoso, hecho que fue hábilmente aprovechado por Fujimori y Montesinos para consolidar su poder hasta su caída en el año 2000.

Esta historia fue narrada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que planteó la necesidad de que el Estado, la clase política, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil enfrentaran las múltiples secuelas del conflicto, reconociendo sus responsabilidades y asumiendo la deuda que se tenía con las miles de víctimas, que en distinto grado reclamaban –y reclaman– verdad, justicia y reparación.

Asimismo, y es bueno recordarlo, el Informe no tenía contemplaciones con Sendero Luminoso ni con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, a quienes se les considera como los principales generadores de violencia en aquellos años. No obstante, a pesar de su claridad y contundencia, el Informe Final presentado el 2003 parece haber caído en el olvido, salvo cuando los defensores de la impunidad lo usan para responsabilizar a la CVR de la liberación de los presos de SL y el MRTA, o de la aparición del Movadef, el nuevo brazo legal de SL, e incluso para acusarlo de que gracias al Informe se ha permitido que los remanentes armados de SL tengan más éxito que las Fuerzas Armadas en sus enfrentamientos en la zona del Vrae.

¿Por qué el minucioso trabajo de la CVR ha sido dejado de lado? Pasada casi una década de la entrega del Informe, y más allá de las limitaciones que existieron en su difusión, es posible afirmar que al igual que la clase política, el Estado y las Fuerzas Armadas, también la sociedad peruana optó conscientemente por el olvido – y por consiguiente por la impunidad- de aquellos años en los que además de la grave situación de violencia, vivimos una tremenda debacle económica y el derrumbe del Estado.

Nos guste o no, cualquier esfuerzo de revisión de nuestra historia reciente, implica necesariamente la puesta en cuestión del régimen económico e institucional impuesto por el fujimorismo -y que más allá del rechazo al autoritarismo de un buen sector de peruanos en el año 2000- parece seguir siendo el preferido por una gran mayoría de peruanos ante cualquier propuesta de transformación política o institucional.

Siendo así las cosas, llama la atención que a pesar de que las limitaciones del Estado que nos heredó el fujimorismo, el Orden siga manteniéndose por delante del Cambio o la Transformación. Y quizás por esa misma razón los peruanos aceptemos con tanta facilidad que nuestros presidentes mientan o incumplan sus promesas, y que un gobierno que prometió cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad termine haciendo más o menos lo mismo que los anteriores, o mejor dicho no haciendo nada.

La Iglesia Católica en el Perú no ha sido la excepción, y por ello, desde los años ochenta ha vivido un lento pero inexorable proceso de “vuelta al orden” que existía antes del Concilio Vaticano II y, por tanto, de todo lo que significó la experiencia de una iglesia comprometida basada en la teología de la liberación, aquel enorme esfuerzo del Padre Gustavo Gutiérrez por establecer un diáogo entre los evangelios y los procesos de transformación política y social de aquellos tiempos.

Así, en las últimas décadas, la Conferencia Episcopal Peruana, de la mano del Vaticano, fue dejando de lado las posiciones de avanzada y compromiso social, aunque siempre hubieron obispos como los del Sur Andino, congregaciones e, incluso, parroquias que se mantuvieron consecuentes con la opción preferencial por los pobres frente al impulso restaurador, conservador y ultramontano de órdenes como el Opus Dei y el Sodalicio de Vida Cristiana, que además contaban – y siguen contando- con las simpatías vaticanas.

Pero a los jerarcas de la Iglesia Católica no le bastó con sacar del camino a sacerdotes, religiosas y obispos incómodos que marchaban defendiendo los derechos humanos, mandar a callar a teólogos cuya fidelidad al evangelio ( y a la misma iglesia) está fuera de toda duda, sino que desde el nombramiento de Juan Luis Cipriani como Arzobispo de Lima en 1999 y Cardenal del Perú en el 2001 optó por recuperar y/o consolidar su influencia en la sociedad y en el Estado en campos como la educación y la salud.

En ese marco se da la batalla legal, política y eclesial por el control de la Universidad Católica, y por ello no debería ser motivo de sorpresa –aunque sí de justa indignación y rechazo- que Cipriani haya decidido suspender al padre Gastón Garatea de sus funciones sacerdotales en el ámbito de la arquidiócesis de Lima, por sus opiniones en torno al derecho de los y las parejas homosexuales a contraer la unión civil.

Así, Cipriani una vez más ejerce el poder que el Vaticano le ha dado, y lo hace con el dogmatismo e intolerancia que lo caracteriza en su cruzada por hacer que el Perú siga siendo una sociedad excluyente, discriminadora, vertical, jerárquica y antidemocrática, aunque finalmente lo único que logrará es, como ya ocurre en nuestro país, que los templos católicos estén cada vez más vacíos.

Lo ocurrido con el caso Conga y con la Operación Libertad, nos muestran a un gobierno que parece creer que la verdad puede ser ocultada o modificada por mensajes presidenciales, comunicados ministeriales y tuits de la primera dama. Pero eso solo puede hacerse en un Estado en el que las libertades están recortadas, y en el Perú, mal que bien, vivimos en un régimen democrático y existe (todavía) la suficiente libertad para que todos digamos lo que pensamos y podamos informarnos de las cosas que suceden sin la intermediación de Palacio de Gobierno.

El problema es que el errático estilo de gobierno del presidente Humala empieza a convertirse en un serio desafío para la gobernabilidad de nuestro país debido a esta incapacidad de resolver problemas, que solo logran acumularse. Esto, por supuesto, genera malestar en los sectores que protestan por la defensa de sus derechos, así como en el empresariado que, a pesar de la cercanía que tiene con el gobierno, empiezan a desconfiar de su capacidad para poder enfrentar los conflictos que ponen en cuestión sus inversiones.

A esto hay que sumar la impericia con la que se ha manejado la Operación Libertad que solo ha sido útil para que la ciudadanía descubra la expansión de control territorial de los remanentes de Sendero Luminoso, liderados por los hermanos Quispe Palomino, que no solo operan en el VRAE sino en otros ámbitos como el Bajo Urubamba. Incluso en esta zona, donde el Estado brilla por su ausencia, el Ministro de Defensa, Alberto Otárola, en una sorprendente y sincera declaración ha reconocido que “las Fuerzas Armadas no conocen el terreno”

Ciertamente, no ha sido responsabilidad del presidente Humala el desastre de una Operación que se nos presentó como “impecable”, pero sí ha sido su responsabilidad haber legitimado la pobre performance de los sectores de Defensa e Interior, al no haber pedido la renuncia de los Ministros Otárola y Lozada. Lo peor es que por esa necesidad de dar respuestas fáciles a problemas complejos ha terminado cayendo en el manido y falaz discurso de que una decisión de ese tipo o la censura de los ministros sería hacerle juego al terrorismo.

Por ello, en medio de este contexto, el viaje presidencial de nueve días a Corea y Japón aparece, a los ojos de la opinión pública, como un acto de autosuficiencia, frívolo e innecesario, que no hace más que ratificar que este gobierno no tiene un rumbo claro, y que la Hoja de Ruta, al igual que La Gran Transformación, también se perdió en el camino.

Minera Yanacocha, por su parte, se ha limitado a emitir un escueto comunicado en el cual afirma que “el peritaje internacional ha convalidado el Estudio de Impacto Ambiental” y que, frente a la recomendación que plantea evaluar alternativas para no utilizar como depósito de desmonte las lagunas Azul y Chica, “se compromete a evaluar nuevamente alternativas técnicas y económicas, así como mecanismos de compensación hidrológicos y ambientales”, lo que en pocas palabras significa “veremos”.

Sin embargo, Minera Yanacocha no ha dicho ni una sola palabra sobre las nuevas exigencias del Presidente Humala en relación a la creación de 10 mil puestos de trabajo directos y la constitución de un Fondo Social, lo que nos hace ver que, a pesar del renovado entusiasmo presidencial por la minería, el futuro del proyecto Conga sigue siendo incierto, por más que los voceros oficiosos de la empresa afirmen que todo se solucionará rápidamente.

De otro lado, y quizás esto sea lo más relevante del mensaje, el presidente Humala ha dejado de lado su propuesta anunciada en noviembre pasado de concentrar la fiscalización ambiental en un solo organismo adscrito a la PCM. Más bien ha “instruido a los sectores correspondientes” para que se hagan reformas en relación a las “obligaciones ambientales para la minería”, y “se fortalezca la fiscalización ambiental… y… las herramientas que eviten y mitiguen los impactos ambientales de los proyectos mineros”, entre otras.

Con ello, es la primera vez que un Presidente acepta que las reglas de juego de la minería en nuestro país tienen que cambiar. Ahora habrá que ver no solo la disposición de los actores empresariales a aceptar la reforma ambiental, sino la postura que tomarán los gobiernos regionales, que fueron los grandes ausentes del discurso presidencial. Recordemos que no solo la región Cajamarca viene reclamando un rol en la toma de decisión sobre concesiones y en la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, sino varias otras como Arequipa, Junín o Moguegua.

Por otro lado, sobre lo que el Presidente Humala no ha vuelto a hablar desde hace varios meses es respecto al ordenamiento territorial donde, al parecer, el CEPLAN asumiría la conducción del proceso que durante el gobierno anterior estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente, y que es un tema de tensión con los gobiernos regionales, a quienes la ley les reconoce la competencia de ordenar el territorio.

Volviendo al proyecto Conga, a pesar del entusiasmo de algunos ministros como Luis Castilla del MEF, que ha afirmado que “se ha tomado el toro por las astas”, es claro de que no hay la seguridad que el proyecto llegue a desarrollarse ni en el corto ni en el mediano plazo, ya que mientras exista una fuerte resistencia al mismo de parte de un sector importante de la población de Cajamarca, sus posibilidades de reinicio son pocas, a lo que se suma los cálculos que Minera Yanacocha tendrá que hacer para corregir un proyecto que, sin entrar en operaciones, le viene generando pérdidas día a día y cuyos costos aumentarán con las recomendaciones del dictamen de los peritos.

Por ello hará bien el gobierno nacional en bajar la presión para lograr un diálogo con el presidente regional Gregorio Santos, que parece no tener el menor interés en dialogar con aquel, mientras Oscar Valdés siga siendoprimer ministro. En ese sentido, quizá sea mejor para el gobierno darse una tregua y dedicarse a preparar el paquete de reformas que tendrá que elevar al Congreso, ya que mientras Minera Yanacocha no resuelva qué hacer, dialogar sobre el proyecto Conga no tendrá mayor sentido.

Aunque el presidente Humala esté convencido de que Conga va, por el momento su apuesta no es más que la expresión de su voluntad, y esta no basta para concretar un proyecto, que tendrá que pasar por un largo camino de negociaciones con la empresa y de confrontaciones con los opositores al proyecto, siendo Santos una pieza clave mientras sea presidente regional, y donde el tiempo juega a favor de la inviabilidad del proyecto, por lo que es probable que Conga termine siendo solo una vana ilusión.

Sin embargo, es posible que el endurecimiento de posiciones esté expresando la debilidad de ambas partes. De un lado, un Primer Ministro que agotó rápidamente su imagen de eficiencia, al creer que una mesa de diálogo es la ejecución de un monólogo repetido sin cesar; del otro, un frente antiminero quebrado por las tensiones entre sus dirigentes, que solo se explican por los planes electorales que cada uno tiene para su futuro, y no por su rechazo unánime al proyecto. En ambos casos, el maximalismo y la carencia de voluntad para el diálogo han sido el pan nuestro de cada día.

Sin embargo, al punto al que hemos llegado, es el gobierno nacional el que más palos de ciego viene dando, y todo por no haber entendido que el conflicto de Conga no es un hecho excepcional y único, sino que es la consecuencia de no haber querido siquiera revisar la normatividad ambiental vinculada a la gran minería, como si la existente fuera un dogma o una verdad única e inamovible. E incluso por haber olvidado el compromiso de desarrollar una política de ordenamiento territorial –que bien o mal se comenzó a diseñar durante la gestión de Antonio Brack en el MINAM- a la que incluso el actual Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, le ha cambiado de nombre para designarla como ‘Gestión del territorio’, como si el cambio de palabras bastara para evitar la necesaria discusión que se tiene que dar en el país sobre nuestras prioridades de uso de nuestros recursos.

Pero no toda la responsabilidad del conflicto corre por cuenta del gobierno nacional, ya que el gobierno regional de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos, a pesar de tener todo el derecho a exigirle al presidente Humala el cumplimiento de sus ofertas electorales, no logra plantear una propuesta alternativa sólida frente a la expansión minera en Cajamarca, más allá de decir “Conga no va”, pelear el liderazgo de la protesta a Marco Arana y Wilfredo Saavedra, y recorrer el país buscando aliados para su confrontación con el gobierno nacional, lo que lo ha llevado a descuidar la gestión cotidiana de la región, que será finalmente lo que la ciudadanía de Cajamarca tomará en cuenta en el futuro.

Del lado de la ciudadanía cajamarquina, las posiciones son diversas a favor y en contra del proyecto, pero en lo que sin duda existe un enorme consenso es en demandar que el recurso agua esté garantizado, no solo por el tiempo que dure el proyecto Conga y las demás inversiones mineras, sino de manera permanente. Y para ello no basta la construcción de reservorios de parte de las empresas o de obras públicas ejecutadas por el Estado. Y además, la gente quiere garantías de que los compromisos se cumplen, y no de promesas que se las lleva el viento.

Por último, es claro que Minera Yanacocha continuará en su política de escudarse en el gobierno nacional –como lo hace desde los años noventa- y lo seguirá haciendo mientras este siga convencido que del proyecto Conga depende el futuro de la minería en el Perú. Idea que justamente la empresa y sus voceros han sembrado en el gobierno y en la opinión pública desde hace varios meses, cuando lo que en realidad está en juego en el conflicto es la continuidad de las operaciones de Minera Yanacocha en Cajamarca, ya que sin Quilish ni Conga, el ciclo de esta en la región habrá concluido.

Lo que los peruanos y peruanas tenemos que preguntarnos es: ¿Vale la pena condicionar el desarrollo y la paz social de una región por una empresa que no cuenta con la legitimidad suficiente para desarrollar sus operaciones? Ojalá que el gobierno nacional y el gobierno regional eviten que la polarización a la que hemos llegado les estalle en sus manos, y tengan la sabiduría suficiente para reencontrar la vía del diálogo, aunque pueda parecer que ya es demasiado tarde.

Valdés, el principal obstáculo para el diálogo en varios de los conflictos que no ha podido solucionar, pone a todos los presidentes regionales en el mismo saco y lanza una nueva propuesta de integración regional –que por cierto se basa en una experiencia que tiene solo meses de iniciada- y que nos hace recordar a las regiones “piloto” que propuso Yehude Simon cuando fue primer ministro. Al final, más allá del nombre, el reto es el mismo: ¿Cómo hacer para que la descentralización departamental que era una situación transitoria –como nos ha recordado Alberto Vergara en la revista Poder- no se vuelva una situación permanente?

Frente a este anuncio gaseoso e impreciso como todos los que hace el primer ministro, los presidentes regionales encabezados por César Villanueva, han salido a defender sus fueros. Así, el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha afirmado que: “No conocemos la propuesta del Ejecutivo, nos enteramos de ella por los medios. Tampoco hemos tenido reuniones previas. No nos han consultado sobre esa iniciativa ni sobre sus lineamientos.Es una medida unilateral y una falta de consideración porque son los gobiernos regionales los gestores de la descentralización”.

Queda claro que el gobierno nacional ha optado por la confrontación con los gobiernos regionales, básicamente porque los ve como un estorbo para el desarrollo de la Hoja de Ruta o, para ser más específicos, para el desarrollo de los grandes proyectos extractivos y de infraestructura. Pero cabe preguntarse: ¿Cuán real es que son un obstáculo? Incluso, aceptando que los casos de Cajamarca y Tacna sean vistos como tales, resulta un exceso la generalización que se hace. Y que además se extienda el repetido discurso de la ineficiencia de estos órganos de gobierno, aun cuando en un reporte de gastos del primer trimestre del año, su capacidad de ejecución ha sido superior a la del propio gobierno nacional.

Sin duda, no es posible mantener 25 gobiernos departamentales eternamente, pero para que estos sean menos, lo peor que puede hacer el gobierno es plantear iniciativas legislativas sin un previo diálogo con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En todo caso, hay que identificar con claridad cuáles son las razones para que esta situación se mantenga. No es difícil reconocer que uno de los principales incentivos para que nada cambie es el sistema de transferencias intergubernamentales, en especial aquella del canon minero, así como la manera en que está organizado nuestro sistema político, donde un movimiento regional es única y exclusivamente departamental.

Pero aunque al primer ministro Valdés parece importarle poco el futuro de la descentralización, el proyecto de ley que presente al Congreso puede ser una buena oportunidad para que se ponga en debate la única reforma del Estado hecha en la última década, evitando caer en el voluntarismo y la premura de la reforma del 2002, y respetando el fuero de las autoridades regionales electas por el voto popular.

Ciertamente la política local tiene sus problemas, pero en buena medida reproduce en pequeña escala, lo que ocurre en la escena política nacional: intereses privados, caudillos, fragmentación partidaria, clientelismo, poca rendición de cuentas, nepotismo, y un largo etcétera. Y si el Presidente hubiera hecho una afirmación similar para referirse a la política nacional, le saltarían a la yugular –con justa razón- muchos medios de comunicación y los partidos representados en el Congreso, afirmando que lo dicho por el jefe de Estado es una amenaza para la democracia.

De otro lado, el Presidente deja abierta la posibilidad que el peritaje sobre Conga contratado por su gobierno, abra un espacio para sentarse a la mesa con Minera Yanacocha para “exigir la remediación al medio ambiente”. Lo que permite pensar que Humala va aceptando la posibilidad que se hagan cambios en el diseño del proyecto, y que va descartando la peregrina idea del ministro Valdés, de que el proyecto se reiniciaría ni bien terminara el trabajo de los peritos.

Ahora bien, aunque es positiva la apertura a la negociación, el problema es que el Presidente está convencido que el asunto se resuelve en un diálogo exclusivo con la empresa y con la construcción de obras para “que Cajamarca tenga los pueblos más desarrollados del país”. Así Ollanta Humala sigue ninguneando no solo a Gregorio Santos, sino en general a todos los gobiernos regionales. Ninguneo en el que está acompañado por diversos congresistas que están buscando cambiarle de nombre a los presidentes regionales o agregando razones para la vacancia de los mismos.

Vistas así las cosas la pregunta que cae por su propio peso es sí Humala llegará a cruzar el rubicón de desmantelar la reforma descentralista del 2002. Conociendo el estilo presidencial pareciera que la decisión es hacerlo, aunque de a pocos y evitando mayores confrontaciones, a las que el Presidente parece tenerle temor. Lo que habrá que ver es si a diferencia de 1992, cuando Alberto Fujimori liquidó de un plumazo a los gobiernos regionales, estos harán mayor resistencia.

Un serio síntoma del Presidente es que conforme pasan los días se hace evidente su falta de liderazgo o de visión acerca de lo que hará o no hará en el tiempo que le resta a su gobierno. De poca ayuda le ha resultado el Primer Ministro Valdés, quien supuestamente iba a imponer la autoridad en los conflictos socioambientales, pero que hasta la fecha solo ha logrado consolidar el rechazo a la minería en regiones como Cajamarca, donde el futuro de la actividad no depende de algún plan, sino de un peritaje que puede terminar resultándole demasiado caro al gobierno, si los expertos señalan que hay modificaciones sustanciales que hacer al proyecto Conga. O como en Tacna, donde luego del rechazo a las propuestas del gobierno de parte del presidente regional Tito Chocano -que ya había derrotado a Valdés en las ánforas el 2010- no sabe qué hacer para lograr que la Southern ponga en marcha la Ampliación Toquepala.

Curiosamente, hay otras regiones donde se han instalado Mesas de Diálogo, lideradas por los gobiernos regionales, con la participación de empresas mineras y representantes del gobierno nacional, donde las cosas van mejor, como en el caso de Cerro Verde en Arequipa o Quellaveco en Moquegua. Quizás ello se deba al estilo diferente de gestión del conflicto, o simplemente a que a diferencia del Poder Ejecutivo, las autoridades regionales no asumen la agenda de la Sociedad Nacional de Minería y Petroleo a rajatabla, sino que buscan un equilibrio dialogante, no siempre fácil de lograr, entre la gran inversión y las preocupaciones de la población.

Y a pesar de estas señales, al igual que en otros temas, Ollanta Humala vive sumido en el silencio, enfrentado a las ideas de quienes lo ayudaron a llegar a la Presidencia, y presionado por sectores que le han hecho creer que no hay alternativa posible ni reforma alguna que deba hacer para que el Estado tenga una mayor capacidad de regulación de la actividad extractiva. Así las cosas, lo peor de todo es que con esta falta de iniciativa, su gobierno corre el riesgo de sufrir una hemiplejia generalizada. Salvo que de una buena vez el Presidente de la República entienda que el Perú es un país descentralizado y que a los gobiernos regionales hay que escucharlos y tomarlos en serio.

Es bueno recordar los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de octubre de 1986 en la provincia de Vilcashuamán. Aquellos días las patrullas militares ‘Bayer’ y ‘Búfalo’ detuvieron a 12 personas, entre ellas algunas autoridades de la comunidad, una pareja de ancianos y dos niños, uno de 12 y otro de 8 años. La faena comenzó en Pomatambo, donde se detuvo a 7 de las víctimas, quienes luego fueron llevadas a Parco Alto, donde se completó la cifra de los detenidos, quienes finalmente fueron asesinados. Luego, para que no quede huella del crimen, fueron incinerados.

El crimen no fue una casualidad, no fue tampoco un rapto de locura de los oficiales a cargo. Más bien fue uno de los tantos operativos desarrollados en aquellos años en los que la CVR ha encontrado un patrón contrasubversivo. Así ocurrió en Accomarca, Cayara, Putis, Manyacc (Acobamba) y en muchas comunidades que fueron arrasadas por una política contrasubversiva que al final no fue la que derrotó a Sendero Luminoso, pero sí dejó enormes secuelas en diferentes lugares del país.

Como en otros casos, la ausencia de documentación oficial que confirme los testimonios que los testigos afirman, se convierte en la llave principal para que la impunidad siga reinando en nuestro país. Como es bien conocido, los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo no necesariamente fueron registrados en documentos, sino a través de órdenes no escritas que los oficiales a cargo de las patrullas, en este caso del Ejército, aceptaban en nombre del respeto a la jerarquía militar y el principio de obediencia debida.

Al revisar la sentencia, uno termina por convencerse de que en el Perú la impunidad seguirá reinando y que las sentencias al destacamento EP Colina por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos fueron una concesión que las Fuerzas Armadas toleraron. Por eso no cuesta mucho imaginar que los responsables directos de la matanza de Accomarca, como Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón –este último solo con detención domiciliaria–, terminen siendo absueltos al igual que sus jefes. Y es muy probable que Alberto Fujimori se vaya a terminar su sentencia en su casa cualquier día de estos. Y que, finalmente, nunca sabremos quién fue el oficial conocido como capitán ‘Carlos’, acusado de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía en 1992.

En cualquier país el asesinato de 12 personas, entre ellos dos menores de edad, y la posterior incineración de sus restos debería ser motivo de indignación y rechazo. En el Perú de 1986 no lo fue y, para vergüenza nuestra, 26 años después tampoco. Quizá tengan que pasar dos décadas más para que una nueva generación ponga en evidencia la vergüenza de una sociedad y un Estado en donde el respeto a los derechos humanos y la justicia fueron un asunto irrelevante.

Hace unos años este día pasaba un tanto desapercibido y a nadie le interesaba regalar flores ni hacer descuentos. Sin embargo, en nuestra sociedad de consumo, de pronto alguien se dio cuenta de que era un buen negocio añadir al calendario “festivo” –siempre propicio para el consumo– el Día de la Mujer, pero para ello había que despojarlo de su contenido político. Esto en razón de que el Día Internacional de la Mujer que se celebra desde hace mucho tiempo en todo el mundo es una fecha de conmemoración de la lucha de las mujeres por la plena vigencia de sus derechos.

En sus inicios, estas luchas estuvieron vinculadas sobre todo a la mujer trabajadora, y a que tuviera igualdad de derechos respecto a los varones, cosa que aún hoy en día, en el paraíso feliz del crecimiento económico, no se da. Basta solo mirar a los valles agroexportadores de la costa donde los derechos laborales de las mujeres siguen siendo una buena causa por la cual pelear, ya que no hay seguro social, ni horarios de ocho horas, ni salarios justos que nos permitan decir que ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de las mujeres trabajadoras.

Tampoco hay mucho que celebrar cuando vemos lo que ocurre en nuestras propias casas, donde las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, siguen bajo un régimen de servidumbre que termina casi siempre cuando estas llegan a una edad en la que sencillamente ya no pueden más por el enorme esfuerzo desplegado durante décadas, en una o varias casas. Entonces, sin contar con pensión alguna, son reemplazadas por otras más jóvenes, en un ciclo que resulta interminable e inaceptable, pero que para la gran mayoría es parte del “orden natural de las cosas”.

Sin duda, el Día Internacional de la Mujer puede servir también para poner en evidencia la carencia de políticas públicas, las limitaciones del Estado para reconocer los derechos de las mujeres y, sobre todo, para recordarle al presidente de la República el incumplimiento de sus promesas electorales, como lo han hecho diversas organizaciones a través del pronunciamiento “Las mujeres peruanas demandamos al gobierno la garantía de nuestros derechos para lograr una real transformación”.

Pero este día también puede servir para reconocer a las mujeres que nos enseñaron lo que son sus derechos. Por ello, quiero saludar a mi abuela materna, doña Abigail Gutarra, una mujer de 102 años que desde niña apañaba algodón al lado de su madre, y que por circunstancias de la vida tuvo que trabajar duro y parejo desde su adolescencia en casas ajenas cuidando niños, lavando platos, cocinando y un largo etcétera, pero que además se dio tiempo para estudiar en la escuela, para ser militante del partido aprista durante muchos años, para leer siempre y, sobre todo, para enseñar a todo aquel que se le cruzó en el camino en su larga vida, que las mujeres tenían derechos. http://www.demus.org.pe/nota_roja.php

Aunque uno no tiene que dudar –a priori- de la palabradel perito español Rafael Fernández, es claro para quienes están a favor y en contra del proyecto, que este es un peritaje de parte, y que los términos de referencia del mismo, así como el proceso de selección de los expertos fue hecho tal y como el gobierno nacional quiso, sin que hubiera posibilidad de acuerdo alguno con los opositores al proyecto, liderados por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos que, incluso, plantearon una propuesta alternativa que nunca fue tomada en cuenta.

Frente a tal situación, el gabinete Valdés comienza a recorrer un camino que quizá llegue a un punto de no retorno al término del peritaje. Ya que si los expertos señalan que no hay mayores cambios que hacer al proyecto Conga, sencillamente serán acusados de haber sido meros instrumentos del gobierno para justificar el “Conga va”. Pero si por el contrario los peritos concluyen que hay que hacer cambios sustantivos al proyecto, es probable que Gregorio Santos, Marco Arana y Wilfredo Saavedra, a pesar de su oposición al peritaje, terminen afirmando que este les dio la razón, que el Estudio de Impacto Ambiental estaba mal hecho, y que exijan que el Primer Ministro se vaya a su casa.

Pero en ese segundo escenario, el gobierno se verá además obligado a reconocer que el sistema de evaluación de impacto ambiental no da para más. No hay que olvidar que ya existe el antecedente del EIA del proyecto Tía María de Southern, que se está volviendo a hacer. Pero además el gobierno tendrá que sentarse a la mesa con la Minera Yanacocha para iniciar una negociación para el replanteo del proyecto e incluso –en el peor de los escenarios para el gobierno-para su cancelación.

Así, las cosas se le presentan bastante complejas al Primer Ministro Valdés, que acaba de fracasar en la negociación de otro conflicto, como es el caso de Tacna, donde sus ofertas de obras y más presupuestos no fueron suficientes para convencer ni al Presidente Regional, Tito Chocano ni a los alcaldes de las bondades de la Ampliación Toquepala de la Southern.

Por ello, aunque según Ipsos Apoyo, un 44% de la ciudadanía considera que debería continuar, es probable que el Presidente Humala termine optando por un cambio. Aunque lo que el primer mandatario debería evaluar seriamente es la reforma de los Ministerios del Ambiente y Energía y Minas para que estén en capacidad de decirle al país qué proyectos mineros son viables y cuáles no. De no hacerlo, al próximo Primer Ministro le terminará sucediendo lo mismo que a Salomón Lerner y a Oscar Valdés, ya que el problema no son las personas, sino las reglas de juego de la política de promoción de la gran minería, que luego de veinte años de aplicación, han llegado a su límite.

Pd. Sobre una propuesta de reforma ver :http://diario16. pe/columnista/6/javier-torres/1287/una-agenda-para-unnuevo- pacto-minero

Desde la otra orilla hay sectores vinculados a los intereses de los grandes capitales, como el diario El Comercio que en un reciente editorial ha señalado que “mientras el ámbito de aplicación de la ley siga siendo ambiguo y general, el derecho a la consulta solo rociará la pradera con gasolina”. Aludiendo con esto no solo al reglamento en debate, sino a la ley en general, que no hace sino recoger los principios del Convenio 169 de la OIT.

Ambas posiciones nos muestran lo lejos que estamos en nuestro país de la posibilidad de implementar realmente el mecanismo de la consulta previa, ya que si bien la Comisión Multisectorial continúa con su trabajo, recogiendo las propuestas de quienes participaron en sendas reuniones en 6 regiones y en Lima -y finalmente pueda aprobar el reglamento-, está claro que un sector de la dirigencia que representa a los pueblos indígenas, no le reconocerá validez siendo muy probable que acudan a instancias internacionales como la CIDH, como ya lo han señalado.

Ahora bien, ¿han calculado los dirigentes que cuestionan la Ley, qué viabilidad tiene la reforma en el Congreso? ¿Son conscientes que de todas maneras la ley está vigente y que -con o sin reglamento- deberían estar haciéndose consultas previas? ¿Es posible que el Congreso, que aprobó la ley por unanimidad, vaya más allá del Convenio 169 y reconozca el derecho a veto que exigen? Sin duda el cálculo de la dirigencia de organizaciones como AIDESEP o CONACAMI tiene que haber tomado en cuenta este factor, y es probable que ellos sepan que tal reforma es inviable. Lo que nos lleva a pensar que, en verdad, no creen que haya viabilidad de aplicación de la consulta previa con el gobierno de Humala debido a la opción del Presidente de la República, de seguir promoviendo la gran inversión extractiva.

Más allá de las limitaciones que ha mostrado el equipo del Viceministerio de Interculturalidad y del INDEPA para organizar el proceso de diálogo y manejar la relación con las organizaciones indígenas, el problema de la posición maximalista que han tomado sus dirigentes lleva a la consulta a un punto muerto. Con ello terminan haciéndole un enorme favor a quienes desde hace varios años, desde la burocracia estatal, el sector privado y algunos medios de comunicación, han negado los derechos de los pueblos indígenas, y olvidan que la consulta previa no solo es un derecho vinculado a los proyectos extractivos, sino a diversos aspectos de las vidas de sus comunidades, que son permanentemente afectadas por políticas públicas que han sido diseñadas a sus espaldas.

A pesar del ninguneo de los grandes medios de comunicación nacional, la marcha tuvo un éxito que ni siquiera habían previsto sus más entusiastas organizadores. Y ese éxito radica en haber logrado canalizar el malestar de un sector de la población para con el gobierno de Humala a través de un tema que siempre moviliza: el agua.

La marcha del agua marca un hito para los críticos al gobierno y al modelo extractivo al poner en agenda, por primera vez, de manera clara y definitiva que hay un sector de la izquierda que no tiene el menor problema en expresar abiertamente su rechazo a la forma de hacer minería en nuestro país. Rechazo que se expresa no solo en los lemas y consignas de la marcha sino, sobre todo, en las propuestas de ley para prohibir la minería en cabeceras de cuenca, así como en el uso del mercurio y el cianuro en esta actividad.

Este hecho ha llevado a que aquellas otras fuerzas de izquierda, que aún hoy se mantienen en el paradigma “extractivo” y que consideran que la minería es una actividad fundamental para garantizar el crecimiento económico como ocurre con los ‘Ciudadanos por el Cambio’, hayan terminado respaldando una movilización donde el rol protagónico lo tuvo el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana; y el secundario, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, de las filas de Patria Roja.

Aunque para algunos entusiastas asistimos a la emergencia de una izquierda ‘verde’ y para otros comienza una nueva confluencia de izquierdas, queda un largo trecho en el que sus diferentes corrientes tendrán que pasar de la lógica de “la movilización, resistencia y rechazo” frente al modelo extractivo a la construcción de propuestas de gobierno que le ofrezcan al país algo más que la hoy abandonada ‘Gran transformación’. Pero también a establecer alianzas entre sus tendencias y con otros actores políticos y sociales, a su vez que marcar una línea clara de deslinde con el renacido senderismo del Movadef. Y, sobre todo, a contribuir a que los gobiernos regionales y locales que están en manos de fuerzas de izquierda tengan una capacidad de gestión ejemplar que, hasta la fecha, no logran demostrar.

Que no hayan elecciones regionales hasta el 2014 y generales hasta el 2016 le da a las izquierdas peruanas un margen de tiempo que, bien aprovechado, puede permitirles salir de los márgenes de la escena política en los que se hayan postradas en buena medida por su propia incapacidaddesde hace dos décadas. De las izquierdas depende.

Como era de esperarse, el fujimorismo rechazó dicha iniciativa. El congresista Kenj Fujimori ha señalado que si hay que establecer una efemérides, debería ser el 12 de setiembre, fecha en que fue capturado Abimael Guzmán. Incluso anunció que presentará un proyecto de ley para declararlo como el Día Nacional de la Consolidación de la Paz y Condena al Terrorismo.

No es la primera vez que se habla de “hacer memoria” o de rendir homenaje a las víctimas del terror. Hace muchos años se construyó un parque de los derechos humanos en La Victoria que luego fue abandonado. La misma suerte corrió la piedra recordatoria de las autoridades asesinadas por el terrorismo que se colocó en la avenida Salaverry durante la gestión de Jorge del Castillo como alcalde de Lima. Mejor suerte corrió el memorial de las víctimas del atentado de Tarata en Miraflores, que incluso ha sido remodelado.

Pero también existe el poco visitado Memorial El Ojo que Llora, tan cuestionado por los críticos al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Asimismo el exministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz ha informado que ya existe un Día de los defensores de la democracia, que por cierto nadie recuerda. A lo que se suma el proyecto del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (estos dos últimos términos agregados durante este gobierno). Y, en fin, un sinnúmero de memoriales en ciudades, pueblos y comunidades que son prácticamente desconocidos.

Sin duda, todas estas iniciativas podrían tener un impacto en la opinión pública, si tuvieran un correlato en las políticas de Estado, pero al ser solo gestos simbólicos terminan convirtiéndose en “saludos a la bandera”. Por ello, mientras no se repare ni se haga justicia a quienes fueron víctimas de la barbarie del terrorismo, y de la política represiva del Estado peruano durante aquellos años, ni se implemente una adecuada política de exhumación de sitios de entierro y fosas comunes, no servirá de nada que tal o cual fecha lleve un pomposo nombre que, en todo caso, solo hará recordarnos que el olvido es la apuesta de la clase política peruana.

En relación a lo primero, sería bueno que las izquierdas fragmentadas armen un programa que las englobe, y que se constituyan en una fuerza política real. Aunque ello no les garantice ni les asegure que vayan a ganar elecciones, pero por lo menos servirá para que no caigan en el recurrente y habitual desencanto en el que se encuentran postradas desde los tiempos de la Izquierda Unida. Asimismo, será importante que además de avanzar en las definiciones programáticas, busquen un liderazgo nuevo y distinto de los que han fracasado largamente en su esfuerzo por convencer a los electores.

En relación a lo segundo, las razones de la salida de la izquierda del gabinete, la imagen del Presidente capturado por la derecha económica, reeditando la histórica captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, puede ser una frase efectista, pero que solo sirve para justificar u ocultar los errores de cálculo de una izquierda que, si bien apoyó con lealtad al presidente Humala, nunca formó parte del círculo de su poder. Pero además, y a diferencia del Inca Atahualpa, parece que este no está muy interesado en ser “rescatado” por nadie.

Está claro que la izquierda que se comprometió con “la gran transformación” primero, y con “la hoja de ruta” después, lo hizo con un excesivo voluntarismo y con muy poca articulación y coordinación entre quienes ocuparon puestos de gobierno de relevancia como ministerios y viceministerios. En buena medida, debido a ello, no pudieron enfrentar la embestida de otros actores al interior del gobierno, que no solo tenían poderosos aliados afuera, sino una mayor capacidad para la gestión pública.

Si la izquierda peruana quiere convertirse en una opción seria para el 2016 es fundamental que aprenda de las lecciones del presente. De no hacerlo, volverá a apoyar a algún caudillo propio o extraño que ofrezca un cambio que al final no hará.

El debate que se ha generado ha desplazado otros temas de la agenda como el conflicto Conga o el caso Chavín de Huántar, y ha servido para que los nuevos rostros del senderismo emerjan y nos muestren la pobreza de sus argumentos así como su firme adhesión a Abimael Guzmán, quien fuera la cima del pensamiento totalitario en el Perú y en América Latina, y cuya acción generó el más grave conflicto armado interno de la historia de nuestro país, con la consiguiente secuela de muerte y destrucción que muchos rechazamos.

Las presentaciones televisivas de los viejos y nuevos cuadros del senderismo han mostrado lo poco preparados que estamos para enfrentarlos, lo que se ha puesto en evidencia en entrevistas que han terminado convirtiéndose en espacios de violencia verbal, que es un terreno donde Sendero Luminoso sabe moverse muy bien. Por ello, no solo basta la indignación, el pesar o el profundo dolor que nos generan los años de la violencia y el terror, para confrontarnos con un discurso monolítico, cerrado y dogmático que quienes tenemos más de cuarenta años recordamos. Tampoco bastan nuestros miedos y que la ofensiva mediática antisenderista ha querido retroalimentar.

Ni el dolor ni el miedo son las mejores armas para enfrentar a nuestros fantasmas del pasado ni al senderismo del presente. El Perú necesita que nuestra democracia empiece a ser algo más que una simple promesa, que el Estado deje de jugar con quienes fueron víctimas de la violencia y que siguen esperando justicia y reparación, y que la plena vigencia de los derechos humanos deje de ser una quimera. En esta tarea no hay quien se pueda escabullir, ni excusa que valga. Para ello necesitamos con urgencia llegar a algunos consensos sobre nuestra historia reciente, ya que resulta absurdo que mientras Sendero Luminoso hace trabajo político en universidades y en comunidades campesinas, en Lima sigamos entrampados culpándonos de quién es el responsable de su retorno.

Hay que preguntarse si tiene sentido seguir discutiendo hasta la eternidad, si las proyecciones del Informe sobre las cifras de las víctimas que calculó la CVR son exactas. O si sus recomendaciones fueron las correctas o no. Creo que a estas alturas y habiendo participado en innumerables debates sobre el tema, considero que es el momento en que nuestra sociedad tiene que comenzar a conocer lo más importante de aquel Informe, que fue la reconstrucción histórica del conflicto armado interno y, sobre todo, los innumerables testimonios –lamentablemente poco difundidos- de quienes fueron víctimas de Sendero Luminoso, el MRTA, así como de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Sin duda esta tarea no es fácil, ni será sencillo llevar la historia del terror a las escuelas, colegios, universidades y a la sociedad en general. Se necesita una enorme voluntad política y ciudadana, y mucha capacidad y creatividad para no ahogarnos en el recuerdo del horror, como lo han hecho otras sociedades que han pasado por situaciones similares. Pero solo de esta manera podremos comenzar a procesar nuestro pasado y a ser capaces de rechazar cualquier intento de retorno a uno de los más tristes capítulos de nuestra historia. Si no lo hacemos volveremos a caer en la lógica que nos impuso Abimael Guzmán hace treinta años, una lógica en la que la única manera de enfrentar al totalitarismo senderista era la violencia.

Quizá el problema con Lima es que nadie termina de entender la magnitud y la escala de sus problemas ambientales y sociales. Además, la descentralización le agregó a este caos la insólita situación de que la gestión de la ciudad sea compartida por la Municipalidad de Lima con dos gobiernos regionales: Lima provincias y Callao. Nos preguntamos si tiene algún sentido que esto sea así. No, pero en el caso del Callao manda la historia y la identidad del puerto, y en el caso de las provincias de Lima, manda el interés de algunos políticos en tener una clientela electoral agradecida.

Quizá por ello es que un político pragmático como el exalcalde Luis Castañeda nunca se interesó en asumir las competencias regionales que le correspondían a la municipalidad de Lima. Tampoco se preocupó mucho en planificar el uso del espacio urbano. Simplemente se “montó sobre la ola” e hizo obras que sin duda eran y son importantes para quienes viven en Lima, ya que les resuelven parcialmente algunos problemas que les genera el desorden de la ciudad.

Cuando uno puede ahorrarse una o dos horas en llegar a su hogar, su calidad de vida mejora, y si identifica esta obra con la de un político pragmático, pues estará agradecido. Así de simples las cosas en la vida y en la política. Quizás esto es lo que no termina de entender la alcaldesa Susana Villarán, que ha optado por un estilo diametralmente distinto, que ha hecho que su gestión sea tan poco apreciada de acuerdo a las últimas encuestas de opinión.

El vecino de Lima no quiere solamente obras o infraestructura, como piensan algunos, lo que quiere es soluciones rápidas a sus problemas inmediatos; por eso es que los procesos de transformación o mejora del espacio urbano a través de procesos de planificación con participación de la población, no son bien vistos, porque toman tiempo. La alcaldesa Villarán es víctima de una forma de vivir la metrópoli limeña, que ha generado una cultura en la que lo único que quiere la mayoría de pobladores es llegar lo más rápido a su casa o a su trabajo, sin importarle mucho si se respeta o no la ley. Y, sin duda, los políticos y los medios de comunicación masiva que vienen haciéndole oposición a Villarán, desde su elección, retroalimentan esta cultura y este discurso.

¿Podrá revertir Susana Villarán el rechazo de la ciudadanía a su gestión? Resulta difícil si no hay una actitud distinta de su parte, la misma que debería comenzar por hacer política, asumiendo el liderazgo que como alcaldesa le corresponde, convocando a la ciudadanía a ser parte de un proyecto distinto de ciudad y, sobre todo, confrontando a sus opositores y no evitándolos. ¿El rechazo masivo que hoy muestran las encuestas llevará a que la revocatoria sea una realidad? Aunque es difícil conseguir las 400 mil firmas, existe la posibilidad de que los “revocadores” lo consigan. De ser así, la alcaldesa sería revocada y Lima perdería la oportunidad de imaginar un futuro menos caótico e inseguro como el que hoy vivimos.

La construcción del ‘informal’ fue, sin duda, uno de los elementos centrales de la posterior derrota del discurso comunitario de la izquierda peruana, que en aquellos años le hablaba a un colectivo y no a los individuos. A la vez generó un nuevo sentido común que sirvió para legitimar el desmantelamiento del fracasado Estado empresario, y avalar todo el proceso de privatización desarrollado por el fujimorismo. Pero además para decirnos que lo único que el Estado debía entregar eran títulos de propiedad.

La política de titulación de propiedad no generó, ni en la ciudad ni en el campo, la transformación que prometía el discurso neoliberal. Lo que dinamizó la economía peruana, como siempre ha sucedido en nuestra historia, fue la exportación de materias primas, a lo que se agregó la generación de una economía de servicios en torno a las regiones mineras o agroexportadoras. Sin embargo el ‘informal’ de la ciudad siguió trabajando duro y parejo, y con el tiempo comenzó a ser llamado ‘empresario emprendedor’, y como en todo en esta vida, hubo grandes éxitos y muchísimos fracasos.

Mientras esto ocurría en la ciudad, en el campo comenzó a aparecer un nuevo “informal”, o mejor dicho, lo empezamos a reconocer- porque siempre había estado ahí- como un problema. Este productor informal, al igual que el de la ciudad, trabaja burlando la ley. Pero a diferencia de los ochenta, no hay discurso que pueda incorporarlo, porque este poblador se dedica a actividades ilegales, como la extracción de madera, el contrabando ‘hormiga’, la producción de la hoja de coca para el narcotráfico y la cuestionada y contaminante extracción de oro.

El agotado discurso neoliberal ya no tiene creatividad para construir nuevos héroes, y tampoco tiene nada que ofrecer a las miles de familias peruanas que viven de estas actividades. La derecha se limita a pedir orden, entendido como la intervención de la policía y el ejército. Y, por desgracia, el pragmático gobierno ‘nacionalista’ del Presidente Humala parece asumir que no hay ‘Hoja de ruta’ ni ‘otro sendero’ que pueda incluir, de alguna manera, a los ‘informales’ del campo.

En esta lógica, como el “terrorista” no es humano, sus familiares tampoco lo son. Y entonces padres, madres, hermanas, hermanos, esposas y esposos, hijos e hijas que atravesaron ese proceso de deshumanización, deben volver a vivirlo cada vez que surge un nuevo debate sobre el tema. Como si el escarnio sufrido no hubiera sido suficiente, éste debe ser revivido, como en aquellas tragedias griegas, en las que el personaje y sus descendientes, no pueden escapar del destino que para él han trazado los Dioses del Olimpo.

Nadie puede negar la magnitud de los horrendos crímenes de Sendero Luminoso, ni la barbarie que significaron la sistemática práctica del secuestro y asesinatos selectivos cometidos por el MRTA. Nadie puede negar que dichas violaciones a los derechos humanos de millones de peruanos y peruanas, contribuyeron a generar no sólo muerte, sino más pobreza y atraso, así como una profunda marca en nuestra sociedad. Y como consecuencia de sus crímenes, los jefes de las cúpulas de ambos grupos –así como muchos de sus miembros- fueron condenados a largos años en prisión.

Pero el tiempo pasa, y poco a poco, los miembros de ambos grupos, han ido dejando las cárceles e intentando rehacer sus vidas. De muchos de ellos nada se sabe, y es probable que no quieran volver a saber nada con la violencia de la que fueron parte; otros vienen intentando dedicarse a la acción política o al activismo social, en algunos casos con agendas y discursos radicales. Cuando esto ocurre es legítimo reclamarles que su radicalidad no salga de la esfera de la democracia, como bien hizo hace un mes el Jurado Nacional de Elecciones al denegarle la inscripción como partido político al senderista MOVADEF porque “dicha organización adopta un principio (marxismo-leninismo-maoísmo- pensamiento Gonzalo) cuyo seguimiento implica actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado”.

Quizás el día en que “nuestros Dioses del Olimpo” dejen de pedir, como en los años ochenta, que “Disparen sobre el terrorista” - sin importar que muchos de los muertos y desaparecidos fueran inocentes, y aprendan a defender a la sociedad con la Constitución y la Ley, como lo ha hecho el JNE - podremos afirmar que la postguerra ha terminado. Mientras esto no ocurra, seguiremos atrapados en nuestro trágico pasado reciente.

Así, en menos de veinte días, el Primer Ministro ha pasado de la afirmación enérgica y altisonante a una suerte de silencio obligado ante el temor de generarse nuevos problemas, cuando aún no ha podido resolver el conflicto por el proyecto Conga, donde ya no es aceptado como interlocutor, y donde lo más probable es que el gobierno nacional termine definiendo los términos del peritaje internacional a solas, y sin la legitimidad que requiere.

Pero el problema del Ministro Valdés es que Conga no es el único conflicto que tendrá que afrontar, ya que existe una larga lista de proyectos de inversión en diversas regiones del país, que seguramente generarán movilizaciones y protestas a lo largo del 2012. Y los movilizados ya saben dos cosas: que al Primer Ministro no le gustan las largas asambleas, y que prefiere la declaratoria de estados de emergencia. Y saben, además, que no existe mayor capacidad en el gobierno para organizar el diálogo, ni para una negociación que llegue a buen puerto. A lo que se suma que no se ve ninguna propuesta de cambio en la política de gestión de conflictos.

Así, el panorama del próximo año resulta bastante incierto, tanto para las grandes empresas que quieren desarrollar sus proyectos, como para quienes lideran las protestas contra estos, ya que en ambos casos perciben un gobierno que, detrás de un discurso cercano al autoritarismo, es bastante débil e inconsistente, y que solo repite hasta el hartazgo que busca “la inclusión de los excluidos” a través de programas sociales.

Por todo lo dicho, el principal problema, no solo del Primer Ministro sino también del Presidente Ollanta Humala, no es la militarización, el autoritarismo, la derechización o el pragmatismo, sino la indefinición del rumbo a tomar, y esta puede tener graves consecuencias, tanto para la política como para la economía de nuestro país.