Hace algunas semanas apareció “Apogeo y crisis de la izquierda peruana”, volumen editado por Alberto Adrianzén en la que se intenta hacer un balance generacional sobre lo que fue la experiencia de Izquierda Unida. El libro resulta valioso como testimonio de un grupo bien intencionado, variopinto, pero con severas dificultades para tener un proyecto unitario, coherente y que pudiera superar las contradicciones de una época difícil.

Sin embargo, como bien señaló Carlos León Moya en La República, este volumen también presenta algunas limitaciones. Faltan citas a textos que han profundizado más en los factores sociales y políticos que causaron la división izquierdista y no existe una mirada comparada con otras experiencias zurdas contemporáneas (por ejemplo, el Partido de los Trabajadores de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay). Paradójicamente, si bien muchos de los entrevistados enuncian una autocrítica, varios de los errores indicados por ellos a lo largo del libro se han repetido en la actuación que han tenido frente al gobierno de Ollanta Humala.

Quizá uno de los mayores errores sea una desacertada lectura de la realidad, sobre todo en lo que respecta a las movilizaciones sociales que se han dado en la última década. Cada una de ellas ha sido acompañada por artículos bastante idílicos sobre sus posibilidades de afianzamiento de unidad con sus bases (ejemplo claro, las columnas de Javier Diez Canseco acerca de la Cumbre de los Pueblos hace 4 años) y que ello pudiera llevar a un movimiento mayoritario a favor de grandes transformaciones en el país.

Sin embargo, el país no es tan progre como ellos quisieran –ni tan conservador como cierta derecha lo pinta– y, por tanto, estas movilizaciones tienen carácter limitado. La “Marcha por el Agua”, materia de artículos sobre la aparición (o imposibilidad de surgimiento en el contexto peruano) de una “izquierda verde”, sigue mostrando cómo la izquierda está más preocupada por un repertorio de protesta antes que por la construcción de una alternativa de gobierno.

Ingresé a la PUCP en 1999, el mismo año que Juan Luis Cipriani fue nombrado Arzobispo de Lima y, por tanto, se convirtió en Gran Canciller de la universidad. Y desde esos días ya se comentaba ampliamente sobre los intentos de Cipriani por tener una mayor injerencia en nuestra casa de estudios. Fernando Rospigliosi fue el primer periodista que dio la voz de alerta por aquellos días.

Doce años más tarde, nuestra universidad afronta tanto una serie de procesos judiciales en torno a la propiedad de los bienes legados por José de la Riva Agüero en sucesivos testamentos, como un proceso de negociación con el Vaticano en torno a los estatutos.

Ya se ha aclarado en diversas columnas de opinión de varios exalumnos y en los propios comunicados de la PUCP que la razón nos asiste: los bienes legados por Riva Agüero no están sujetos a ninguna carga ni a que la Universidad tenga determinada ideología y la Constitución Apostólica Ex Corde Eclessiae no fija reglas sobre la elección del rector para las universidades. Cualquier información en contrario tiene otros fines que no son compatibles con el décimo mandamiento.

¿Por qué defendemos a nuestra universidad? No lo hacemos por ganar cámaras o “garantizar nuestros frejoles” como un egresado poco ilustre dijo hace algún tiempo. Lo hacemos para salvaguardar un espacio que, especialmente en los últimos 45 años, ha sido sinónimo de pluralidad académica y defensa de los valores democráticos.

Estamos lejos de ser el “centro de adoctrinamiento caviar” con el que nos etiquetan algunos periodistas que renunciaron a la verdad. De hecho, muchos egresados – como lo manifestó mi profesor de Filosofía de Derecho y ahora colega columnista Eduardo Dargent - hemos desarrollado, gracias al espíritu crítico que cultivamos en la PUCP, una alergia a todo tipo de fundamentalismos.

La mejor defensa que podemos hacer de nuestra universidad está en seguir mejorando nuestro ganado prestigio académico, dotándolo de los recursos administrativos y de investigación para seguir creciendo. Y apoyar los esfuerzos de reformas legales e institucionales que permitan que las universidades peruanas, comenzando por las públicas, alcancen estándares de calidad que nos permitan competir a nivel internacional en mejor pie.

Estos indicios han llevado a que, de acuerdo a lo que informó diario16 ayer, se pida el levantamiento del secreto bancario y tributario de varios exfuncionarios del Ministerio de Educación, entre ellos, José Antonio Chang, amigo personal del doctor García.

Frente a dichos indicios, Alan respondió a los miembros de la megacomisión con las siguientes palabras: “Ir buscando pulgas, esto parece cacería de pulgas con fusiles. Que ese vidrio está con vapor, que debieron poner otro, que el suelo está medio rajadito, ¿eso es lo que descubren?”. Además de alusiones a la envidia por sus obras, varias de las cuales fueron inauguradas sin terminar al final de su mandato.

Ya que estamos en el ámbito educativo, cabría preguntar a los responsables de la educación peruana durante el segundo gobierno aprista sobre el proyecto OLPC, recordado hace un par de semanas por Marco Sifuentes. Una iniciativa que consistió en la adquisición de computadoras de 100 dólares (que costaban el doble y compradas sin pasar por el SNIP) que supuestamente mejorarían la educación (sin proyecto pedagógico de respaldo) y cuyas bondades fueron apadrinadas por “expertos independientes” (que pertenecían a la universidad del ciudadano Chang).

Mientras que el grupo de trabajo que preside Sergio Tejada podría indagar más sobre otras “pulgas” tales como: compras de patrulleros y de ambulancias, negocios a partir de la reconstrucción (incompleta) luego del terremoto de Pisco, uso de fondos del Seguro Integral de Salud para el censo nacional, contratación de publicidad estatal en un canal que tenía como directivo a un hijo del entonces titular de la PCM, pago de spots publicitarios en contra de los paros nacionales, líos en el Banco de Materiales, obras inconclusas, COFOPRI, estatuas donadas por una empresa brasilera y, claro, Petroaudios. Y eso que no incluimos intentos claros de impunidad como el Decreto Legislativo 1097.

No es un tema de envidia, doctor García, sino de investigar a los representantes de un partido que suscribió un Compromiso de Lucha contra la Corrupción para que votáramos por ellos en 2006. Por cierto, feliz día de la fraternidad.

Es cierto que los más bullangueros en la diatriba han sido los integrantes del sector de izquierda que salió del gobierno. Su esquema político es simple: criticamos a Valdés, logramos que salga del gobierno y Humala “vuelve al redil”. Pero esta construcción simplista tiene dos problemas: el Presidente de la República se siente cómodo con la posición centrista que construyó en la campaña electoral y sus compañeros zurdos no han sido capaces de construirle una alternativa consistente para los objetivos trazados por Humala para el fin de su mandato. Es probable que Valdés se vaya en el transcurso del año, pero ellos no regresan. 

Pero otras declaraciones le han complicado la vida a Valdés con otros dos sectores políticos que tienen un mayor peso. De un lado, desde el liberalismo se ha fustigado su – hasta ahora – poca capacidad de diálogo en torno a los conflictos sociales, en particular, en torno al proyecto Conga. Ejemplos claros han sido varias columnas de Augusto Álvarez Rodrich y del director de este diario.

De otro lado, sus lamentables declaraciones sobre la “teatralización” en los testimonios dados por las víctimas de la violencia ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación no solo le han valido respuestas desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos o de los personajes arriba anotados.

El núcleo duro del nacionalismo, representado por Daniel Abugattás y Marisol Espinoza (los puntales de la bancada oficialista), así como ministros de su propio gabinete, se han desmarcado rápidamente de esta postura ofensiva hacia peruanos que sufrieron el terror. El único que, con sus declaraciones, parece estar alineado con esta postura, es el Ministro de Justicia, a quien ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos le ha enmendado varias inexactitudes expresadas por él a “El Comercio”.

Sin aparecer en la foto triunfal de la captura de ‘Artemio’ y con periodistas que solo se dedican a insultar como únicos defensores, la permanencia del titular de la PCM resulta precaria. El futuro de Conga es lo que decidirá si, finalmente, Valdés va o no va.

Castañeda tiene un elemento importante a su favor: una relativamente grata recordación de su gestión en la mayoría de limeños, de acuerdo con las encuestas de opinión pública. Como alcalde supo dirigirse con obras concretas a aquellos limeños que forjaron su camino de éxito desde abajo y que ahora tienen parques zonales y hospitales de la solidaridad como símbolos de la mejora de su calidad de vida.

Sin embargo, dicho capital puede dilapidarse rápidamente por varios factores sobre los cuales, en medio de los tuits de su vocera favorita y de la sobonería de sus medios adictos, el exalcalde no ha profundizado.

Para empezar, si Castañeda debió aprender algo de la elección pasada, es que en la política peruana no existen lealtades. Y que un rival que tenga un perfil similar (Alex Kouri, por ejemplo) tranquilamente lo puede sacar de carrera. Peor aún, si es que el líder de Solidaridad Nacional conserva un defecto ya visto en 2000 y 2011: falta de reflejos.

En segundo lugar, Castañeda carece de una organización básica. Una campaña dividida en tres casas, con un conjunto de leales en el que no había nadie que le dijera al candidato sus desaciertos y sin alcaldes distritales que lo mantengan en la memoria, Solidaridad Nacional resulta ser un membrete más que precario.

En tercer lugar, SN tiene un grave problema con la prensa. Además de las visibles limitaciones oratorias de Castañeda, el alcalde y sus voceros se irritan sobremanera cada vez que un periodista hace cuestionamientos a sus obras o incide en el caso Comunicore. Al exalcalde le sobran ayayeros (y trolls) y le faltan voceros inteligentes.

Finalmente, tiene exposición negativa por dos temas. Comunicore en sí mismo representa una potencial amenaza para su carrera política. Y al ser SN el único partido que respalda la revocatoria contra Villarán, termina siendo el más expuesto a los errores al momento de comprarse todos los boletos de una consulta popular que termina siendo un arma de doble filo para ellos.

Consideramos que una mirada de este tipo resulta siendo incompleta y que termina ocultando tareas importantes que la escuela, la universidad y las demás entidades involucradas en esta materia no deben descuidar. Dos hechos ocurridos en enero nos permitirán entender a cabalidad esta afirmación.

La semana pasada, un grupo de padres de familia protestó ante la sede del Ministerio de Educación porque las autoridades educativas nacionales fueron claras en evitar que los niños menores de 6 años pudieran cursar el primer año de primaria.

Es la primera vez que el Ministerio se preocupa por la obsesión de muchos padres de familia por asegurar, desde la educación inicial, el ingreso a la universidad de sus hijos, sin importar su madurez emocional. Es la constatación de una “cultura de éxito” basada estrictamente en la obtención de grados y diplomas en la forma más rápida posible.

Patricia del Río insistió esta semana sobre cómo este afán legítimo (pero errado) de estos padres tenía un correlato: la existencia de algunos centros educativos privados dispuestos a llenar dicha demanda, a costa del desarrollo emocional de menores de edad y, claro, alentando esta malentendida “cultura del éxito”.

De otro lado, varias columnas de opinión por el caso Movadef tuvieron como argumento insistente la necesidad de difundir más lo ocurrido durante los años de violencia. Añado yo, el principal insumo para ello debe ser el Informe Final de la CVR.

Esta propuesta bien intencionada merece ser, sin embargo, complementada con dos ejes de trabajo. Desde su blog, Roberto Bustamante insistió en la necesidad de recuperar la escuela como espacio crítico, en el que el docente no se convierta en un reproductor de prácticas autoritarias tales como “yo dicto, tú aprendes y no cuestionas”.

Mientras que en este diario Eduardo Dargent incidió en la necesidad de recuperar a la universidad pública como espacio de calidad y diversidad en el que ideologías dogmáticas tienen todo el terreno libre para crecer. Ésta ha sido un área que el Estado ha descuidado por 50 años y que es momento que comience a recuperar.

Para empezar, es necesario señalar que Obama ha padecido del síndrome de la desilusión, generado por presidentes que llegan con un mensaje de cambio y que generan altas expectativas. Peor aún, le costó mucho conformar un equipo de asesores bien afiatado, como lo muestra el libro de la periodista Jodi Kantor The Obamas, aparecido hace algunas semanas en Estados Unidos.

El crecimiento económico y la reducción de las tasas de desempleo aún aparecen como pequeñas ante la magnitud de la crisis y un discurso que generó una alta dosis de esperanza. Obama tuvo fallas de comunicación para explicar que el proceso sería lento y para posicionar reformas importantes, como la del sistema de salud.

Entendiendo esas fallas, es que Obama, el martes pasado, dio su discurso de cuenta general al país sobre cuatro grandes ejes: éxitos en materia de política exterior, una política económica vinculada a la clase media, retórica que apela al hartazgo del obstruccionismo republicano y una apuesta por la innovación y la preservación del medio ambiente.

En base a esa visión general, el actual mandatario presentará sus propuestas electorales. Y no esperará a agosto. Comenzará en los próximos días una gira por cinco estados. Y cada vez más se convertirá en un presidente en campaña. Para su fortuna, la economía sigue creciendo de a pocos y no se prevé, por ahora, un descalabro mayor que la haga retroceder aún más.

Pero el factor central que puede explicar por qué Obama tiene serias opciones de ganar es el Partido Republicano. Si hace algunas semanas Steve Levitsky resaltó que el giro hacia la extrema derecha dejaba descolocados a los conservadores, luego de las primarias en Carolina del Sur, la situación es dramática. Los ataques que se dan los candidatos republicanos son municiones que luego usarán los demócratas. Y no se nota una propuesta seria por parte de muchos de ellos.

No le será fácil a Obama. Los republicanos han sabido ponerlo contra las cuerdas en algunas ocasiones y quieren pelearle con decisión la cancha de las redes sociales, que supo manejar bien en 2008. Pero tiene factores a favor que puede aprovechar. Aún estamos en los primeros metros de una larga carrera.

De ganar este sábado las primarias de Carolina del Sur, resulta bastante probable que Romney sea el candidato presidencial republicano. El estado antes mencionado es uno de los más conservadores del país y, según los sondeos de opinión, Romney aparece como el único que podría ganarle a Obama.

En estos años, los republicanos se han ido aun más a la derecha. En términos económicos, apuestan por no aumentar los impuestos, sobre todo a los sectores más ricos del país, a quienes muchos perciben como corresponsables de la crisis económica. Mientras que en lo que se refiere a términos de la vida privada de las personas, buena parte de la base del voto republicano, representado en el Tea Party, apuesta, entre otras banderas, por la negación del cambio climático, un retroceso en el reconocimiento del matrimonio homosexual, la discusión de la teoría de la evolución de Darwin y el fundamentalismo religioso.

Si bien el Tea Party fue efectivo para que, en varios momentos, los republicanos pusieran a salto de mata a Obama, ha dejado al partido bastante cerca de los extremismos. Y ello resulta complicado en un país donde gana quien se ubica al centro. Peor aún, Romney ha tomado banderas radicales en las que antes no creía (sobre todo en el tema de la salud) y dentro de su partido ha sido criticado por inconsecuente.

Dos temas complican a Romney. El primero es la religión. El exgobernador es mormón, creencia respetable, pero con la que solo 3 de cada 10 norteamericanos se siente cómodo. El segundo está en la trayectoria de negocios del candidato, quien ha reconocido que su firma de inversiones Bain Capital tuvo efectos desastrosos para varios negocios y que paga menos impuestos que el común de la gente.

A ello se suma lo indicado por el analista Andrés Oppenheimer: el voto hispano le será difícil de conseguir a Romney, debido a sus posturas antimigratorias. Dado que es la primera minoría, este voto es clave. Y ello le permite concluir a Oppenheimer, que, salvo que la economía empeore, Obama ganaría. Veremos la siguiente semana si esta afirmación es correcta.

En Estados Unidos el Presidente es elegido en forma indirecta. El primer martes de noviembre de cada cuatro años, los ciudadanos inscritos para votar – el sufragio no es obligatorio –, al marcar por el candidato de su preferencia, en realidad optan por los 538 delegados al Colegio Electoral que se encargará, en última instancia, de cumplir con el acto formal de elección.

Caben dos atingencias adicionales: el candidato ganador en cada Estado se lleva la totalidad de votos del Colegio Electoral correspondiente a dicho territorio, y se requieren al menos 270 votos en esta instancia para ser electo Presidente. Si no se alcanza esa cifra, el Congreso deberá elegir al mandatario.

Si bien hay varios partidos en Estados Unidos, dos son las identidades políticas principales. En términos gruesos: los republicanos proponen una menor regulación en la economía, más autonomía de los estados y una mayor intervención en la vida privada de las personas, mientras que los demócratas tienen una visión opuesta.

Estas visiones generales se matizan dependiendo del candidato, así como por los temas que interesan a cada uno de los estados que conforman el país y los distintos públicos a los que se dirigen los postulantes.

También debe tenerse en cuenta la importancia de la religión en Estados Unidos. Si bien se trata de un país que no tiene una confesión religiosa oficial, la mayor parte de candidatos apelan al sistema de creencias y valores del ciudadano común y corriente. Es muy difícil que un candidato abiertamente ateo gane una elección en dicho país. Este factor es más importante para los republicanos y para varios estados, pero los demócratas toman también en cuenta esta condición.

Durante el primer semestre del año electoral, los partidos organizan procesos de selección de su candidato presidencial, elecciones a las que se le conoce como primarias. Estas elecciones tienen distintas variantes, dependiendo de cada estado, lo que incluye la posibilidad de permitir el voto a independientes. En algunos estados se organizan ‘caucuses’, una forma de designación especial de delegados. El proceso termina en una Convención Nacional, en agosto, donde se proclama al candidato presidencial.

La próxima semana veremos las primarias y ‘caucuses’ republicanos.

Punto distinto es analizar los efectos que la revocatoria introduce en un sistema político precario como el peruano. Desde el primer día de gestión de muchos alcaldes y presidentes regionales, surgen los opositores de turno quienes plantean emplear este mecanismo para enviar al rival político a su casa.

De allí que esta semana viéramos a varios peruanos comprando kits electorales en la ONPE, pero que también tengamos un bajo número de solicitudes admitidas y, dentro de ellas, a pocas autoridades revocadas, de acuerdo a las cifras que maneja el Jurado Nacional de Elecciones.

Este proceso ha tenido mayor impacto por la compra de siete kits electorales para intentar llevar a consulta la permanencia de la Alcaldesa Metropolitana de Lima. Un hecho llevado a la práctica por personajes que se debaten entre el pedido legítimo, la figuración política y la defensa de agendas particulares. Amén de los intereses políticos y empresariales señalados por Juan Carlos Tafur y Juan Sheput en sus respectivas columnas.

¿Villarán merece ser revocada? Creemos que no. Su gestión no es el desastre que todos los días Aldo Mariátegui intenta vendernos, ni la alcaldesa es vaga. Villarán ha tenido una gestión más transparente que su predecesor y está comprándose pleitos serios en el tema del transporte urbano. También se reconocen en su haber obras propias y la conclusión de varios de los proyectos de gestiones anteriores.

La alcaldesa ha tenido errores que ella misma ha reconocido – demora en ordenar el comercio ambulatorio, los problemas con La Herradura -, pero, sobre todo, la MML ha carecido de una estrategia política para vender mejor una gestión más abierta y con menos énfasis en el cemento que Castañeda, en una ciudad acostumbrada a valorar a sus alcaldes por la cantidad de placas con su nombre que ve a su alrededor.

El efecto de incertidumbre que una revocatoria puede producir en Lima es algo que debe evitarse. Pero Villarán deberá colaborar para ello con un mejor trabajo político durante los tres años que le quedan de mandato. Sus defensores o sus críticos no deben basarse en que “es de izquierda”, sino en los resultados de su gestión.

Nadine Heredia: Afiatada en un rol que mezcla la consejería política a su esposo, la presencia en actividades de ayuda social y la presencia en redes sociales.

Óscar Valdés: Más allá de los galones castrenses o su actividad empresarial, su permanencia en la PCM quiere tener una finalidad similar a la de Javier Velásquez Quesquén: alguien dependiente de Palacio que va calmando conflictos sociales. Su prueba de fuego no será Cajamarca sino el siguiente conflicto fuerte que aparezca.

Keiko Fujimori: Confinada a los temas vinculados a su padre o al discurso autoritario del fujimorismo. Termina el año limitada por lo que le costó la elección: la ausencia de ruptura con la década de 1990. El estilo Yoshiyama la confina a la medianía y a sus cheerleaders al ataque artero.

Alejandro Toledo y Alan García: Expresidentes comenzando su posicionamiento hacia un futuro que tiene como meta no oculta el 2016. Toledo opta por jugar más en el espacio del centro izquierda, mientras que García quiere seguir enfatizándose como el garante de la continuidad económica. Claro, cada uno con el estilo que ya les conocemos.

Daniel Abugattás: Pasando algo más tranquilo el Año Nuevo luego de las sanciones a algunos congresistas y algunos conflictos con la prensa. Temas fuertes para el siguiente semestre en la avenida Abancay: las elecciones de directores del BCR, miembros del TC y Defensor del Pueblo, así como el cierre del caso Chehade.

César San Martín: Empeñado en hacer lo que puede con las normas que tiene a mano. Su mayor foco deberá estar en la Sala Penal Nacional, cuyos defectos en la valoración de casos de derechos humanos se han trasladado a los de los permisos a sentenciados extranjeros por terrorismo.

Susana Villarán: Urgida de un asesor político que le permita transitar el cargamontón que se le viene y para mejorar la repercusión de los proyectos que viene realizando.

Juan Luis Cipriani: En el año más duro de su arzobispado, se calló en todos los idiomas sobre el caso Doig y el Vaticano lo terminó reemplazando en las negociaciones con la PUCP. Cada vez más confinado al kimono y el conservadurismo ramplón.

Un sistema partido: Más que un sistema de partidos tenemos a líderes políticos con organizaciones incipientes, que sobreviven a algunos fracasos electorales, ubicados en el tradicional espectro de izquierda a derecha y que concentran el apoyo de un segmento del electorado que no llega al tercio. Ello explica una elección tan disputada, con tanta incertidumbre, y que elevó el margen de error real de las encuestas de intención de voto.

Campañas cada vez más profesionales: Lección que deberá ser aprendida, sobre todo, por Alejandro Toledo y Luis Castañeda Lossio. La carencia de una organización mínima en Perú Posible propició que los errores de campaña no pudieran ser corregidos, lo que generó la desbarrancada del expresidente. Mientras que hacer una campaña “a lo que salga” hizo que Castañeda acabara como el forever alone del año.

La economía no lo es todo: Máxima que debe quedar tanto para PPK – y los candidatos de derecha que lo sucedan – como para los medios de comunicación que se lanzaron en masa a atacar a Humala solo por su aparente poca identificación con el modelo de mercado. Dos datos del libro de Alfredo Torres sobre opinión pública: solo 1 de cada 5 peruanos cree plenamente en el liberalismo económico, y la derecha no gana si es que sus propuestas no atienden a los sectores populares.

El peso del pasado: Si bien el fujimorismo tiene aceptación popular que ha permitido su supervivencia durante 20 años, aún no se ha planteado bien qué hacer una vez que su líder desaparezca físicamente, así como con el ala más dura de su agrupación. Situación que no solo les ha costado la elección, sino también al quedar atrapados en tópicos como el indulto, sin posibilidad de colocar otros temas en la agenda.

Las lecciones para Humala: El pragmatismo que le sirvió para ganar la elección debe ser acompañado de equipos eficientes y afiatados para gobernar. Y deberá mantener el equilibrio que alcanzó en la segunda vuelta: el centro no es solo un estado de ánimo, sino un espacio político bien definido.

PD: Mi solidaridad con Laura Puertas ante un despido injustificado que termina siendo una condecoración.

Lo que sí corresponde analizar con exhaustividad es esta frase presidencial: “necesitamos revisar, para no politizar nuestra Fuerza Armada, si se debe mantener el voto al personal militar, necesitamos revisar eso, porque si votan también tienen derecho a recibir capacitación o visitas de políticos”. Paradójica expresión de alguien que, según confesión propia en su libro autobiográfico, formaba grupos dentro del Ejército para discutir sobre cómo rebatir y no aplicar los puntos más controvertidos de la doctrina contrasubversiva aplicada por el Ejército peruano.

Existen muchos mitos alrededor del voto militar. Uno de ellos es el enunciado por Ollanta Humala en el párrafo anterior. Sin embargo, no existe mayor politización en las Fuerzas Armadas que la que tienen los ciudadanos sin uniforme ni armas. De hecho, la participación en el sufragio es bastante alta en la mayoría de institutos armados - con excepción del Ejército, por el desplazamiento de oficiales y suboficiales – y no hay evidencia de desórdenes en los cuarteles por causas políticas.

El segundo mito es que la “familia militar” vota en bloque. Conozco a varios de sus miembros y, en general, los miembros de las instituciones castrenses y sus familiares tienen las mismas divisiones, pleitos y pugnas políticas que el resto de peruanos. Además de la agenda propia de este sector, vinculada sobre todo al tema de los sueldos y las pensiones, por lo general, deciden su voto en consideración a sus propias visiones de lo que debe ser el país.

Un tercer mito es que los miembros de las Fuerzas Armadas deben ser “apolíticos”. El problema con esta concepción es que se olvida que los militares son ciudadanos con derechos y deberes similares a los nuestros y que su participación en entidades castrenses no restringe dichas características inherentes a toda persona. Son las instituciones las que deben guardar neutralidad y estar sujetas a un control democrático de sus acciones.

Restringir un derecho no es una buena medida para que las instituciones castrenses respeten al sistema democrático o a los derechos humanos.

¿Qué ocurrió exactamente? En diciembre de 1984, miembros de la base militar instalada en la zona ordenaron a los miembros de la comunidad de Putis que cavaran una fosa para la instalación de una piscigranja y la construcción de algunas viviendas. Posteriormente los mataron y les dieron sepultura en la fosa que ellos mismos cavaron. Las cifras más conservadoras hablan de 123 víctimas, entre hombres, mujeres y niños. En agosto de 2009, 92 cuerpos fueron entregados a sus familiares para darles sepultura definitiva.

Esta semana se conoció que el Ministerio Público ha denunciado a cuatro oficiales del Ejército Peruano como autores mediatos de la matanza. En este caso, dado a conocer originalmente por el periodista Edmundo Cruz en 2001 y recogido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la investigación fiscal no ha podido establecer a quiénes corresponden los sobrenombres de los presuntos autores directos. En parte ello se debe a que el Ministerio de Defensa niega sistemáticamente la información que permita identificar a estas personas. Situación que continúa con el ministro Mora.

Incluso periodistas que no han sido precisamente proclives a defender casos de derechos humanos, como Aldo Mariátegui, han señalado en años anteriores que lo ocurrido en Putis llega a niveles de atrocidad que ameritan una investigación y sanción en serio.

Lo que ocurre con el caso Putis es lo que pasa con cientos de procesos judiciales en nuestro país sobre derechos humanos. Las investigaciones son lentas, los magistrados en primera instancia no valoran adecuadamente las pruebas y las sentencias absolutorias son finalmente anuladas por la Corte Suprema porque no se trabajó adecuadamente el tema probatorio.

Esta situación no permite que las Fuerzas Armadas puedan diferenciar entre sus héroes y quienes merecen sanción y que las víctimas no puedan cerrar aún su tiempo de duelo ni alcanzar justicia. Un drama que, por lo general, solo se recuerda en los aniversarios de la entrega del Informe Final de la CVR o en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Procuraduría Anticorrupción: En una de las pocas medidas concretas tomadas por el Poder Ejecutivo sobre esta materia, se busca fortalecer esta entidad a través de la fusión de todas las procuradurías encargadas de casos de corrupción, la creación de un Observatorio Anticorrupción que mantenga un sistema de información sobre estos procesos a nivel nacional y de una Unidad de Análisis Financiero vinculada a la obtención de datos para el cobro de las reparaciones civiles. Veremos qué ocurre en la práctica.

Rómulo León: Más allá de las antipatías que genera el personaje y que la Procuraduría Anticorrupción viene apelando la libertad de este personaje (quien cumplirá arresto domiciliario), resulta preocupante que el sistema de justicia, hasta el momento, no haya podido llevar a juicio oral al exministro y gestor de intereses, por el más grave escándalo de corrupción del gobierno. Y si bien es cierto que su defensa (uno de cuyos abogados está hoy de asesor en Palacio de Gobierno) dilató el proceso, también debe investigarse el por qué de las demoras en examinar audios y correos electrónicos claves.

Petroaudios: Vinculado con lo anterior, sorprende que el Fiscal de la Nación no haya considerado varios correos electrónicos enviados por León Alegría a los exministros Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos en la investigación de este caso, como denuncia IDL – Reporteros. Los correos dan cuenta de la existencia de fluidas comunicaciones con ambos funcionarios. Ojo que las hipótesis periodísticas apuntaban a que el verdadero blanco de las interceptaciones de BTR era Garrido Lecca, por su presunta vinculación con negocios mexicanos.

Huamán Azcurra: Ha terminado saliendo de prisión gracias a una resolución del INPE que declaró que había cumplido su condena gracias a la redención de la pena impuesta por el trabajo. Huamán es procesado por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de la operación Chavín de Huántar y no existe una medida que garantice su presencia en un juicio quebrado en dos oportunidades y que le puede costar 15 años de prisión, es decir, su vuelta a la cárcel. Ojo con este último punto.

El problema de este tipo de visión es que el giro de Humala, si uno revisa lo ocurrido durante la campaña, no era sorpresivo. Ni tampoco lo era el rol secundario que iba a tener la izquierda en este gobierno. Basta recordar la ola de rumores que hubo alrededor de la incorporación de Javier Diez Canseco en la lista al Congreso de Gana Perú, la no incorporación de Alberto Pizango en la alianza, cómo Mario Huamán dejó su lugar a Carmela Sifuentes (presidenta de la CGTP) porque no tenía el lugar que quería en la lista (Ver más en el texto de Carlos León Moya sobre Gana Perú y Fuerza Social en el libro Anticandidatos).

También habría que recordar otro artículo de León Moya, publicado en la revista Dedo Medio, en el que describe cómo los asesores más cercanos a Caracas fueron desplazados por los brasileros y cómo estos, a su vez, terminaron confinando a Ciudadanos por el Cambio – la agrupación de técnicos y académicos zurdos cercanos al nacionalismo - a la elaboración de un plan de gobierno que, en sus partes más radicales, sería posteriormente morigerado.

Para ser claros, en la segunda vuelta no ganó La Gran Transformación. Muchos votantes de segunda vuelta de Humala aceptaron sus compañías zurdas en tanto y en cuanto supiera conducir una coalición amplia que llegara a ciertos equilibrios para conseguir algunos cambios sociales sin afectar el equilibrio económico y la democracia. Y para que no ganara el fujimorismo.

Quizás los amigos de izquierda que andan desconcertados podrían revisar otra columna de ayer, escrita por Antonio Zapata para La República. Allí el historiador da dos consejos claros. El primero, no pensar que todo tire y afloja con los sectores liberales es una batalla final. Y el segundo y principal, es necesario que armen un partido que los represente y que no los haga depender de un candidato cuyas convicciones ideológicas, si las tiene, no son las de ellos.

Martín Tanaka, Javier Torres y Carlos Tapia han sido explícitos en señalar cuáles serían los puntos más importantes de este nuevo marco de reglas de juego, cuya discusión Tapia y Torres coinciden en enmarcar dentro de un Pacto Nacional Minero. Entre los aspectos más saltantes se encuentran: ordenamiento territorial para la realización de actividades económicas, mejores estándares sobre participación ciudadana y evaluación del impacto ambiental, información estatal sobre las implicancias e impactos de la actividad minera, entre otros tópicos.

El punto de partida de propuestas como estas es la constatación realizada por Tanaka: “no existe una institucionalidad capaz de actuar preventivamente para evitar el estallido de los conflictos, nos seguimos moviendo bajo un mismo marco normativo permisivo y percibido como favorable a las empresas”. Y si esta situación sigue igual, la viabilidad de la inversión minera puede verse afectada a mediano plazo.

Llegar a este nuevo consenso implicará el cambio de actitud de todos los actores. Así, desde las regiones, es necesario que se entienda que un ordenamiento territorial que restrinja algunas zonas para la minería supondrá menos ingresos por concepto de canon y que la mejora de las universidades públicas es esencial para que más ciudadanos de las zonas cercanas al yacimiento participen en su explotación como mano de obra calificada.

Las empresas deberán percatarse que las relaciones comunitarias no se circunscriben a la adopción de estrategias de marketing o en pagarle a una agencia de imagen para lavarles la cara. En casos como los de Yanacocha, es necesario que reconozcan los pasivos provenientes de casos anteriores y que están en la memoria de los ciudadanos. Y la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo debería difundir los casos concretos de buenas relaciones entre mineras y comunidades (que los hay).

Finalmente, nuestros funcionarios públicos deberán ser conscientes que cuestiones como educación, salud, seguridad y justicia son sus tareas y que en esas tareas la responsabilidad principal es suya. Y deberán mantener la firmeza que ayer expresó el Presidente de la República frente a la minería informal.

De allí que, caído Fujimori, García se acogió a la prescripción de los casos de corrupción y que, incluso luego del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no se encuentre hasta el momento alguna evidencia que lo involucre más allá de la responsabilidad política en casos de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.

Culminado el segundo gobierno de AGP, la expectativa de un sector de peruanos es que los actos de corrupción ocurridos entre 2006 y 2011 puedan ser juzgados. Y de allí que se acrecentaran las expectativas por lo que pudiera hacer la comisión investigadora formada en el Congreso de la República.

Como conocemos, esta comisión ha terminado debilitada desde su formación. Y no solo por el caso Chehade y por la serie de dimes y diretes que culminaron en la salida de Javier Diez Canseco. Con la excepción de este último parlamentario, las bancadas no escogieron a personas con experiencia, sin posibles vinculaciones al gobierno anterior que pudieran ser sacadas en cara y que tuvieran pocas ansias de figuración.

Además, ninguno de los parlamentarios explicó adecuadamente a los ciudadanos que los resultados de la Comisión deben pasar por el Pleno del Congreso para ser aprobados y que las acusaciones constitucionales que pudieran derivarse de los posibles ilícitos encontrados tendrán que ser llevadas a la subcomisión respectiva para el trámite respectivo.

Si bien las comisiones investigadoras de los casos vinculados a Alberto Fujimori dieron varios resultados importantes, se ha hecho poca referencia en estas semanas al importante papel que tuvo la Procuraduría ad hoc para los casos Fujimori – Montesinos para ordenar información, repatriar fondos y tener un trabajo serio y profesional que condujo a las condenas conocidas por todos.

Por ello, el papel principal para investigar los actos de corrupción ocurridos durante el quinquenio anterior le deberá corresponder a dos entidades: el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción. Esta última, asumiendo el rol de su predecesora a inicios de la década pasada.

Derechos humanos: Las declaraciones de los ministros Mora y Vega son inaceptables para cualquier estado democrático que se precie de serlo y resultan contradictorias con lo que piensa un importante sector del gobierno sobre el respeto a los derechos fundamentales. Pero se requiere que el propio Ollanta Humala o Salomón Lerner Ghitis sean claros y precisos sobre la posición oficial acerca de esta materia.

Trato con la inversión privada: Es cierto que resultó impertinente que las autoridades españolas tocaran el tema de los procesos judiciales de Telefónica con la Sunat en la reunión bilateral que tuvieron con Humala en Paraguay. Pero el discurso que tuvo el Presidente de la República en la Cumbre Iberoamericana, más allá del fastidio natural, hizo recordar a algunos los mensajes que daba antes de su aggiornamiento. El Presidente debe tener claro que las empresas pueden reclamar ante el Poder Judicial, que debe seguir generando confianza y que el Estado no podrá tener la razón en todos los casos.

Medio ambiente y trato con las comunidades: Aquí tiene dos papas calientes. La primera, en curso, es el conflicto por el proyecto Minas Conga que enfrenta a Yanacocha con comunidades de la provincia de Celendín, donde ambas partes tienen información y posiciones diametralmente opuestas. La segunda es la elaboración del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en la que inversionistas y organizaciones no gubernamentales han expresado sus preocupaciones porque el mismo favorezca a la parte contraria. Puntos en los que el gobierno tiene que hilar bastante fino, sin dejar de tomar decisiones.

Corrupción: Más allá del destino final de Omar Chehade, es necesario que el Poder Ejecutivo comience a fortalecer los organismos de lucha contra la corrupción ya existentes. Además de la Procuraduría Anticorrupción, se prometió un ente similar destinado a altos funcionarios que no se ha creado hasta el momento. Se requiere, por tanto, cumplir con esta promesa. Estos cuatro puntos serán claves para definir el rumbo final de esta administración

Fuguet muestra a un viejo periodista que recomienda a su pupilo inventar detalles de casos policiales para que “El Clamor” tenga mayor lectoría y que mantiene excelentes relaciones con la Policía para obtener datos y primicias a cambio de dar protagonismo a los oficiales o suboficiales que intervienen en los operativos de captura. A su vez, este diario muestra las portadas más regadas de sangre de la prensa, en el universo creado por el escritor chileno.

Uno sabe qué no esperar de medios abiertamente sensacionalistas: rigor, precisión en los hechos, una reflexión mayor sobre un acontecimiento que involucra un crimen de por medio, y delicadeza en mostrar imágenes que afecten la susceptibilidad de los lectores.

El problema está cuando aquellos medios que gozan de alguna credibilidad o que llegan a más personas hacen uso y abuso de la noticia policial, sin ningún tipo de reflexión, utilizando el tiempo condicional en casi todas las oraciones, mostrando un mero carnaval de sangre y efectismo.

Quizás la mayor expresión de este fenómeno es lo ocurrido con el caso del estudiante Ciro Castillo-Rojo. Durante 6 meses hemos tenido que soportar toda clase de teorías de la conspiración dirigidas a establecer la existencia de un crimen, así como la posible responsabilidad de su pareja, Rosario Ponce, en un presunto homicidio. Ninguna de estas teorías tenía asidero en la realidad y tenían un único objetivo: vender más diarios u obtener más rating.

Con las excepciones de siempre, varios medios de comunicación cometieron una serie de errores reseñados por Roberto Bustamante, como entrevistar a charlatanes, convertirse en jueces, apelación a material privado filtrado desde la Policía, olvidar sus principios rectores y el derecho a la privacidad y, para rematarla, exhibir imágenes del cadáver encontrado. Peor aún, no se plantearon preguntas claves sobre la inoperancia de la policía o de las instancias de auxilio ante la pérdida de dos personas en una zona altamente visitada por turistas. Ya ni hablemos de los 15,000 desaparecidos a raíz del conflicto armado interno, ignorados por años.

Si Saúl Faúndez existiera en la vida real, quedaría complacido de sus émulos. O, tal vez, se horrorizaría al ver que lo han superado.